La expansión de los productos falsificados se ha convertido en uno de los principales conflictos a los que se enfrenta la economía española y europea, al menos en el sector del comercio.
Cada año, el comercio ilícito afecta a áreas clave, destruyendo valor, empleo y confianza del consumidor y, por supuesto, afectando de forma directa a las pymes que ya de por sí lidian con una situación económica compleja.
Según datos de la firma de sistemas de seguridad Sicpa, casi uno de cada veinte productos que entra en la Unión Europea es ilegal, lo que provoca unas pérdidas de 50.000 millones de euros al año y más de 416.000 empleados en toda la UE. España, lógicamente, no es ajena a esta situación, y el comercio ilícito de productos falsificados provoca 5.753 millones de euros en pérdidas directas y menoscaba 45.000 puestos de trabajo.
Muchas pymes no pueden proteger sus derechos de propiedad intelectual
La realidad es que mientras las grandes empresas pueden desplegar departamentos legales y estrategias de defensa durante años, los pequeños negocios suelen asumir pérdidas, abandonar mercados o reducir su capacidad de inversión en innovación ante la presión de la competencia desleal.
Así, entre los sectores más afectados en España, siempre bajo el análisis de Sicpa, destacan el calzado, la moda y los artículos de cuero, debido a su alta demanda y la facilidad a la hora de reproducir piezas. No obstante, la perfumería y la cosmética concentran un 16% de las pérdidas, mientras que la electrónica de consumo, incluyendo baterías, cargadores y pequeños dispositivos electrónicos, representa otro segmento crítico.
Las falsificaciones afectan a casi todos los productos
Ahora bien, las falsificaciones no se limitan a productos de lujo o de alto consumo: los alimentos y bebidas también sufren la amenaza de la copia ilegal. Entre los más afectados están, en nuestro país, el aceite de oliva y también los quesos, los ibéricos y todos los productos lácteos, todos ellos con una fuerte identidad nacional y un alto valor en el mercado. En el caso del aceite de oliva, se han detectado prácticas como las mezclas con aceites de menor calidad, etiquetado engañoso y venta como producto premium, lo que no sólo afecta económicamente a los productores legítimos, sino que compromete la seguridad alimentaria.
Según el informe de Sicpa también el sector de bebidas alcohólicas presenta un riesgo elevado: en España, se estima que las pérdidas superan los 380 millones de euros, con más de 1.100 empleos destruidos. Las prácticas más comunes incluyen la reutilización de botellas originales, la falsificación de etiquetas y la comercialización de bebidas adulteradas. Además, muchas inspecciones han detectado metanol, pesticidas y otras sustancias tóxicas en productos falsificados, lo que supone un grave riesgo para la salud de los consumidores.
¿Cuánto cuestan las falsificaciones a las pymes españolas?
El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual, que es dependiente de la UEIPO, alerta de que las pymes cuyos derechos son vulnerados presentan hasta un 34% menos de probabilidades de sobrevivir cinco años en comparación con aquellas que no sufren este tipo de infracciones. Y es que la competencia desleal no sólo reduce ventas, sino que deteriora la reputación de todas las marcas, genera confusión entre los consumidores y desincentiva la inversión en innovación.
En nuestro país, según los datos, los sectores más vulnerables son los pequeños comercios y las empresas manufactureras con marca propia. Porque la presión de los productos falsificados genera una competencia que no se basa en eficiencia ni en calidad, sino en el incumplimiento sistemático de normas fiscales, laborales y de seguridad (sobre todo la alimenticia, que es la más complicada de todas). Esto provoca que muchas pymes pierdan cuota de mercado frente a los precios que son artificialmente bajos porque la producción ha sido menos costosa, y les obliga, por su parte, a asumir márgenes de beneficio menores o a renunciar a ciertos canales de venta.
El asunto es que, además, el auge del comercio electrónico ha multiplicado los canales de entrada de este tipo de productos falsificados en todo el continente. Según el Observatorio de Vigilancia del Mercado en España, el 60% de las falsificaciones se venden a través de plataformas online, con envíos de pequeño volumen procedentes, principalmente, de Asia. Esto cuando se trata sobre todo de cosmética y ropa.
En este contexto, la Unión Europea ha reconocido en numerosas ocasiones la responsabilidad de las plataformas digitales, y mediante el Reglamento de Servicios Digitales, busca imponer obligaciones de control, trazabilidad y retirada de productos ilegales, así como sanciones más severas para los operadores que faciliten la comercialización de las falsificaciones.
En España, las autoridades llevan meses trabajando en coordinación con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con las aduanas, intensificando incautaciones de productos falsificados y reforzando las inspecciones en mercados y plataformas digitales. Sin embargo, tanto la UEIPO como los observatorios nacionales advierten de que la efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación real, y, sobre todo, de la cooperación con otros estados de la Unión Europea que tengan el mismo problema.
