La contratación pública es uno de los grandes motores de la economía española, ya que su peso se sitúa, según datos recientemente publicados por el Ministerio de Economía, entre el 10% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, durante años también ha sido uno de los ámbitos más inaccesibles para los los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que siguen encontrando barreras estructurales difíciles de superar.
Por ello, la reciente aprobación de la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, aprobada el pasado 26 de marzo, introduce cambios que pueden resultar especialmente relevantes para pymes y autónomos que desarrollan actividades con impacto social o que operan en sectores vinculados a la inclusión, la atención a colectivos vulnerables o a los servicios de interés general.
- Un nuevo marco legal para impulsar a las pymes de la economía social
- La nueva ley de economía social y su papel en la contratación pública
Un nuevo marco legal para impular a las pymes de la economía social
Así las cosas, la nueva ley actualiza y amplía el marco normativo de la economía social en España, consolidando su papel no sólo desde una perspectiva social, sino también económica y empresarial. De hecho, cooperativas, empresas de inserción, fundaciones, asociaciones y centros especiales de empleo pasan desde ahora a ocupar una posición más clara dentro de las políticas públicas, como ya se venía pidiendo desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
En concreto, y según aclararon desde el Ministerio de Trabajo, uno de los objetivis de la nueva norma es que la economía social deja de ser un elemento complementario para convertirse en un factor estratégico del modelo productivo. Y esto tiene, lógicamente, implicaciones directas para miles de pequeñas empresas y autónomos que ya trabajan, muchas veces sin etiquetarse como tal, bajo los principios de impacto social, reinversión de beneficios o generación de empleo inclusivo.
Los datos que ofrece el mismo Ministerio de Trabajo reflejan, de hecho, el peso de este ecosistema: en España existen más de 127.000 entidades de economía social, que generan alrededor de 2,2 millones de empleos y representan una parte significativa de la actividad económica de nuestro país. Se trata, por tanto, de un ámbito con dimensión suficiente como para influir en el diseño de las políticas públicas, y por ello desde el propio ministerio se defiende que esta nueva ley busca dotar de estabilidad y coherencia a este conjunto de entidades, alineándolas con estrategias públicas de empleo, cohesión social y desarrollo territorial.
Y es que la nueva Ley de Economía Social introduce un cambio de enfoque relevante a la hora de hablar de contratación pública. Y es que la norma refuerza este tipo de contratación y consolida el uso de criterios sociales en la adjudicación de contratos. Algo especialmente relevante si se tiene en cuenta que el acceso a los contratos públicos sigue suponiendo un gran problema para la mayoría de las pymes.
Y que recientemente la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señaló que persisten para las pequeñas empresas obstáculos específicos, como la complejidad técnica de los procedimientos, los criterios de adjudicación excesivamente restrictivos o la falta de planificación previa por parte de las propias administraciones; algo con lo que coincide también CEPYME.
La nueva ley de economía social y su papel en la contratación pública
Para todas aquellas pymes que operan en ámbitos sociales, educativos, asistenciales o de integración laboral, este marco puede suponer una ventaja frente a los concursos más generalistas, donde competir con grandes estructuras resulta enormemente complicado. Y es que la nueva norma modifica la anterior ley de economía social (Ley 5/2011) y eleva el porcentaje de contratos del sector público reservados expresamente para entidades de economía social, incluyendo empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social (llamados comúnmente CEEIS).
De hecho, la nueva ley no sólo reserva contratos, sino que también amplía el catálogo de entidades consideradas dentro de la economía social, reconoce el papel singular de entidades como ONCE y otras del tercer sector e incorpora específicamente a los ya nombrados CEEIS frente a los centros especiales de empleo de iniciativa privada, que antes no estaban claramente en este catálogo.
La CEPES, se ha expresado una gran satisfacción por la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, destacando su importancia para fortalecer el papel de todas las entidades de este sector que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, representa el 11,1% del PIB de nuestro país.
Sin embargo, en CEPES aclaran que quedan asuntos pendientes en la ley que deberán abordarse para que el impacto sea notorio, como por ejemplo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de inserción y cooperativas más allá de la contratación pública.
Ahora bien, también es importante tener en cuenta que el refuerzo del papel de la economía social en la contratación pública también va acompañado de una mayor exigencia en términos de cumplimiento, transparencia y profesionalización. Y es que según la propia nota elaborada por el Ministerio de Trabajo, las entidades que quieran beneficiarse de este nuevo marco deberán acreditar de forma clara su carácter social, su impacto real y su adecuación a los requisitos legales.
Y en el caso de los CEEIS, por ejemplo, la ley también refuerza el control sobre el destino de los beneficios y la finalidad social de la actividad, con el objetivo, lógicamente, de evitar usos meramente instrumentales de figuras jurídicas pensadas únicamente para la integración.
