Las micropymes españolas afrontan un escenario especialmente delicado, que limita de manera significativa su capacidad de crecer. Pese a la recuperación económica y creación de empleo, el aumento de los costes laborales, la presión fiscal y la complejidad normativa afectan de una manera desproporcionada a los negocios de menor tamaño.
De hecho, según datos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), los trabajadores en microempresas crecieron sólo un 0,4% en 2025, frente al 4,5% registrado en las grandes empresas, lo que supone un crecimiento más de diez veces inferior y refleja la dificultad que tienen estas compañías para consolidarse y, sobre todo, para expandirse.
En este contexto, la llegada del sistema de facturación electrónica Verifactu, cuya implantación obligatoria se ha aplazado de 2026 a 2027, ha generado un debate importante con respecto a las microempresas.
- Las exigencias de las microempresas y el marco regulatorio solicitado
- La situación económica y las estadísticas de las microempresas en España
Las microempresas de varios sectores piden quedar fuera de Verifactu
Las micropymes en general, y las de ciertos sectores como el pescado, la carne o el pan en particular, respaldadas por las patronales Fedepesca, Cedecarne y Ceoppan, han solicitado, como ya contó este diario, que las compañías a nombre de una persona física con menos de 10 trabajadores queden exentas de forma definitiva de Verifactu. Asimismo, consideran que los titulares mayores de 60 años y las comunidades de bienes con menos de diez integrantes que superen esa edad deberían poder acogerse a la misma exención.
Estas peticiones, a ojos de CEPYME, se fundamentan en criterios fiscales objetivos y en el principio de proporcionalidad, de modo que se garantice que la implantación de Verifactu no comprometa la viabilidad de los negocios más pequeños. De hecho, desde los sectores antes mencionados también destacan la necesidad de un tratamiento específico para ventas mediadas por báscula, con moratorias hasta que se disponga de soluciones homologadas y de coste asumible.
A ello se suma la demanda de, al menos, una entrada en vigor escalonada de la normativa, basada en parámetros como régimen fiscal aplicable, volumen de facturación anual y existencia de facturación a empresarios o profesionales.
Así, para facilitar la adaptación de las microempresas al sistema, CEPYME propone deducciones fiscales en el IRPF vinculadas, en este caso, a inversiones necesarias para implantar Verifactu, subvenciones directas para software, terminales de punto de venta y básculas, y líneas de financiación bonificada accesibles tanto para micropymes como para autónomos. Según Fedepesca, estas medidas permitirían garantizar que nadie quede atrás y que la implantación del sistema de facturación electrónica sea compatible con la supervivencia de todos los sectores, incluido el del comercio minorista especializado, contribuyendo además a preservar un estilo de vida saludable y la sostenibilidad del tejido empresarial.
Además, el impacto de estas exenciones para la administración pública sería mínimo. Y es que según el Instituto Nacional de Estadística, en España existen 62.082 empresas o personas físicas de comercio minorista especializado de alimentación, bebidas y tabaco con hasta 9 trabajadores, lo que supondría apenas el 4,77% de la cadena alimentaria. Y una gran parte de estas empresas ya está exonerada por acogerse al sistema de estimación objetiva, lo que reduce aún más la incidencia.
La situación económica y las estadísticas de las microempresas en España
Lo cierto es que los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 elaborada por CEPYME reflejan el difícil escenario que enfrentan las microempresas de todos los sectores, especialmente aquellas de uno a dos trabajadores, cuyos incrementos de empleo resultan significativamente inferiores al de las grandes compañías.
Mientras el total de ocupados aumentó un 2,77% interanual en 2025, el crecimiento de los autónomos al cargo de estas empresas fue de 1,1%, y los autónomos con empleados registraron, por su parte, un descenso del 0,8% respecto al año anterior.
En ese sentido, CEPYME destaca que, pese a la creación de empleo en el sector privado, que sumó 555.000 nuevos empleados y supone cerca del 92% del nuevo empleo en España, los recursos limitados de las microempresas les dificultan participar plenamente en el crecimiento económico. Por ello subrayan la necesidad de un entorno normativo estable, con menos cambios y simplificación de trámites, que permita a estas compañías planificar su actividad y destinar recursos a la inversión y creación de empleo en lugar de destinarlos sólo a burocracia, cargas administrativas o, en este caso, la implantación de sistemas de facturación obligatorios.
De igual forma, CEPYME insiste en que cualquier medida de control fiscal o administrativa debe aplicarse, ahora y siempre, de manera proporcional y diferenciada según el tamaño y las características de la empresa. Sólo mediante un marco normativo adaptado a la realidad de los pequeños negocios podrán los mismos liberar recursos, impulsar su crecimiento, generar empleo y contribuir de manera sostenida a la economía del país.
Mientras tanto, la falta de adaptación a nuevas normativas, como es el caso de Verifactu, solamente agravará la desventaja, comprometiendo la viabilidad de sectores estratégicos y de especialización local, donde la artesanía alimentaria y el comercio de proximidad cumplen un papel absolutamente primordial.
