El sector de transporte de viajeros por carretera ha vuelto a levantar la voz ante el encarecimiento de los costes energéticos derivados de la crisis en Oriente Medio. Las pymes de autobuses han reclamado al Gobierno que refuerce las medidas anticrisis y eleve la bonificación actual al combustible hasta los 25 céntimos por litro, al considerar que el apoyo vigente resulta insuficiente para sostener la actividad.
La petición llega en un momento especialmente delicado para estas empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que operan servicios esenciales como rutas escolares, transporte laboral o líneas interurbanas. El incremento del precio del carburante, agravado por la inestabilidad internacional vinculada al conflicto en Irán, está tensionando los márgenes de un sector ya muy ajustado.
En este contexto, las patronales del transporte advierten de que, sin un refuerzo inmediato de las ayudas, podría ponerse en riesgo la viabilidad de numerosos operadores. Además de ampliar la bonificación al combustible, solicitan ayudas directas por vehículo y mecanismos que permitan revisar los contratos públicos para adaptarlos al aumento de costes.
- Los autobuseros piden aumentar la bonificación y ayudas directas
- Las empresas de autobuses avisan de riesgos para la movilidad si no se refuerzan las ayudas
Los autobuseros piden aumentar la bonificación y ayudas directas
El departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales organizaciones empresariales del sector, ha solicitado formalmente al Ejecutivo que eleve el descuento en carburantes de los actuales 20 céntimos por litro a 25 céntimos.
Según trasladaron desde la patronal, las medidas aprobadas hasta ahora dentro del paquete anticrisis no están siendo suficientes para compensar el impacto del alza de los costes energéticos. Por ello, reclaman una actualización urgente que permita a las empresas absorber el incremento del precio del gasóleo sin trasladarlo completamente al usuario final.
Además, el sector ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer ayudas directas para aquellos autobuses que no utilizan gasóleo como combustible. En este caso, plantean una compensación mínima de 1.500 euros por vehículo, ajustada a los niveles reales de consumo y actividad.
Esta reivindicación se produce después de que el transporte de mercancías -también integrado en el CNTC- lograra introducir mejoras en el decreto anticrisis en meses anteriores. Ahora, las empresas de viajeros buscan un tratamiento similar ante una situación que consideran igualmente crítica.
Dicen que las ayudas son fundamentales para asegurar la sostenibilidad de las pymes
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) han advertido de que el refuerzo de estas ayudas no es sólo una cuestión sectorial, sino un elemento clave para garantizar la continuidad de servicios básicos de movilidad.
Las pymes dominan gran parte del tejido empresarial del transporte de viajeros, especialmente en servicios concesionales o contratos públicos como el transporte escolar o el traslado de trabajadores. En estos casos, las empresas operan con tarifas fijadas previamente, lo que dificulta trasladar el aumento de costes a los precios.
Por ello, una de las principales demandas del sector es la introducción de mecanismos extraordinarios de revisión de precios en los contratos públicos. Esta medida permitiría reequilibrar económicamente las concesiones y evitar que las empresas operen en pérdidas en un contexto de inflación energética.
“El objetivo es garantizar la sostenibilidad del sector y la continuidad de unos servicios esenciales”, señalaron desde la patronal, que ya ha trasladado estas propuestas a la Dirección General de Transporte para su evaluación por parte de los ministerios competentes.
Las empresas de autobuses avisan de riesgos para la movilidad si no se refuerzan las ayudas
El impacto de la falta de medidas no se limita a las cuentas de resultados de las empresas. Según advierten las patronales, una situación prolongada de costes elevados sin compensación podría traducirse en una reducción de servicios, especialmente en zonas rurales o con menor demanda.
Esto afectaría directamente a la movilidad de miles de ciudadanos que dependen del transporte en autobús para desplazarse a sus puestos de trabajo, centros educativos o servicios sanitarios.
En este escenario, el refuerzo de las ayudas no sólo se plantea como una medida de apoyo empresarial, sino también como una herramienta para garantizar la cohesión territorial y el acceso a servicios básicos.
El sector, por tanto, espera una respuesta rápida del Gobierno que permita estabilizar la actividad en un momento de elevada incertidumbre y evitar que la crisis energética vuelva a trasladarse a la economía real a través de la movilidad.
