Gemini para redactar presupuestos, herramientas gráficas que generan imágenes para redes sociales, asistentes automáticos en una web o ChatGPT para ordenar currículums. Muchos autónomos y pymes utilizan ya inteligencia artificial en tareas cotidianas, sin verla como una tecnología digital especialmente regulada. Pero la Ley de IA obligará a revisar algunos de esos usos antes de que entren plenamente en vigor las exigencias europeas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de mayo el proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, y lo remitió al Congreso para su tramitación. El texto adapta al ordenamiento español el Reglamento Europeo de IA e introduce un régimen sancionador que puede alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio del ejercicio anterior en los incumplimientos más graves.
Para la inmensa mayoría de autónomos y pymes, sin embargo, el problema no estará en esa cifra, pensada para prácticas prohibidas o sistemas de alto riesgo; sino en utilizar herramientas de IA sin saber qué datos se introducen, qué decisiones se automatizan o cuándo debe informarse al cliente. Como explicó a este medio Julián Gómez Bejarano, chief digital officer de LedaMC, “el principal riesgo para las pequeñas empresas no está tanto en usar IA, sino en hacerlo sin control, sin criterios claros y sin conocer qué responsabilidades legales genera”.
El riesgo para la mayoría de negocios está en usar IA sin control interno
La futura norma distingue entre prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo, usos de riesgo limitado y aplicaciones de riesgo mínimo. En ese último escalón estarían, en principio, herramientas habituales como correctores, traductores automáticos, filtros de spam o generadores de contenido. Empleados como apoyo en tareas de productividad, siempre que no se utilicen para adoptar decisiones relevantes sobre terceros.
Aún así, el hecho de que un uso parezca sencillo no significa que carezca de implicaciones. Gómez Bejarano advierte de que “muchas pequeñas empresas usan herramientas con IA como si fueran simples aplicaciones ofimáticas, cuando en realidad pueden implicar tratamiento de datos, generación automatizada de contenidos o toma de decisiones que la futura normativa europea considera especialmente sensibles”.
El salto de riesgo se produce cuando la IA interviene en procesos que afectan a clientes, empleados o proveedores. Por ejemplo, un software que criba candidaturas, una herramienta que valora la solvencia de un cliente o un sistema que condiciona el acceso a un servicio, pueden entrar en categorías mucho más exigentes que el simple uso de un asistente para redactar un correo.
El proyecto prevé sanciones de entre 500.001 y 7,5 millones de euros para infracciones graves, y de entre 6.000 y 500.000 euros para las leves. No obstante, el cálculo deberá tener en cuenta factores como la gravedad del daño, la intencionalidad, la reincidencia o el tamaño del negocio, además de posibles reducciones por pronto pago o por adoptar medidas correctoras.
Los ‘chatbots’ y los contenidos generados por IA exigirán más transparencia
Uno de los puntos que más puede afectar a autónomos y pymes es la obligación de transparencia. Si un pequeño negocio utiliza un chatbot en su web, un asistente virtual en WhatsApp o un sistema automatizado de atención al cliente, deberá comprobar y asegurarse de que el usuario sabe claramente que está interactuando con una máquina y no con una persona.
“La futura normativa europea insiste sobre todo en la transparencia. Esto implica, por ejemplo, informar cuando un usuario está interactuando con un sistema de IA, identificar contenidos generados mediante IA o explicar cuándo determinadas decisiones cuentan con apoyo de la misma”, señaló Gómez Bejarano.
En la práctica, esto puede traducirse en avisos visibles, mensajes al inicio de una conversación automática o advertencias cuando una imagen, un vídeo o un texto hayan sido generados artificialmente.
La protección de datos será otro punto sensible para los negocios que usen herramientas externas de IA. Muchos autónomos introducen en estos sistemas información de clientes, documentos internos, datos comerciales o borradores de contratos sin comprobar dónde se almacenan, quién puede acceder a ellos o si la herramienta puede reutilizarlos para otros fines.
En palabras del experto, “en muchos casos, el problema no estará en usar IA, sino en desconocer qué hace exactamente la herramienta con la información introducida”. Por eso, antes de incorporar una aplicación a la actividad diaria, conviene revisar sus condiciones, su política de privacidad y las garantías que ofrece cuando se introducen datos personales o información sensible del negocio.
Las pymes deberán saber qué herramientas usan y para qué
El primer paso para adaptarse no pasa por crear grandes estructuras internas, sino por ordenar el uso real de IA dentro del negocio. “La primera obligación que deberían revisar es la trazabilidad en su empleo. Es decir: saber qué herramientas utilizan IA, para qué se usan y qué impacto tienen sobre clientes, empleados o proveedores”, explicó Gómez Bejarano.
Ese inventario puede incluir desde una cuenta de Deepblue o de Claude, utilizada para redactar propuestas comerciales, hasta una herramienta de diseño, un sistema de recomendación de productos en un ecommerce o un programa de recursos humanos. La clave, según el experto, es que el autónomo o la pyme “pueda demostrar que conoce qué usa, con qué finalidad y bajo qué límites”.
También será necesario establecer reglas internas, aunque sean sencillas. El chief digital officer de LedaMC recordó que no se trata “de crear grandes departamentos de compliance, sino de disponer de políticas sencillas: qué herramientas están autorizadas, quién puede utilizarlas, para qué finalidades y bajo qué límites”.
Esa política puede ser más relevante en tanto en cuanto son varias personas del negocio que usan aplicaciones de IA sin un criterio común. En esos casos, un empleado podría introducir datos de clientes en una plataforma no autorizada, generar una imagen sin revisar sus derechos de uso o apoyarse en un sistema automatizado para una decisión que debería validar un ser humano.
El último elemento clave será precisamente este: la supervisión humana. Gómez Bejarano recordó que “la IA puede ayudar a automatizar procesos, acelerar tareas o mejorar la productividad, pero no debería funcionar sin control”, sobre todo cuando sus resultados afecten a clientes, empleados o terceros.
En el caso de los autónomos y pymes que quieran revisar hoy su exposición, el experto recomienda empezar por tres puntos: “Qué datos introducen en las herramientas, si informan correctamente cuando usan sistemas automatizados y si existe revisión humana en las decisiones relevantes”, resumió.
