- El campo español cree que el pacto supondría distintas reglas de juego y competencia desleal
- Temen que no se respeten los mecanismos previstos por ley, como en acuerdos anteriores
- Los agricultores critican las negociaciones del Gobierno español
- Un margen que quieren aprovechar para mejorar el acuerdo
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que llevaba más de dos décadas de negociaciones y que estaba a punto de firmarse, ha quedado en suspenso tras el bloqueo político de varios Estados miembros. El aplazamiento, provocado por el rechazo de Francia y las dudas de Italia y Polonia, ha terminado por dar la razón a los autónomos del campo y los pequeños negocios agrarios españoles, que llevan meses advirtiendo de los riesgos para su competitividad, tal y como publicó este diario el pasado mes de septiembre.
Para las explotaciones agrarias familiares y las micropymes del sector primario, la paralización del acuerdo supone, a corto plazo, un freno a la entrada de productos agroalimentarios procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que podrían competir en precio con producciones nacionales sometidas, eso sí, a mayores exigencias sanitarias, laborales y medioambientales. Al mismo tiempo, el escenario abierto también genera dudas sobre el futuro de las exportaciones españolas de aceite, vino, frutas, hortalizas o carne, en un contexto de costes crecientes y márgenes cada vez más ajustados.
Las organizaciones agrarias españolas han recibido el aplazamiento con alivio contenido, pero advierten de que el problema no es el calendario, sino el contenido del acuerdo. Desde el sector insisten en que, tal y como está planteado, el pacto corre el riesgo de convertir al agricultor europeo en moneda de cambio dentro de una estrategia comercial que prioriza otros intereses industriales frente a la viabilidad del campo.
El campo español cree que el pacto supondría distintas reglas de juego y competencia desleal
La crítica más repetida por las organizaciones agrarias es la ausencia de garantías claras de reciprocidad en las condiciones de producción. Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), resumió esa preocupación al señalar que su organización valora “que se hable de salvaguardas y controles. Pero el problema de fondo no se resuelve con un ‘parche’, si el acuerdo nace sin la condición esencial que llevamos tiempo reclamando: reciprocidad”. En su opinión, el riesgo no es el comercio en sí, sino que se consolide una competencia desleal estructural.
Esa misma idea aparece en el análisis de Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien subrayó que no están “en contra de que entren productos de fuera, pero siempre y cuando no sean productos sustitutivos de los que ya producimos aquí”. A su juicio, el problema surge cuando los productores europeos compiten con mercancías que no cumplen las mismas normas y que llegan al mercado en condiciones de clara ventaja.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) insiste en que el aplazamiento es consecuencia directa de la presión del sector. Según su secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche, “la presión que hemos ejercido los agricultores europeos ha hecho que la CE y varios Estados miembros se replanteen un acuerdo en el que agricultores y ganaderos podían salir perjudicados”. Roche considera positivo que se haya frenado la firma.
Temen que no se respeten los mecanismos previstos por ley, como en acuerdos anteriores
Uno de los argumentos más recurrentes entre las organizaciones agrarias es la desconfianza hacia las estipulaciones de salvaguarda, cuya eficacia ponen en duda a la vista de acuerdos comerciales anteriores. Miguel Padilla recuerda que “en otros acuerdos, como el de Marruecos, las cláusulas de salvaguardia no se han aplicado nunca y se han producido distorsiones graves del mercado”. Según COAG, ese precedente explica por qué el sector no cree que, esta vez, los mecanismos prometidos vayan a funcionar de forma real y ágil.
Pedro Barato coincide en que cualquier sistema de protección que no actúe desde el inicio llega demasiado tarde. “Si la reciprocidad no está blindada desde el principio, la salvaguarda llega cuando el daño ya está hecho”, advierte el presidente de Asaja, que reclama controles equivalentes y exigencias comparables para los productos importados. En su análisis, la desigualdad normativa rompe el mercado y penaliza especialmente a los pequeños productores.
En UPA, José Manuel Roche añade otro elemento al debate al denunciar la falta de transparencia del proceso negociador. “Seguimos pensando que el acuerdo se ha negociado con poca transparencia y sin evaluar de forma clara el impacto que podía tener para el sector agrario”, explica, al tiempo que reclama que cualquier avance futuro vaya acompañado de compensaciones para los sectores que puedan resultar perjudicados.
Los agricultores critican las negociaciones del Gobierno español
Más allá del contenido del acuerdo, las organizaciones agrarias cuestionan la posición mantenida por el Gobierno español en Bruselas. Pedro Barato considera que España no ha defendido con la misma contundencia que otros países los intereses de su sector primario. “Francia está negociando, Italia está negociando y aquí echamos en falta una estrategia española más firme para condicionar el acuerdo a mejoras reales”, afirma, al tiempo que lamenta la ausencia de un posicionamiento claro del presidente.
Miguel Padilla es aún más crítico con el Ejecutivo, al que acusa de tratar históricamente la agricultura como una moneda de cambio. “Somos una potencia agraria y ganadera, pero el Gobierno impulsa este acuerdo como si el sector no tuviera importancia”, sostiene el secretario general de COAG, que interpreta el aplazamiento como resultado de la presión ejercida en otros países, no de una iniciativa española.
Y en UPA, José Manuel Roche subraya que el diálogo con el Gobierno y con las instituciones europeas continuará en las próximas semanas. “Vamos a seguir hablando con Moncloa y con Bruselas para que, si se lleva adelante un acuerdo de estas características, se tenga muy en cuenta el impacto y las compensaciones necesarias”, explicó, insistiendo en que el freno actual no significa renunciar a la movilización.
Un margen que quieren aprovechar para mejorar el acuerdo
El aplazamiento del acuerdo deja ahora un margen temporal que las organizaciones agrarias quieren aprovechar para reabrir aspectos clave del texto. José Manuel Roche considera que las próximas semanas serán decisivas para comprobar si la CE corrige el rumbo. “En UPA, esperamos que se tenga más en cuenta al sector agrario y ganadero europeo y que estos acuerdos no beneficien únicamente a determinados sectores industriales”, concluyó.
Para Asaja, este tiempo debe servir para “mejorar el propio acuerdo y no sacrificar a los sectores sensibles”, en palabras de Pedro Barato, que recordó que España también es un país exportador y necesita reglas claras para competir en igualdad.
COAG, por su parte, mantiene la presión con el objetivo explícito de que el acuerdo no se firme en las condiciones actuales. “Desde luego vamos a luchar para que se rechace el acuerdo”, afirmó Miguel Padilla, que admitió que el desenlace dependerá en gran medida de la postura final de países como Italia y de la capacidad de los agricultores europeos para seguir influyendo en la agenda política.
