La prórroga de verifactu alivia a los autónomos pero denuncian falta de planificación e inseguridad jurídica

El Gobierno ha terminado cediendo a una de las principales reclamaciones de los trabajadores autónomos y de las pymes, y ha decidido retrasar la entrada en vigor obligatoria del sistema Verifactu. Una medida que venían reclamando desde hace meses organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Este aplazamiento supone un respiro para miles de pequeños negocios, pero muchos ya habían hecho realizado la inversión necesaria para adaptarse ante la cercanía de los plazos mientras la Administración sigue resolver algunas de las dudas que tenían.

Además, los representantes de los sectores más afectados cuestionan que la prórroga responda a una planificación consensuada y alertan de que la decisión, aprobada mediante decreto, añade incertidumbre al quedar pendiente una convalidación parlamentaria para la que no tiene los votos asegurados.

1. Los autónomos alertan de costes ya asumidos y dudas sin resolver 
2. Las patronales del pequeño comercio, satisfechas aunque preocupadas
3. Hacienda tiene ahora hasta 2027 para informar mejor sobre Verifactu
4. Peticiones de los autonomos y pymes a la Administración
5. La moratoria de Verifactu depende ahora de una mayoría parlamentaria que no está garantizada

Muchos autónomos ya habían hecho la inversión y aún quedan dudas por resolver

Tal y como ya recogió este medio, a medida que se acercaba la obligación de Verifactu, los sectores más expuestos pedían más tiempo para prepararse y asumir inversiones que, en algunos casos, podían alcanzar los 8.000 euros.

Con la confirmación de una prórroga de un año hasta 2027, las sensaciones entre pymes y autónomos se mueven entre el alivio por disponer de más margen y las críticas por la forma en la que se ha gestionado el calendario.

El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, detalló que los negocios a los que representa pedían un aplazamiento «por las dudas y el miedo que se estaba generando ante la incapacidad de adaptarse en tan poco tiempo, sobre todo entre los autónomos, que son las empresas más pequeñas y las más débiles y para los que esta adaptación exige inversiones que deberían ir acompañadas de ayudas”.

Las patronales del comercio minorista del pan, la carne y el pescado (Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca) acogieron la moratoria con cautela y advirtieron de que el problema de fondo sigue presente.

Fuentes de Fedepesca explicaron que el retraso aporta margen para adaptarse, pero no despeja las incertidumbres técnicas ni compensa los costes ya asumidos por muchos negocios.

Las patronales del pequeño comercio, satisfechas aunque preocupadas

Luis Bustos, subdirector general de esta federación, señaló que, en esta ocasión, “haber legislado sin planificación nos ha venido bien, pero lo normal es que al autónomo la falta de planificación y de seguridad jurídica le venga siempre mal”.

Pese a las reuniones aclaratorias mantenidas con Hacienda, “persisten cuestiones sin resolver”, como la adaptación de las básculas o la posibilidad de cumplir con VeriFactu mediante TPV externos, dudas que, a su juicio, justificaban un aplazamiento mejor trabajado.

En esa misma línea, Rafael Torres advirtió que “se ha pillado a mucha gente que ya había hecho inversiones importantes y ahora ese dinero se ha quedado aparcado cuando, con tiempo suficiente, se habría destinado a otras necesidades del negocio”.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, confirmó a este medio que muchas empresas ya habían hecho la inversión necesaria y estaban emitiendo facturas con código QR, en parte porque la Agencia Tributaria había puesto herramientas gratuitas a disposición de los autónomos.

El temor compartido es que la prórroga se limite a posponer los problemas. Bustos alertó de que, si no se acompaña de otras medidas, “lo único que se va a conseguir es que todo el mundo se pare ahora y que dentro de doce meses estemos en la misma situación, con los mismos problemas”.

Según Mollinedo, cuando se informa ahora al contribuyente y luego se aplaza la obligación, “todo el esfuerzo previo se convierte en un trabajo baldío, porque dentro de un año ya no se acuerda”.

Hacienda tiene ahora hasta 2027 para informar mejor sobre Verifactu

El sector de la hostelería también se suma a esta posición y subrayó que el retraso solo será útil si sirve para garantizar una implantación realista y homogénea.

Desde Hostelería de España recordaron que el nuevo calendario responde a la necesidad de disponer de “un margen temporal razonable para adaptar, verificar e implementar los sistemas de facturación conforme a los requisitos técnicos definitivos”, evitando así una aplicación descoordinada entre sectores y territorios.

Buena parte del trabajo de los gestores administrativos pasa por la gestión diaria de la facturación de los autónomos, lo que explica que el Consejo General de Gestores Administrativos e España (CGGAE) haya valorado el aplazamiento, pero con importantes matices.

Su presidente, Fernando Santiago, advirtió de que la prórroga “solo tendrá sentido si se utiliza para hacer bien aquello que no se ha hecho hasta ahora: aclarar quién debe acogerse al sistema, ordenar su implantación y evitar que el mercado vuelva a sufrir una oleada de confusión”.

Una percepción compartida también desde dentro de la Administración ya que Mollinedo lamentó que la decisión de Hacienda no se comunicó previamente a sus técnicos, lo que obligó a seguir informando durante días como si los plazos iniciales siguieran vigentes.

Peticiones de los autonomos y pymes a la Administración

Con la moratoria ya aprobada, los sectores coinciden en que este año adicional debe servir para corregir errores y preparar una implantación realista de VeriFactu. Entre las principales peticiones trasladadas a la Administración destacan:

• Claridad normativa inmediata, definiendo con precisión qué empresas y autónomos están obligados a aplicar VeriFactu y en qué condiciones.
• Un calendario estable y una implantación ordenada, sin cambios de criterio ni decisiones de última hora.
• Comunicación clara y coordinación entre Hacienda, desarrolladores de software, gestores y organizaciones empresariales.
• Colaboración real con los gestores administrativos, como agentes clave del proceso.
• Exoneración de los mayores de 60 años, ante el elevado coste de determinadas adaptaciones que pueden llevarles incluso a adelantar su jubilación.
• Flexibilidad para colectivos vulnerables, con regímenes diferenciados o prórrogas específicas.
• Medidas económicas de acompañamiento, como deducciones fiscales, subvenciones o financiación bonificada.
• Apoyo técnico y formativo, mediante guías prácticas y programas de capacitación gratuitos.

La moratoria de Verifactu depende ahora de una mayoría parlamentaria que no está garantizada

A estas demandas se suma un último factor que incrementa la incertidumbre: la prórroga se ha aprobado mediante Real Decreto-ley, pendiente de convalidación parlamentaria sin que exista una mayoría que la garantice.

Luis Bustos alertó de que podría llegarse a este extremo, como ocurrió con el decreto ómnibus, lo que devolvería de forma repentina el calendario anterior. “¿En qué situación nos quedamos entonces? ¿Vuelven de repente las fechas de 2026?”, se preguntó.

En todo caso, Mollinedo insistió en que el problema no está en el fondo de la norma con la que coinciden todas las asociaciones: el diseño de Verifactu buscaba simplificar y evitar la manipulación de las facturas; el obstáculo ha sido cómo se ha comunicado y planificado su puesta en marcha.

La prórroga de VeriFactu ha dado oxígeno a miles de autónomos y pymes. Pero mientras no se despejen las dudas técnicas y no se diseñe una implantación acorde con la realidad del pequeño negocio, el problema solo se aplazará pero no quedará resuelto.