Trabajar con grandes empresas sigue siendo, para muchas pymes y autónomos, un objetivo estratégico. Para los pequeños negocios, suele aportar estabilidad comercial, volumen de facturación y visibilidad. Sin embargo, esa relación no siempre se traduce en seguridad financiera. Así se extrae del último informe elaborado por el Observatorio Europeo de Pagos.
Muy a menudo, las grandes corporaciones imponen largos plazos de pago, o porque muchas veces las pymes ceden en el atraso del pago de facturas por mantener un cliente estable económicamente, lo que crea rápidamente tensión en la liquidez de todas las pequeñas y medianas empresas de Europa.
De hecho, también la Comisión Europea ha advertido en distintos informes que los retrasos en los pagos impactan de forma desproporcionada a las pymes. Puesto que cuentan con menor capacidad financiera para absorber esos momentos prolongados, en los que la tesorería no puede seguir avanzando en el pago de sus propios gastos. Así, son muchas las pequeñas empresas que deben financiar durante meses operaciones ya realizadas y facturadas, mientras siguen afrontando nóminas, impuestos y el pago de proveedores.
- Los retrasos en los pagos: un problema estructural para las pymes europeas
- El adelanto de facturas para sobrevivir: las soluciones que están adoptando muchas pymes en Europa
Los retrasos en los pagos: un problema estructural para las pymes europeas
Más de la mitad de las pymes europeas reconoce sufrir problemas derivados de los retrasos en los pagos o de plazos excesivamente largos por parte de sus clientes. Esto es lo que recoge el último informe del Observatorio Europeo de Pagos antes mencionado, que sitúa este fenómeno como una de las principales amenazas para la estabilidad financiera del tejido empresarial de menor tamaño, que en nuestro país supone el 99,8% del total.
No obstante, el patrón se repite en distintos países y sectores. Las pymes, especialmente aquellas que trabajan como proveedoras de grandes grupos empresariales, aceptan plazos de pago de 60 o incluso 90 días como condición habitual para mantener esa relación comercial, teniendo en cuenta que, al menos en España, la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad establece un plazo máximo de 60 días naturales, que se acorta a 30 días para cumplir con la normativa de pagos públicos en caso de trabajar con administraciones. Pero aquí viene el problema: y es que en muchos casos el margen de negociación es limitado y rechazar esas condiciones supone, directamente, perder al cliente.
La Comisión Europea lleva años alertando de esta asimetría. Y aunque la normativa comunitaria establece también límites teóricos a los plazos de pago en operaciones entre empresas, en la práctica los grandes grupos imponen condiciones que las pequeñas compañías asumen para poder operar. El resultado es este trasvase silencioso de financiación desde las pymes hacia las empresas de mayor tamaño.
El problema, así las cosas, no suele ser la solvencia del pagador. En la mayoría de los casos, la factura acaba cobrando, pero el verdadero impacto está en el calendario de cobro. Porque durante semanas o meses la pyme mantiene en su balance derechos de cobro que no se traducen en efectivo disponible. Y esa liquidez retenida limita su capacidad de maniobra y aumenta su vulnerabilidad ante cualquier imprevisto.
Desde el punto de vista financiero, esta situación tiene un efecto claro sobre el capital circulante. La empresa vende, factura y cumple, pero no cobra a corto plazo. Mientras tanto, debe seguir afrontando sus gastos corrientes. Por ello, según la OCDE, la gestión del capital circulante es uno de los factores que más influyen en la resiliencia de las pequeñas empresas, especialmente en entornos como el que vivimos actualmente, de inflación, de subida de costes y de mayor presión fiscal.
Porque el factor más negativo de todos es que esta brecha se agrava en momentos de crecimiento, y cuanto más factura una pyme a grandes clientes con plazos largos, mayor es la necesidad de financiación para sostener ese volumen de actividad. Paradójicamente, crecer puede convertirse en un problema si no va acompañado de herramientas adecuadas para gestionar la tesorería.
Adelantar facturas para sobrevivir: las soluciones que están adoptando muchas pymes en Europa
Ante este escenario, cada vez más pymes están recurriendo a fórmulas que les permiten transformar esos derechos de cobro futuros en liquidez inmediata. Y no tratándolo precisamente como una solución de emergencia puntual, sino como una estrategia de gestión financiera que busca reducir la dependencia de los calendarios impuestos por los grandes clientes.
En concreto, una de las alternativas que más peso ha ganado en los últimos años es la financiación basada en facturas ya emitidas y validadas. La pequeña pyme cede el derecho de cobro de una factura a un tercero y recibe el importe antes de su vencimiento, descontando una comisión. El riesgo de pago, lógicamente, se analiza en función de la solvencia del cliente final, no de la pyme, y como son empresas grandes, es a menudo un riesgo muy bajo.
Este enfoque supone un cambio relevante con respecto a la financiación bancaria tradicional. Porque no se exigen avales personales ni líneas estructurales a largo plazo, sino que cada operación se analiza de manera individual y la empresa decide qué facturas anticipar y cuándo hacerlo, adaptándose así a las necesidades reales de su propia tesorería.
Desde el punto de vista operativo, anticipar facturas permite a las pymes estabilizar su flujo de caja. Y es que con liquidez inmediata, pueden planificar pagos con mayor seguridad, cumplir con Hacienda y la Seguridad Social en los plazos establecidos y negociar mejor con sus propios proveedores. También reduce, además, la necesidad de recurrir a pólizas de crédito permanentes para cubrir desfases temporales.
La realidad es que, volviendo al informe elaborado por el Observatorio Europeo de Pagos, muchas pymes toleran los retrasos porque perciben a las grandes empresas como clientes más fiables a largo plazo. Sin embargo, esa tolerancia tiene un coste oculto, que es la falta constante de liquidez que limita la capacidad de inversión, frena la contratación y aumenta la dependencia de financiación externa, lo que hace que, en resumidas cuentas, la empresa tenga más problemas para crecer.
