La Justicia ha avalado el límite de 200.000 euros en una de las principales ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Lo que consolidan una medida que afecta directamente al reparto de los fondos entre agricultores autónomos y explotaciones, puesto que no habrá más dinero, pero sí una distribución distinta de las ayudas. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados contra este tope, que España aplica en la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, confirmando que es legal y que puede mantenerse dentro del sistema de subvenciones agrarias.
Este límite, que afecta a los grandes perceptores, supone un ajuste de unos 6,5 millones de euros. De manera que no incrementa el presupuesto disponible, pero sí modifica su reparto. Es decir, no hay más dinero para el sector, pero sí una distribución distinta, que reduce la concentración en grandes explotaciones y refuerza el acceso del resto de agricultores a las ayudas.
Para los autónomos y pequeñas explotaciones familiares, el cambio tiene un impacto indirecto, pero relevante, ya que consolida un modelo que prioriza el apoyo a explotaciones de menor tamaño frente a grandes estructuras productivas. Además, España es el único país de la Unión Europea que ha aplicado un tope fijo de este tipo, lo que introduce un elemento diferencial en la forma de distribuir las subvenciones públicas dentro del sector.
- El límite de ayudas reabre el debate sobre el reparto de los fondos públicos en el campo
- Las grandes explotaciones alertan de un freno a la inversión y al empleo
- El modelo español abre una brecha frente al resto de países europeos
El límite de ayudas reabre el debate sobre el reparto de los fondos públicos en el campo
El aval judicial no cierra el debate de fondo, sino que lo traslada al terreno económico y sectorial. Pues las organizaciones agrarias mantienen posiciones distintas sobre cómo deben repartirse los fondos. Mientras algunas defienden que es necesario limitar las ayudas para evitar su concentración, otras alertan de los efectos que estas restricciones pueden tener sobre la inversión y el empleo en el campo.
En la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), su secretario general, Cristóbal Cano, comentó a este diario que el tope responde a una necesidad clara de redistribución. “Estamos hablando de apoyo con fondos públicos que deben tener un uso adecuado y en ningún caso puede ser ilimitado. Las explotaciones grandes, que son capaces de cobrar esta cantidad de ayudas, deberían ser eficientes en costes de producción para no depender de las ayudas públicas”, explica.
Cano insiste además en que la concentración de ayudas en un número reducido de beneficiarios plantea dudas sobre su justificación. “En España solo hay 800 beneficiarios que cobran por encima de este nivel de ayudas, que se reparten más de 272 millones de euros de dinero público cada año. ¿Está justificado este nivel de apoyo público? En tenemos claro que no”, afirma, defendiendo que el objetivo debe ser un reparto más equilibrado.
En esa línea, el dirigente agrario subraya que el modelo actual debe servir para reforzar el papel de las explotaciones familiares y de menor tamaño dentro del tejido productivo. “Lo que necesitamos es un reparto más justo y equilibrado donde las explotaciones pequeñas y medianas tengan mayor apoyo para mantener el medio rural vivo”, añade.
Las grandes explotaciones alertan de un freno a la inversión y al empleo
Frente a esta visión, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) mantiene una posición crítica con el conjunto de medidas que limitan los pagos directos, y no solo con el tope de 200.000 euros. Su técnico Ignacio López subrayó a esta medio que el impacto directo del límite es reducido, pero advierte de sus implicaciones dentro del sistema.
“En realidad, el efecto de esta limitación ha sido muy limitado, afectando a unas 56 empresas agrarias y suponiendo unos 6,5 millones de euros”, señala, apuntando que la medida tiene un alcance menor si se analiza de forma aislada. Sin embargo, considera que forma parte de un conjunto más amplio de restricciones.
En este sentido, López sostiene que el límite es solo una pieza más dentro de un modelo que afecta a un mayor número de explotaciones profesionales. “Este límite de pagos no es más que la ‘guinda del pastel’ que corona toda una serie de limitaciones en los pagos directos que afectan a un número mucho más importante de agricultores profesionales, que generan producción, inversión y empleo”, afirma.
Esta organización agraria pone el foco especialmente en las consecuencias económicas de este enfoque, tanto a corto como a medio plazo. “No cabe duda de que estas limitaciones suponen, de hecho, un freno a la inversión, a la modernización y al correcto dimensionamiento de las explotaciones agrarias”, advierte López, que vincula estas medidas con una posible pérdida de competitividad.
El modelo español abre una brecha frente al resto de países europeos
El hecho de que España haya optado por un límite fijo, mientras otros países mantienen sistemas más flexibles o no aplican este tipo de restricciones, introduce también un elemento de debate en el ámbito europeo. Para Asaja, esta diferencia puede tener efectos en el posicionamiento de las explotaciones españolas frente a sus competidores.
“El efecto redistributivo de los pagos de la PAC tiene mucho más de ideológico que de económico y menos aún de agronómico y de orientación al mercado”, sostiene López, que cuestiona la lógica de estas medidas en un contexto de competencia dentro del mercado único.
En UPA, sin embargo, se defiende que la redistribución debe convertirse en una prioridad para el conjunto de la UE, más allá de la voluntariedad actual. Cano advierte de que, si no se establecen límites claros, la presión de los grandes propietarios puede condicionar las decisiones de los gobiernos.
“La redistribución del apoyo público debería ser una cuestión fundamental y urgente para todos los países, y no se debería caer en la trampa de los grandes propietarios sobre una injusta penalización”, concluyó el secretario general de UPA.
