De los más de 1,19 millones de préstamos avalados por el ICO concedidos durante la pandemia y los dos años posteriores, más de 107.000 han registrado impagos. Esto mantiene a miles de autónomos y pequeños negocios bajo una presión financiera insoportable.
Ahora, la Justicia está permitiendo a los autónomos con un ICO difícil de devolver cancelar total o parcialmente dicho préstamo, al considerar estos créditos como deuda ordinaria exonerable dentro de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Estas líneas movilizaron cerca de 140.000 millones de euros, con alrededor de 107.000 millones respaldados por garantía pública, y parte de esa financiación sigue generando situaciones de insolvencia personal entre muchos propietarios de pequeños negocios. Marta Bergadà, abogada especializada en Derecho Concursal, explicó a este diario que la jurisprudencia reciente “confirma que los préstamos ICO pueden exonerarse, porque no se consideran en ningún momento crédito público protegido”.
Un cambio muy relevante para miles de profesionales que avalaron personalmente estos préstamos, en muchos casos sin prever el impacto que tendría una caída prolongada de ingresos. “Muchos empresarios firmaron avales personales por el 100% del préstamo y la deuda ya no está en la empresa, sino en su patrimonio”, advirtió Marta Bergadà.
- Para muchos jueces, los créditos ICO son como cualquier otro préstamo y también pueden exonerarse
- ¿Cuándo se puede cancelar un crédito ICO total o parcialmente?
- La exoneración total suele producirse cuando el autónomo carece de patrimonio relevante y tampoco dispone de ingresos suficientes para sostener un plan de pagos, lo que impide cualquier recuperación razonable de la deuda. “Si no hay capacidad de pago ni presente, ni futura, el préstamo puede extinguirse íntegramente dentro del procedimiento”, sostiene Marta Bergadà.
- Muchos de los avales firmados durante la pandemia eran personales
- ¿Quién puede acogerse a la Segunda Oportunidad por los créditos ICO?
Para muchos jueces, los créditos ICO son como cualquier otro préstamo y también pueden exonerarse
La línea jurídica que se está consolidando en distintas audiencias provinciales considera que los créditos derivados de préstamos ICO tienen naturaleza ordinaria y pueden incluirse en procedimientos de exoneración si existe insolvencia real y buena fe. “Los jueces están aplicando el criterio de que, aunque tengan aval público, se trata de créditos financieros ordinarios, y por tanto susceptibles de cancelación”, señaló la letrada catalana.
Esta interpretación abre la puerta a que los autónomos puedan liberarse total o parcialmente de una deuda que, en muchos casos, continúa creciendo por intereses y reclamaciones bancarias. “No es una solución automática, pero sí una vía real, cuando el deudor no tiene capacidad económica para afrontar el préstamo”, añadió Bergadà.
Y es que, al decir de esta experta en Derecho Concursal, los juzgados valoran principalmente el nivel de insolvencia, la ausencia de mala fe y la capacidad económica presente y futura del deudor antes de decidir el alcance de la exoneración. “El juez analiza si el autónomo puede pagar algo y, si no existe capacidad real, la cancelación puede llegar a ser completa”.
¿Cuándo se puede cancelar un crédito ICO total o parcialmente?
La exoneración total suele producirse cuando el autónomo carece de patrimonio relevante y tampoco dispone de ingresos suficientes para sostener un plan de pagos, lo que impide cualquier recuperación razonable de la deuda. “Si no hay capacidad de pago ni presente, ni futura, el préstamo puede extinguirse íntegramente dentro del procedimiento”, sostiene Marta Bergadà.
En otros casos, la cancelación es parcial porque el deudor mantiene cierta capacidad económica; lo que permite al juez fijar un plan de pagos durante varios años antes de exonerar el resto. “Cuando existe un mínimo margen económico, el procedimiento busca que el deudor pague lo que razonablemente pueda, antes de liberarse del resto”.
La letrada subraya que no es necesario esperar a una situación extrema para iniciar el procedimiento, ya que actuar a tiempo puede evitar embargos y agravamiento de la deuda. “Muchos afectados acuden tarde, cuando la presión financiera ya es muy elevada, y eso complica innecesariamente el proceso”, advierte Marta Bergadà.
Muchos de los avales firmados durante la pandemia eran personales
Uno de los factores que más está influyendo en estos procedimientos es la existencia de avales personales firmados por los autónomos al solicitar financiación durante la crisis sanitaria. En numerosos casos, el banco exigió responsabilidad patrimonial total del empresario como condición para conceder el préstamo, trasladando el riesgo al ámbito personal.
Algunos tribunales han llegado a considerar abusivos determinados avales firmados en contextos de urgencia y falta de información, lo que añade una vía adicional de defensa para los afectados. “Se están anulando avales personales cuando se acredita que se firmaron sin información suficiente o en condiciones desequilibradas”, explica Marta Bergadà.
Esta circunstancia cambia la posición del deudor dentro del procedimiento concursal, ya que puede reducir la deuda exigible o facilitar su exoneración en el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad. “Cada caso requiere un análisis detallado porque la estructura de la deuda y los avales condiciona el resultado final”, señala la abogada.
¿Quién puede acogerse a la Segunda Oportunidad por los créditos ICO?
Pueden solicitar la exoneración las personas físicas, autónomos o empresarios que se encuentren en situación de insolvencia y hayan actuado de buena fe, especialmente si avalaron personalmente un préstamo concedido a su negocio. El procedimiento exige acreditar incapacidad real de pago, transparencia y cumplimiento de los requisitos legales.
El momento en que se inicia el proceso también influye en el resultado, ya que anticiparse permite ordenar la situación financiera y evitar que la deuda siga creciendo por intereses y reclamaciones judiciales. “Cuanto antes se actúa, más margen existe para proteger el patrimonio personal y encauzar la solución”.
Pero la Ley de la Segunda Oportunidad no es un trámite automático, sino un proceso legal que requiere planificación económica y estrategia jurídica. En especial, cuando intervienen avales personales y financiación avalada por el Estado. “En todo caso, un procedimiento bien planteado puede permitir al autónomo empezar de nuevo sin la carga de una deuda imposible de pagar”, concluyó Marta Bergadà.
