La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha planteado la creación de una carta con 82 nuevos derechos del contribuyente, con el objetivo de informar a los autónomos y pymes sobre sus derechos frente a inspecciones y sanciones de Hacienda, dada la creciente presión normativa y control digital. La iniciativa, presentada junto a un nuevo observatorio específico, pone el foco en cómo estos cambios afectan directamente a autónomos y pequeños negocios.
El documento recoge derechos vinculados a aspectos clave para los pequeños negocios, como la posibilidad de corregir errores sin sanción cuando haya buena fe, el derecho a no autoincriminarse o límites a los requerimientos masivos de información. Según explicó Daniel Gómez-Olano, coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF, “la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de la recaudación tributaria han relegado a un segundo plano los derechos de los contribuyentes”.
La propuesta también advierte del impacto de la digitalización y del uso de inteligencia artificial en los procedimientos fiscales, un ámbito que afecta de forma creciente a autónomos obligados a relacionarse electrónicamente con Hacienda. Gómez-Olano alertó de que estas herramientas “amenazan con socavar derechos básicos como el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la no autoincriminación”.
- Los expertos fiscales denuncian un deterioro de las garantías de los autónomos frente a Hacienda
- La digitalización y el uso de inteligencia artificial cambian la relación entre Hacienda y las empresas
- Los expertos reclaman más equilibrio entre recaudación y garantías del contribuyente
Los expertos fiscales denuncian un deterioro de las garantías de los autónomos frente a Hacienda
En la asociación sostienen que el sistema tributario ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo más orientado a la recaudación que a la protección de derechos, con un aumento de normas y criterios que generan inseguridad jurídica. “Se han creado círculos viciosos en los que el poder ejecutivo establece las normas sin revisión del poder legislativo ni de los órganos constitucionalmente exigibles”, señaló Gómez-Olano, en referencia a la proliferación de cambios normativos.
Esta situación, según los expertos, afecta especialmente a autónomos y pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para defenderse frente a actuaciones administrativas complejas o sanciones. Además, advierten de que la interpretación restrictiva de los derechos y la aplicación intensiva de controles incrementan el riesgo de errores y conflictos fiscales.
Así las cosas, la carta propone reforzar principios básicos como la presunción de buena fe del contribuyente o el derecho a elegir la opción fiscal menos gravosa dentro de la legalidad. También plantea que las decisiones automatizadas o apoyadas en inteligencia artificial deban ser comprensibles y transparentes, de forma que el contribuyente pueda conocer cómo se ha llegado a una determinada conclusión.
Entre las propuestas más relevantes figura el reconocimiento del derecho a no aportar información de forma desproporcionada y a que la Administración justifique la utilidad de los datos solicitados. Esto cobra especial importancia en un entorno en el que los requerimientos de información masiva son cada vez más frecuentes y afectan a múltiples sectores.
La digitalización y el uso de inteligencia artificial cambian la relación entre Hacienda y las empresas
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el impacto de la tecnología en la relación entre contribuyente y Administración, que ha transformado tanto la gestión de impuestos como los mecanismos de control. Para los expertos, este cambio exige actualizar el marco de derechos para evitar situaciones de indefensión.
En este sentido, AEDAF plantea que los ciudadanos tengan derecho a saber si se han utilizado algoritmos en su caso y a entender cómo funcionan, incluyendo el origen de los datos empleados. Además, reclama que siempre exista intervención humana en las decisiones finales para evitar automatismos que puedan derivar en errores o sanciones injustificadas.
La carta también introduce el derecho a la desconexión digital tributaria en determinados periodos, así como limitaciones a la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración cuando el contribuyente no disponga de los medios o conocimientos necesarios. Estas medidas buscan adaptar el sistema a la realidad de muchos autónomos, especialmente en sectores menos digitalizados.
Otro de los aspectos destacados es la necesidad de reforzar el control judicial sobre las actuaciones de Hacienda y mejorar los plazos de resolución de conflictos, un problema recurrente que afecta a miles de contribuyentes. En este punto, los expertos advierten de la falta de tribunales especializados en materia tributaria y de la saturación de los órganos existentes.
Los expertos reclaman más equilibrio entre recaudación y garantías del contribuyente
Más allá de las medidas concretas, la iniciativa pretende abrir un debate sobre el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el fraude y el respeto a los derechos fundamentales. Según Gómez-Olano, “es esencial establecer un derecho a la dignidad humana del que deberían deducirse otros derechos, como el derecho de los ciudadanos a no ser instrumentalizados con fines tributarios”.
Esta asociación considera que el actual modelo puede generar desconfianza entre los contribuyentes si no se corrigen determinadas prácticas, lo que a medio plazo podría afectar incluso al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En este sentido, subrayan la importancia de un sistema más transparente y equilibrado.
El observatorio creado por AEDAF tendrá como función analizar estas situaciones, detectar posibles vulneraciones de derechos y formular propuestas de mejora normativa, además de publicar informes periódicos sobre el estado de las garantías del contribuyente en España. Según explicó Gómez-Olano, el objetivo es “vigilar a quienes nos vigilan” y actuar como contrapoder desde la sociedad civil.
Entre las propuestas también se incluye la necesidad de mejorar la educación cívico-financiera, para que los ciudadanos comprendan mejor el sistema tributario y sus obligaciones, así como sus derechos. Esta medida, según los expertos, contribuiría a reducir conflictos y mejorar la relación entre contribuyentes y Administración.
La iniciativa se trasladará a los grupos parlamentarios y a la Administración tributaria con el objetivo de impulsar cambios legislativos que refuercen la protección de los contribuyentes, dado que la situación es cada vez más compleja y digitalizada.
