Las pymes españolas del sector agroalimentario se preparan para un nuevo escenario normativo este 2026. Aunque de momento no haya imposiciones directas, lo cierto es que su actividad se puede ver condicionada a corto y medio plazo.
Esto es por la aprobación de la Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, conocida como CSRD, que ha cambiado la forma en la que las empresas deben rendir cuentas sobre su impacto medioambiental, social y de gobernanza.
Aunque la normativa, de momento, está dirigida a grandes compañías, su aplicación tendrá efectos claros sobre miles de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias que forman parte de sus cadenas de suministro.
¿Qué es la Directiva CSRD y por qué afecta directamente a las pymes agroalimentarias?
La Directiva CSRD establece nuevas obligaciones de información sobre sostenibilidad para las grandes empresas que operan en la Unión Europea este 2026. Su objetivo, en palabras del propio Parlamento Europeo, es homogeneizar la información no financiera y reforzar la transparencia en aspectos ambientales, sociales y también de buen gobierno.
Así, las compañías obligadas deberán elaborar un Estado de Sostenibilidad siguiendo las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad. Este informe debe, según se puede leer en la propia normativa, incluir datos sobre emisiones, uso de recursos, impacto climático, condiciones laborales, derechos humanos y gobernanza empresarial.
Y aunque las pequeñas y medianas empresas no están obligadas, de momento, a cumplir legalmente la CSRD, sí se ven afectadas por su papel dentro de las cadenas de valor. Porque las grandes empresas deben analizar los riesgos y el impacto de toda su cadena de suministro. Y para hacerlo, necesitan información fiable de sus proveedores.
Precisamente por esto, en la práctica, miles de pymes agroalimentarias de nuestro país recibirán solicitudes directas para aportar datos sobre su desempeño ambiental y social. Esto es lo que ha extraído un equipo de investigadores de las universidades de Córdoba y de Jaén, que ha elaborado recientemente una guía práctica para ayudar a estas pequeñas empresas a seguir criterios claros. Porque no hacerlo podría suponer para ellas quedar fuera de contratos, licitaciones o acuerdos comerciales.
Aunque se habla de forma genérica sobre pymes que pueden verse afectadas por esta obligatoriedad en su relación con clientes, la realidad es que el sector agroalimentario es el más afectado debido a que tiene una fuerte dependencia económica de empresas más grandes, según un informe elaborado por la Comisión Agroalimentaria de la Cámara de España.
Estas son las nuevas exigencias de sostenibilidad que también deberían cumplir las pymes
Las exigencias que provienen de la Directiva europea y que son obligatorias para grandes empresas e indirectamente obligatorias para algunas pymes están alineadas con los criterios ASG. Esto implica recopilar información que hasta ahora no siempre se medía de forma sistemática.
En el ámbito ambiental, sin ir más lejos, se solicitarán datos sobre consumo de agua, energía, gestión de residuos, emisiones y prácticas agrícolas o productivas sostenibles. De esta forma, según aclaran en la Comisión Europea, también se analizará el impacto sobre la biodiversidad y el uso responsable del suelo.
Por su lado, en el plano social, se valorarán las condiciones laborales, la seguridad y salud en el trabajo, la estabilidad del empleo y el respeto a los derechos de los trabajadores. En el sector agroalimentario, estos aspectos tienen un peso relevante por la estacionalidad que los caracteriza y por la intensidad de mano de obra, según la Comisión Agroalimentaria de la Cámara de España.
Además, en materia de gobernanza, las pymes deberán acreditar cierta estructura organizativa, control interno y cumplimiento normativo básico. No se trata de implantar modelos complejos, según argumentan desde Europa, sino de demostrar una gestión responsable y, sobre todo, transparente.
El Estado de Sostenibilidad será la herramienta para seguir siendo proveedor de grandes empresas
Para muchas pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, elaborar un Estado de Sostenibilidad no será una opción, sino una condición para mantener sus relaciones comerciales. Los grandes clientes necesitarán esta información para cumplir sus propias obligaciones legales.
En ese sentido, desde la Comisión Agroalimentaria de la Cámara de España se especifica que anticiparse a estas exigencias puede convertirse en una ventaja competitiva para muchos negocios. Las empresas que ya cuenten con información estructurada podrán responder con mayor rapidez a las solicitudes de sus clientes y reducir el riesgo de exclusión de la cadena de suministro.
Además,disponer de un Estado de Sostenibilidad permite a todo tipo de pymes identificar sus propias ineficiencias internas. Y es que la Unión Europea ha dejado claro que no es directamente obligatorio para estas cumplir la normativa, aunque sí voluntario y recomendable. Porque el análisis del consumo de recursos o de los procesos productivos puede ayudar a reducir costes y mejorar la rentabilidad.
Además, también influye en el acceso a la financiación, que es uno de los grandes problemas de muchas pymes españolas. Las entidades financieras incorporan cada vez más criterios de sostenibilidad en la evaluación de riesgos, y contar con información estructurada podría facilitar el acceso a crédito y a mejores condiciones.
Al ser uno de los principales temores de las pymes el coste y la complejidad de este tipo de informes para elaborar el Estado de Sostenibilidad, el marco europeo contempla estándares específicos para pequeñas y medianas empresas, de aplicación voluntaria o recomendable, pero alineados con la CSRD.
Por suerte, distintas instituciones académicas y financieras han desarrollado guías prácticas para recopilar la información necesaria sin recurrir a ninguna consultoría costosa, como la elaborada recientemente por las universidades de Jaén y Córdoba.
