La OCDE ha vuelto a poner el foco sobre el sistema fiscal español. En su último informe, el organismo considera que la carga que impone Hacienda sobre el trabajo –-que incluye directamente a autónomos a través del IRPF– es demasiado elevada y puede estar frenando tanto la creación de empleo como la actividad económica.
El diagnóstico no es nuevo, pero sí relevante en la coyuntura actual de inflación acumulada y presión sobre los márgenes de los pequeños negocios. Según esta organización internacional, España debería reequilibrar su sistema tributario hacia figuras “menos distorsionadoras”, como el IVA o los impuestos medioambientales, con el objetivo de incentivar la actividad económica.
Sin embargo, esta recomendación abre un debate clave para autónomos y pymes: mientras el IRPF es un impuesto progresivo -es decir, se adapta a los ingresos-, el IVA afecta por igual a todos los consumidores. Esto implica que cualquier subida podría tener un impacto mayor sobre las rentas más bajas, incluidos muchos trabajadores por cuenta propia, especialmente si se aplicara sobre bienes básicos.
- La OCDE critica la elevada carga fiscal sobre los ingresos de los autónomos
- También aconseja reducir la burocracia y fomentar la innovación de las empresas
La OCDE critica la elevada carga fiscal sobre los ingresos de los autónomos
El informe de la OCDE sostiene que el sistema fiscal español “impone una alta carga al trabajo”, lo que, en su opinión, desincentiva tanto la búsqueda de empleo como la creación de nuevos puestos. En la práctica, esta crítica apunta directamente al IRPF, el impuesto que grava los ingresos de los autónomos y trabajadores.
A diferencia de otros tributos, el IRPF funciona con una escala progresiva: a mayor nivel de ingresos, mayor porcentaje de tributación. Esto permite ajustar la carga fiscal a la capacidad económica de cada contribuyente. Sin embargo, también ha generado tensiones en los últimos años, especialmente por la falta de deflactación de los tramos, lo que ha elevado la presión fiscal incluso sin aumentos reales de ingresos.
Para muchos autónomos, este efecto se traduce en pagar más impuestos aunque su poder adquisitivo no haya mejorado. De ahí que la OCDE considere que este tipo de fiscalidad puede estar penalizando la actividad económica y reduciendo incentivos al trabajo.
Apostar por el IVA: una medida con riesgos para autónomos y consumidores
Frente a esta situación, la OCDE propone desplazar parte de la carga fiscal hacia el IVA. Este impuesto grava el consumo y, según el organismo, genera menos distorsiones en la actividad económica que los impuestos sobre el trabajo.
No obstante, este planteamiento tiene implicaciones relevantes. A diferencia del IRPF, el IVA no distingue entre niveles de renta: todos los consumidores pagan el mismo porcentaje al adquirir un producto o servicio.
Esto significa que una subida del IVA podría afectar proporcionalmente más a quienes tienen menores ingresos, incluidos muchos autónomos con rendimientos ajustados. En la práctica, estos profesionales no sólo soportarían el impacto como consumidores, sino también como empresarios, al enfrentarse a una posible caída del consumo.
En cualquier caso, el informe señala que España mantiene numerosos tipos reducidos y exenciones en el IVA, lo que limita la recaudación pero también actúa como mecanismo de protección social. Su eliminación o reducción podría tener consecuencias directas en el bolsillo de millones de consumidores.
También aconseja reducir la burocracia y fomentar la innovación de las empresas
Más allá de la fiscalidad, el informe de la OCDE pone el foco en otros factores estructurales que afectan directamente a autónomos y pymes.
Uno de los principales es la burocracia. El organismo considera que España debe simplificar los procedimientos administrativos, especialmente en el acceso a ayudas públicas y programas de innovación. Para muchos pequeños negocios, la complejidad de estos trámites supone una barrera real que limita su crecimiento.
En este sentido, la OCDE propone avanzar hacia sistemas de “ventanilla única” digital que faciliten la solicitud y gestión de subvenciones, especialmente en áreas como la investigación y el desarrollo (I+D).
El informe también advierte de que España se sitúa por debajo de la media de los países desarrollados en cuanto a empresas innovadoras. Este déficit se traduce en una menor productividad y competitividad, lo que afecta directamente a la capacidad de crecimiento de las pymes.
Entre las causas, el organismo señala el limitado acceso a financiación externa y la escasez de mano de obra cualificada. Para corregir esta situación, recomienda fomentar la colaboración público-privada, impulsar la formación en competencias digitales -incluyendo inteligencia artificial y análisis de datos- y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación basadas en el mercado.
Asimismo, la OCDE insiste en la necesidad de agilizar los permisos administrativos, especialmente en sectores vinculados a la transición energética. La lentitud en la tramitación de proyectos y la falta de coordinación entre administraciones siguen siendo, según el informe, un freno para la inversión.
