- Las pymes españolas apenas protegen sus ideas y productos con patentes
- Las trabas y los costes impiden a muchas pymes patentar sus proyectos
Las pequeñas y medianas empresas españolas destacan en la investigación y el avance, especialmente en sectores estratégicos como la agroindustria. Pero lo cierto es que esa capacidad de innovación no se traduce proporcionalmente en derechos de propiedad industrial, según revela el informe del Instituo Cerdá, elaborado en la novena edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España.
Así, el informe muestra que, por cada 1.000 millones de euros de facturación en nuestro país, las pymes españolas del sector agroindustrial generan apenas 2,2 patentes. En comparación, la media de la Unión Europea alcanza las 6,7 patentes mientras que en Estados Unidos estas cifras se disparan hasta las 26,9 patentes. Esta brecha evidencia una debilidad estructural que afecta sobre todo a los negocios más pequeños, que conforman el 99,8% del tejido productivo español.
Las pymes españolas apenas protegen sus ideas y productos con patentes
El contraste entre la actividad investigadora y la protección de la innovación es, desde luego, significativo. Y es que aunque las publicaciones científicas en I+D+i se incrementan cada año, según datos del Instituto Cerdá, la conversión de todo ese conocimiento en patentes registradas es insuficiente.
En la agroindustria, por ejemplo, la relación entre publicaciones y patentes ha pasado de 19 publicaciones por patente en 2018 a 32 en 2024, lo que demuestra que el crecimiento del conocimiento académico supera con creces la protección legal de las invenciones. Y el informe da más datos esclarecedores: en el año 2024, las empresas agroindustriales españolas registraron sólo 171 patentes, frente a las 4.561 de la Unión Europea y las 9.921 de Estados Unidos.
Por su parte, en la industria alimentaria, las cifras son igualmente reveladoras: 254 patentes nacionales, 4.851 patentes europeas y 26.263 patentes estadounidenses. Este déficit representa un 67% menos de patentes respecto a la media europea y subraya la evidente necesidad de políticas de apoyo a la innovación con mayor enfoque en la protección legal.
Porque para las pymes y los autónomos, estos datos adquieren especial relevancia. Suelen enfrentarse a márgenes económicos más ajustados, recursos limitados y estructuras empresariales más frágiles que dificultan, aún más, la inversión en el registro de patentes. Mientras que las grandes corporaciones pueden destinar decenas de miles de euros a las tasas, la redacción técnica, la defensa legal y la extensión internacional que hace falta para registrar las ideas, las pymes deben evaluar si el coste compensa frente al retorno esperado.
Las pymes mencionan la falta de fondos propios como barrera para patentar
De hecho, según el informe, más del 30% de las empresas del gran consumo identifican la falta de fondos propios como una barrera para patentar, y otro 30% señala la dificultad para acceder a financiación externa, un clásico en el bagaje de las pequeñas y las medianas empresas.
Además, España registra un refuerzo inversor en I+D+i relativamente bajo en comparación con la media europea: alrededor del 1,30% del valor añadido bruto (VAB) en la cadena agroalimentaria, con la agricultura situándose en apenas 0,36% y la industria alimentaria en 1,9%, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Esta inversión es insuficiente y limita la capacidad de transformar la investigación y mejorar los procesos en derechos de propiedad industrial, creando un círculo infinito en el que innovar no conduce, en la mayoría de los casos, a patentar.
Las trabas y los costes impiden a muchas pymes patentar sus proyectos
A todos estos datos se añade el hecho de que el procedimiento para registrar una patente en España, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), exige cumplir criterios muy estrictos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
El proceso para cualquier pyme que se plantee patentar comienza con la búsqueda de antecedentes, que permitirá verificar que la invención en cuestión no se encuentre ya patentada y evaluar el estado de la técnica. Esto quiere decir que sin una investigación exhaustiva, la solicitud puede ser rechazada por falta de novedad o por considerarse obvia frente a tecnologías existentes.
Además, la redacción de la solicitud es otro desafío para cualquier empresa pequeña. Las reivindicaciones deben estar perfectamente formuladas para proteger la invención de posibles competidores, y cualquier error técnico o legal puede comprometer la validez de la patente. Por ello, desde la OEPM, se recomienda contar con un agente de patentes especializado, que combine los conocimientos técnicos y legales para garantizar una protección óptima.
El coste total de la tramitación es el principal escollo que encuentran la mayor parte de los negocios a la hora de patentar sus proyectos. Además de las tasas oficiales de la OEPM, que varían según tipo de patente y extensión territorial pero que pueden rondar entre los 500 euros y los 800 euros, sin contar otras tasas extras, están los honorarios de expertos implicados en el proceso y gastos de traducción si se busca protección internacional.
Ya sea a través de la Oficina Europea de Patentes, la EPO, o mediante solicitudes internacionales bajo el tratado PCT. Este conjunto de costes puede ascender a decenas de miles de euros, un desembolso que muchas pymes no pueden ni quieren asumir sin comprometer su viabilidad en el futuro.
Y por si esto no fuera suficiente, la realidad es que la concesión de una patente, después de todo, no garantiza la tranquilidad futura. Las solicitudes pueden enfrentar oposiciones de terceros y litigios legales, en los que se cuestiona la novedad, la actividad inventiva o la posible infracción de derechos previos. Por ello, mantener la vigilancia sobre los competidores y gestionar la defensa de la patente requiere, una vez más, tiempo, recursos y experiencia jurídica elementos que la mayoría de los autónomos y pymes suelen tener en cantidades limitadas.
