Autónomos y pymes podrían ver reducidas algunas bajas por lesiones de sus trabajadores. El Gobierno, las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras han puesto en marcha una nueva estrategia para acelerar pruebas diagnósticas, tratamientos rehabilitadores e incluso determinadas intervenciones quirúrgicas en procesos de incapacidad temporal por patologías traumatológicas. El objetivo es evitar que una lesión se prolongue durante semanas o meses por las listas de espera sanitarias.
La iniciativa ya está operativa en Baleares, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y la Seguridad Social acaba de avanzar su intención de extenderla al resto de territorios. Según explicó el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, estos convenios buscan aprovechar los medios asistenciales de las mutuas «para lograr una recuperación más rápida de los trabajadores en procesos de origen traumatológico». Siempre, aclaró, «bajo la supervisión del sistema público de salud».
Para muchos autónomos y pymes, cualquier reducción en la duración de una baja puede tener un impacto económico inmediato. Sin embargo, los expertos piden prudencia ante las expectativas generadas. Como advirtió Fermín Ojeda Medina, decano del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura y vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales de España, «si el principal crecimiento de las bajas laborales se está produciendo por motivos psicológicos y los nuevos acuerdos se limitan fundamentalmente a patologías traumatológicas, su capacidad real para reducir el absentismo global podría ser mucho más limitada de lo que inicialmente se anuncia».
El Gobierno está firmando convenios con las mutuas y las comunidades autónomas para reducir las bajas traumatológicas
La estrategia forma parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social en julio de 2024 para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y acelerar la recuperación de los trabajadores. Desde entonces, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras comenzaron a firmar convenios que permiten aprovechar los medios asistenciales de estas entidades para intervenir en determinados procesos de baja por contingencias comunes de origen traumatológico.
Hace pocos días se firmó el acuerdo con Castilla-La Mancha. Antes ya se habían suscrito convenios en Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria, así como en Ceuta y Melilla a través del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa). Según explicó la Seguridad Social, el objetivo es extender progresivamente este modelo al resto de comunidades autónomas para mejorar la atención sanitaria en este tipo de procesos y reducir las demoras que, en muchos casos, prolongan innecesariamente las bajas médicas.
Los convenios permiten que las mutuas pongan a disposición de los servicios públicos de salud:
- Pruebas diagnósticas.
- Tratamientos terapéuticos.
- Rehabilitación.
- Determinadas intervenciones quirúrgicas.
No obstante, el modelo mantiene el control clínico en manos de la sanidad pública. El médico de atención primaria sigue siendo el responsable de:
- Emitir la baja y el alta médicas.
- Realizar el diagnóstico inicial.
- Decidir la asistencia sanitaria necesaria en cada caso.
La colaboración también es voluntaria para el trabajador, que debe prestar su consentimiento informado antes de ser derivado a la mutua. Según la Seguridad Social, la finalidad es doble: aliviar las listas de espera de los servicios públicos de salud y evitar que los procesos de incapacidad temporal se prolonguen más allá de lo necesario por motivos organizativos o asistenciales.
En un gran número de casos, las bajas se alargan por los tiempos de espera
Uno de los argumentos que justifican estos convenios es que la duración de una baja no siempre depende exclusivamente de la gravedad de la lesión. En muchos casos, los plazos para acceder a una resonancia magnética, una consulta especializada o un tratamiento rehabilitador terminan retrasando la recuperación efectiva del trabajador.
Según explicó Fermín Ojeda, «en numerosos casos, el verdadero problema son los tiempos de espera». El experto recordó que una persona puede permanecer de baja durante meses no porque su lesión requiera necesariamente ese tiempo de recuperación, sino porque debe esperar para someterse a pruebas diagnósticas o iniciar el tratamiento adecuado.
Por este motivo, los nuevos convenios centran sus esfuerzos en aquellos procesos donde el principal obstáculo no es la propia patología, sino la demora asistencial. El planteamiento es que, si se acelera el acceso al diagnóstico y a la rehabilitación, algunos trabajadores puedan recuperarse antes y reincorporarse a su actividad sin que la baja se prolongue por causas ajenas a su estado de salud.
Se reducirán semanas o meses de espera en algunos procesos de recuperación
A partir de ahora, los trabajadores podrán acceder con mayor rapidez a determinadas pruebas diagnósticas, tratamientos y procesos de rehabilitación mediante los recursos asistenciales de las mutuas colaboradoras. La intención es evitar semanas o meses de baja adicionales simplemente porque se está esperando una prueba o el inicio de un tratamiento.
«Estos convenios pueden resultar especialmente eficaces en aquellos procesos donde la demora diagnóstica o terapéutica es el verdadero cuello de botella», señaló el experto.
No obstante, Ojeda también advirtió de que no todas las bajas podrán reducirse. Una fractura, una cirugía compleja o determinadas lesiones musculoesqueléticas siguen necesitando unos tiempos mínimos de recuperación que no pueden acortarse mediante una prueba diagnóstica más rápida o un acceso anticipado a la rehabilitación. Por ello, el impacto de la medida será mayor en aquellos procesos donde la espera sanitaria es la principal causa de la prolongación de la incapacidad temporal.
