- Las empresas que reciban la ayuda no podrán despedir hasta 2027 por causas relacionadas
- Los autónomos y las pymes que no cumplan con la norma tendrán que devolver la ayuda
- A qué sectores afecta más esta medida
- Cómo afecta esta medida a las contrataciones y la planificación en los negocios
Con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2025, el Gobierno vuelve a vincular el apoyo económico al mantenimiento del empleo, como ya hizo durante la pandemia y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Esta vez, los autónomos y pymes que reciban ayudas no podrán justificar despidos por el aumento de los costes energéticos hasta final de 2026.
Algunas de estas medidas que se han ido poniendo en marcha son subvenciones directas para compensar el sobrecoste energético, bonificaciones o descuentos energéticos -especialmente para la industria-. Además, los negocios que se acojan a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que reduzcan la jornada o suspendan el contrato por causas relacionadas con la invasión de Ucrania tampoco podrán utilizar esos mismos motivos para despedir.
Recibir una ayuda pública ya no es sólo una cuestión de liquidez. Para autónomos y pymes, también implica asumir compromisos laborales que condicionan cómo pueden gestionar su plantilla. Según explicó Jesús Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales, la medida refuerza una idea clave: “Priorizar mecanismos de ajuste interno frente al despido para proteger el empleo ante situaciones sobrevenidas como el encarecimiento energético”.
En la práctica, esto obliga a autónomos y pequeñas empresas a planificar con más cautela y a valorar bien cómo estas condiciones afectan a sus decisiones de contratación y organización del negocio.
Las empresas que reciban la ayuda no podrán despedir hasta 2027 por causas relacionadas
La principal novedad es clara: las empresas beneficiarias de ayudas directas no podrán utilizar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2026.
Tampoco podrán despedir por las mismas razones que hayan justificado reducciones de jornada o suspensiones de contrato vinculadas a la guerra de Ucrania, siempre que esas medidas cuenten con apoyo público.
En Garrigues abogados recuerdan que “en aquellas empresas beneficiarias de ayudas directas al amparo de la norma, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2026”, y que el incumplimiento de esta obligación “conllevará el reintegro de la ayuda recibida”.
Para Jesús Bravo, el impacto va más allá del plano legal. “Las ayudas públicas no son neutras. Además de aliviar costes, imponen condiciones de comportamiento empresarial, reduciendo el margen de decisión, especialmente en autónomos con empleados y pymes, donde el coste laboral es clave”, explicó a este diario.
Aceptar una subvención ya no significa sólo recibir apoyo económico, sino asumir compromisos que limitan la capacidad de ajustar la plantilla cuando sube la factura energética.
Los autónomos y las pymes que no cumplan con la norma tendrán que devolver la ayuda
El incumplimiento de estas condiciones no se queda en una simple advertencia. La consecuencia directa es la devolución de la ayuda pública recibida.
En Ecija abogados subrayaron también que la norma “refuerza la condicionalidad laboral vinculada a determinadas ayudas públicas” y que vulnerar la prohibición de despedir implica que “el incumplimiento de esta limitación conlleva el reintegro de la ayuda recibida”.
Para muchos autónomos y pymes, esta devolución puede suponer un golpe importante a la tesorería, especialmente si ya contaban con ese dinero para sostener su actividad.
Jesús Bravo alertó de que la devolución de ayudas “introduce un riesgo asimétrico, por lo que la ayuda pasa de ser automática a estratégica”. Es decir, solicitar una subvención exige ahora valorar no sólo el beneficio inmediato, sino también las obligaciones que conlleva.
Aunque la norma no prohíbe todos los despidos, sí “estrecha las causas justificables y aumenta el riesgo jurídico y financiero”, lo que obliga a actuar con mayor prudencia.
A qué sectores afecta más esta medida
La prohibición de despedir por el encarecimiento de la energía hasta 2027 obliga a las empresas a anticipar su planificación durante todo este año.
“El impacto será desigual según el sector y el tamaño de la empresa”, señaló Bravo, pero en general la medida empuja a una planificación más conservadora.
En sectores donde la energía tiene un peso importante en los costes, como la hostelería, el comercio o la industria, esta limitación puede condicionar seriamente las decisiones empresariales.
Además, el impacto no será el mismo para todos. “Empresas intensivas en energía y autónomos con pocos empleados tendrán menos margen”, advirtió el presidente de Economistas Asesores Laborales.
Para Jesús Bravo, esta medida cambia la forma de gestionar los negocios: “Aceptar la ayuda obliga a planificar a medio plazo sin recurrir al despido como ajuste rápido, lo que favorece una gestión más conservadora y profesionalizada”.
Cómo afecta esta medida a las contrataciones y la planificación en los negocios
Las nuevas condiciones asociadas a las ayudas públicas también influyen en cómo los negocios organizan su futuro.
Según explicó Jesús Bravo, ante estas restricciones es previsible que muchas empresas:
- Sean más prudentes en nuevas contrataciones indefinidas.
- Refuercen la subcontratación y los servicios externos.
- Aceleren la automatización y la digitalización para reducir costes rígidos y energéticos.
Para autónomos y pymes, esto puede traducirse en una mayor cautela a la hora de ampliar plantilla, en estructuras más flexibles y en una búsqueda constante de eficiencia para contener costes sin recurrir al despido.
Como resumió Jesús Bravo, “la medida refleja la tensión entre la protección del empleo y la flexibilidad empresarial”. Más que una simple prohibición, “la ayuda se convierte en un compromiso: el reto para pymes y autónomos será seguir siendo viables dentro de ese marco”.
