La contratación pública es uno de los grandes motores económicos de nuestro país, con un peso estimado de entre el 10% y el 20% del Producto Interior Bruto según los últimos datos del Ministerio de Economía.
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99,8% del tejido empresarial español, siguen teniendo un peso muy residual en los procesos de licitación pública, a pesar de los avances normativos introducidos en los últimos años.
De hecho, distintos estudios apuntan a que la participación de las pymes en la contratación pública es desproporcionadamente baja, gestionando solo alrededor del 28% al 35% de los contratos públicos.
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el objetivo declarado era facilitar el acceso a las pymes y los autónomos a los contratos de las administraciones públicas, fomentando así una mayor competencia y evitando la concentración de adjudicaciones en grandes empresas. No obstante, la experiencia acumulada demuestra que el impacto real de estas medidas ha sido desigual y, en muchos casos, insuficiente.
- La falta de planificación en las licitaciones provoca que los contratos se limiten a grandes empresas
- Obstáculos persistentes a los que se enfrenta las pymes y por las que son penalizadas
La falta de planificación en las licitaciones provoca que los contratos se limiten a grandes empresas
La normativa introdujo mecanismos concretos diseñados para reducir las barreras de entrada a las pymes. Entre ellos estaban, por ejemplo, la simplificación de trámites administrativos y, especialmente, la división de los contratos en lotes, una fórmula pensada para que empresas de menor tamaño puedan concurrir a partes del contrato sin asumir volúmenes inasumibles para su estructura.
Además, la ley obliga a los órganos de contratación a justificar expresamente cuando deciden no dividir un contrato en lotes. Sin embargo, en la práctica, esa obligación no siempre se traduce en una apertura real del mercado, ya que la fragmentación sigue aplicándose de forma limitada o meramente formal.
Según explican diversos expertos del Derecho Público, la falta de planificación previa en muchas licitaciones provoca que los contratos sigan diseñándose para grandes estructuras empresariales, dejando a las pymes en clara desventaja, incluso cuando cumplen con los requisitos técnicos.
Obstáculos persistentes a los que se enfrenta las pymes y por las que son penalizadas
Las dificultades que se suelen encontrar las pymes en la contratación pública han sido señaladas en numerosas ocasiones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en su guía sobre contratación pública y competencia publicada el pasado 2025 identificó una serie de obstáculos recurrentes.
Así, algunos de los principales problemas detectados fueron: la excesiva complejidad técnica de los procedimientos, especialmente en contratos de servicios; los requisitos de solvencia económica y técnica desproporcionados, que muchas pymes no pueden acreditar pese a contar con experiencia suficiente; los criterios de adjudicación restrictivos, que priman el tamaño o el volumen frente a la especialización y los sistemas rígidos de revisión de precios, que penalizan a empresas con menor capacidad financiera para absorber sobrecostes.
Y aunque estos obstáculos afectan a todo tipo de empresas, de todos los tamaños y sectores, la realidad es que su impacto es especialmente grave en las pymes, que disponen de menos recursos financieros y administrativos para preparar licitaciones complejas o asumir riesgos elevados. Por ello, los expertos coinciden en que no basta con cumplir formalmente la ley, sino que es necesario un cambio de enfoque por parte de las propias administraciones públicas, realizando, por ejemplo, estudios de mercado previos o reduciendo la carga documental.
