La rapidez con la que un autónomo o una pyme puede resolver un litigio comercial en España depende cada vez más de la ciudad donde tenga su negocio. Según los datos difundidos a partir del nuevo informe Business Ready del Banco Mundial, un procedimiento mercantil ordinario puede resolverse en unos 410 días en Valladolid, mientras que en Barcelona puede prolongarse hasta 1.035 días, más del doble.
Esa diferencia, que supera los 625 días, puede marcar la capacidad de muchos pequeños negocios para recuperar una deuda, resolver un incumplimiento contractual o evitar un problema grave de liquidez. De hecho, este informe internacional alerta de que estas diferencias territoriales están afectando a la competitividad empresarial y a la actividad económica de las pymes españolas.
Sobre todo, a tenor de la situación actual de muchas pymes y autónomos que están trabajando con márgenes reducidos y con una elevada –e indeseada– dependencia de la tesorería diaria. La situación resulta por eso delicada en litigios relacionados con facturas impagadas, conflictos con proveedores, concursos de acreedores o incumplimientos de contratos comerciales.
Mariano González Revilla, socio de reestructuraciones de Falcón Abogados, advirtió a este diario de que esperar “uno, dos o más años para obtener una sentencia puede provocar graves problemas de tensión de tesorería, bloquear el crecimiento o dificultar el pago a proveedores, trabajadores y resto de acreedores”. El experto añadió además que un retraso judicial “más prolongado de lo habitual puede empujar incluso a negocios viables hacia situaciones de insolvencia o cierre”; en especial, cuando dependen de recuperar en los juzgados cantidades pendientes de cobro.
Los concursos de acreedores y los impagos concentran buena parte de los litigios de pymes
El propio Banco Mundial identifica la resolución de disputas comerciales como uno de los puntos en los que España muestra importantes problemas de eficiencia. Aunque el país obtiene 71 puntos sobre 100 en esta materia, dentro del índice Business Ready, el estudio refleja que siguen existiendo dificultades importantes relacionadas con los tiempos de tramitación y la capacidad operativa del sistema judicial.
En paralelo, el informe señala otras trabas burocráticas y administrativas que afectan a las empresas. Abrir una sociedad en España requiere una media de 16 días, mientras que obtener un permiso de construcción puede demorarse hasta 180 días y un permiso ambiental alcanzar los 140 días. El organismo también sitúa la fiscalidad española entre los apartados peor valorados del estudio, con apenas 52 puntos sobre 100.
Para Mariano González, los conflictos que más llegan a los juzgados mercantiles relacionados con autónomos y pequeños negocios siguen estando vinculados a “impagos, incumplimientos contractuales y situaciones de insolvencia”.
Según explicó el experto, las reclamaciones de cantidades derivadas de facturas impagadas son sumamente frecuentes “en sectores en los que existe una fuerte cadena de pagos entre pymes, como ocurre en la construcción o determinados servicios profesionales”.
El letrado y socio de Falcón Abogados señaló además que cada vez aparecen más concursos de acreedores relacionados con “problemas de liquidez prolongados, incremento de costes financieros o acumulación de deuda tributaria y con proveedores”.
En su opinión, muchos procedimientos terminan agravándose porque los retrasos judiciales convierten “situaciones inicialmente asumibles en problemas económicos mucho más complejos para autónomos y pequeñas compañías”.
La saturación de algunos juzgados agrava las diferencias entre territorios
Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es que estas diferencias no dependen de la legislación, que es común en toda España, sino de la carga de trabajo y los recursos disponibles en cada territorio. El Banco Mundial advierte de que algunas ciudades concentran una presión judicial muy superior a otras; en concreto, en grandes polos económicos donde se acumulan litigios mercantiles y procedimientos concursales.
Según apunto, con criterio certero, Mariano González, “hay provincias con juzgados mucho más saturados, mayor volumen, menos personal, menor especialización y una digitalización menos eficaz”. A su juicio, esta situación provoca que procedimientos similares “tengan duraciones muy distintas según dónde y cuándo se tramiten”; algo que termina generando una clara desigualdad entre negocios que operan bajo la misma normativa.
El experto explicó además que territorios como Madrid, Barcelona o Valencia soportan una presión más elevada que el resto, debido a su mayor actividad económica y empresarial. Cuando esa carga no va acompañada de más funcionarios, medios tecnológicos o refuerzos organizativos, los retrasos acaban acumulándose durante meses o incluso años.
A juicio del socio de Falcón Abogados, esta situación provoca incluso diferencias competitivas entre empresas dependiendo del lugar donde litigan. “Una pyme puede estar en mejor posición que otra no por la ley, sino por el juzgado en el que solicite su amparo”, afirmó el letrado, que considera innecesariamente perjudicial esta desigualdad “para autónomos y pymes con menos capacidad financiera para soportar procedimientos largos”.
Muchos pequeños negocios terminan endeudándose mientras esperan sentencia
La lentitud de determinados procedimientos judiciales tiene además consecuencias directas sobre la actividad diaria de los negocios afectados. En muchos casos, las empresas deben seguir afrontando pagos corrientes mientras esperan una resolución judicial sobre cantidades pendientes de cobro o conflictos comerciales que afectan directamente a su actividad.
Mariano González advirtió de que estas demoras pueden traducirse en “retrasos en pagos a proveedores, dificultades para abonar nóminas, imposibilidad de crecimiento, necesidad de endeudarse para cubrir circulante e incluso pérdida de clientes o proyectos”. El problema se agrava todavía más cuando el deudor empeora su situación económica durante el proceso y la sentencia llega demasiado tarde para recuperar el dinero reclamado.
“Para un autónomo o una pequeña empresa, la diferencia entre resolver un asunto de forma ágil o con un retraso de años puede ser la diferencia entre superar un problema puntual o acabar en concurso de acreedores”, resumió el socio de reestructuraciones de Falcón Abogados.