Desde una perspectiva empresarial, el experto consideró que el efecto sobre el absentismo podría ser positivo. «Si determinadas bajas duran menos tiempo, el absentismo también debería reducirse», explicó. Sin embargo, matizó que el objetivo no debería ser reducir las bajas a cualquier precio, sino evitar aquellas prolongaciones innecesarias derivadas de retrasos diagnósticos o terapéuticos.
Estos convenios permiten a autónomos y pymes prever con mayor facilidad la duración de algunas bajas
La reducción de los tiempos de espera también puede tener efectos relevantes en la organización de autónomos y pequeñas empresas. A diferencia de las grandes compañías, que suelen contar con plantillas más amplias para redistribuir tareas, la ausencia prolongada de un trabajador puede generar importantes dificultades operativas en negocios con pocos empleados.
En sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, el transporte o los servicios profesionales, una baja inesperada obliga con frecuencia a reorganizar turnos, asumir una mayor carga de trabajo o buscar sustituciones temporales. Cuando la duración del proceso es incierta, estas decisiones resultan todavía más complejas.
Además, como ya explicó este diario, la Seguridad Social también está impulsando nuevos sistemas de intercambio de información para que los médicos dispongan de más datos sobre las funciones reales que desempeña cada trabajador antes de decidir sobre una incapacidad temporal o su duración. El objetivo es ajustar mejor las bajas a las exigencias concretas de cada puesto de trabajo y evitar tanto prolongaciones innecesarias como reincorporaciones prematuras.
Según explicó Fermín Ojeda, si los convenios funcionan como está previsto, las empresas podrían beneficiarse de «una mayor previsibilidad en la duración de determinados procesos, una mejor planificación de sustituciones y una reducción de los costes indirectos asociados a las ausencias prolongadas».
El impacto también puede ser significativo para los propios autónomos cuando son ellos quienes sufren la lesión. En estos casos, una incapacidad temporal suele traducirse en una caída inmediata de ingresos y, en ocasiones, en la pérdida de clientes o proyectos. Por ello, cualquier medida que permita adelantar pruebas diagnósticas o tratamientos puede contribuir a acortar algunos procesos de recuperación y facilitar una reincorporación más rápida a la actividad económica.
La salud mental se convierte en el gran reto pendiente para reducir el absentismo
Mientras las administraciones centran sus esfuerzos en reducir las bajas traumatológicas, el principal foco de crecimiento de las incapacidades temporales se encuentra en otro terreno: la salud mental. Aunque los nuevos convenios pueden contribuir a acortar la duración de determinadas bajas traumatológicas, los expertos advierten de que la medida actúa sobre una parte cada vez menor del problema.
Los trastornos de ansiedad, la depresión, el estrés laboral, el agotamiento emocional y otros problemas psicológicos llevan años ganando peso en las estadísticas de incapacidad temporal. De hecho, la propia Junta de Castilla-La Mancha reconoció durante la firma del último convenio que las bajas por salud mental presentan una duración media cercana a los 98,5 días, muy por encima de la duración media general de los procesos de incapacidad temporal.
Para Fermín Ojeda, éste es precisamente el principal límite de la estrategia que están desplegando la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las mutuas. Según explicó el experto, «si el principal crecimiento de las bajas laborales se está produciendo por motivos psicológicos y los nuevos acuerdos se limitan fundamentalmente a patologías traumatológicas, su capacidad real para reducir el absentismo global podría ser mucho más limitada de lo que inicialmente se anuncia».
La diferencia radica en que en los procesos traumatológicos es más sencillo identificar las causas y por eso se pueden acelerar las pruebas o los tratamientos pertinentes. Sin embargo, los problemas psicológicos presentan una realidad mucho más compleja. “No existe una prueba diagnóstica que resuelva una depresión en una semana ni una intervención rápida que permita anticipar una recuperación emocional”, apuntó el experto.
Además, este tipo de procesos exige abordar cuestiones especialmente sensibles relacionadas con la confidencialidad clínica, la protección de datos sanitarios y la independencia de los profesionales que intervienen en la recuperación del trabajador. Por ello, los mecanismos que pueden funcionar para una lesión de hombro, una hernia discal o una rotura muscular no son fácilmente trasladables al ámbito de la salud mental.
Esto no significa que los nuevos convenios carezcan de utilidad. Según destacó Ojeda, pueden convertirse en una herramienta eficaz para evitar bajas innecesariamente largas cuando la demora sanitaria es el principal problema.
Sin embargo, el experto consideró que sería un error presentarlos como la solución definitiva al absentismo laboral. «La experiencia demuestra que una parte creciente de las bajas ya no está relacionada con lesiones físicas, sino con problemas psicológicos y riesgos psicosociales asociados al trabajo», concluyó.
