Los autónomos de sector primario han descubierto con preocupación los detalles del nuevo pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) que impuso tasas del 15%, en lugar del 35% a los productos que exportan los europeos.

Tras el alivio inicial, agricultores y ganaderos españoles denuncian que la letra pequeña del acuerdo es una «barbaridad» porque permitirá a los estadounidenses inundar el mercado europeo con alimentos con menos controles producidos a menor coste en lo que calificaron como una «competencia desleal».

Y es que, mientras muchos autónomos del campo deben asumir la elevada factura que impone las regulación comunitaria, Bruselas flexibilizará los controles solo para productos estadounidense como el porcino, el vacuno, las hortalizas o los lácteos, los pilares del sector primario español.

La letra pequeña del acuerdo comercial concede «acceso preferente» a productos estadounidenses 

El texto establece que la UE elimina los aranceles a los bienes industriales de EEUU y, a cambio, concede acceso preferente a determinados productos agrícolas y pesqueros estadounidenses, entre los que se encuentren productos muy relevantes para los productores españoles.

En el listado que se conoció el pasado 21 de agosto a través de una nota de prensa emitida por Bruselas, se incluyen los frutos secos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas frescas y procesadas, las semillas de siembra, el aceite de soja, la carne de cerdo e, incluso, los mariscos.

Además, los representantes del campo español han puesto el foco en la «competencia desleal» que provocarán estas importaciones como consecuencia de que la UE aceptará ajustes en sus normativas medioambientales y sanitarias para facilitar la entrada de productos americanos pero excluirán a las europeas.

El propio texto del acuerdo detalla que Bruselas llevará a cabo una «simplificación de los certificados sanitarios para porcino y lácteos». También justifica que los americanos no cumplan el reglamento de deforestación porque su producción plantea un «‘riesgo insignificante» . E incluso anuncia que flexibiizará el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) y las directivas de sostenibilidad (CSRD y CSDDD), incluidas las obligaciones de transición climática y responsabilidad civil.

De esta forma, los alimentos que EE.UU. exporte tendrán que cumplir menos requisitos que los producidos dentro de la UE, lo que portavoces del sector primario español han calificado como una «barbaridad».

Estados Unidos, por su parte, aplicará a los productos europeos un arancel general del 15% en lugar de exigir un 35% a todas las exportaciones europeas, tal y como amenazó Donald Trump a comienzos de agosto.

A ello se suma que la UE también ha firmado compromisos estratégicos que tienen que ver con la compra de 750.000 millones de dólares en energía estadounidense o la promesa de que empresas europeas invertirán 600.000 millones en EE.UU. Concesiones que se suman al ya decidido aumento del gasto en defensa que se hará, precisamente, a costa de la Política Agraria Común (PAC).

Los aranceles no son el mayor problema del sector primario

En una conversación con este medio, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, matizó si bien los aranceles fijados por EEUU pueden perjudiciales, “lo realmente peligroso son las condiciones en que van a dejar entrar las producciones de Estados Unidos en la Unión Europea”.

Según Padilla, la entrada de productos como carne de vacuno, porcino o lácteos se producirá gracias a una rebaja en los estándares europeos. “En Estados Unidos se utilizan hormonas o fitosanitarios prohibidos en Europa desde hace años. Si se flexibilizan estas normas para que sus productos entren con alfombra roja, hablamos de una competencia totalmente desleal. Es una barbaridad”.

Además, Padilla alertó de la entrada masiva de semillas estadounidenses con copyright, que obligarían a los agricultores a pagar regalías cada campaña y abandonar variedades tradicionales. 

Del mismo modo que recordó en la exención práctica de EEUU en la normativa europea de deforestación, que les permite vender en Europa con menos exigencias medioambientales que a los productores locales; y, en general, la incoherencia de mantener la legislación más estricta del mundo en la UE mientras se abre la puerta a carne con hormonas, transgénicos o fitosanitarios prohibidos.

Los autónomos del campo temen la competencia desleal de importaciones que no cumplen los mismos controles
Los autónomos del campo temen la competencia desleal de importaciones que no cumplen los mismos controles.

El riesgo del efecto dominó: terceros países ya exportan a Europa

Nuestro país es uno de los protagonistas del mercado agroalimentario global como el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva, tercer productor de vino tras Italia y Francia, y tercer productor porcino del planeta

Precisamente por ese peso internacional, la posibilidad de que Europa se convierta en el destino de excedentes de terceros países preocupa aún más a los agricultores españoles, que temen ver cómo la avalancha de importaciones desestabiliza los precios en mercados donde España debería competir en igualdad de condiciones.

Padilla explicó que, al quedar bloqueada su entrada en Estados Unidos por los nuevos aranceles, países como México, Argentina o incluso productores asiáticos podrían redirigir sus exportaciones hacia Europa.

El aguacate mexicano es un caso claro ya que “si no pueden venderlo en Estados Unidos, su mercado natural será la Unión Europea”, señaló Padilla.

Es, de hecho, lo que ocurrirá con la almendra española que no podrá competir con la de California, el mayor productor mundial de este fruto seco y el que marca los precios internacionales. La apertura preferente a su almendra podría hundir la rentabilidad de los agricultores mediterráneos de la que dependen muchas familias.

Pero también puede ocurrir algo similar con productores de vino como Argentina y Australia, que podrían competir directamente con el español.

También otros excedentes agrícolas del Este que, al tener una barrera de entrada muy elevada para el mercado norteamericano, buscarán salida en Europa, como de hecho ya ha ocurrido con el grano ucraniano.

Un análisis del acuerdo por parte de Funcas coincide con esta preocupación del sector primario español ya que recoge como  Europa se ha convertido en mercado de compensación para exportadores de terceros países afectados por la política comercial de Washington.

Estos expertos expresaron su preocupación por “el desequilibrio desbocado de los intercambios con China”  que han llevado a la caída de las exportaciones europeas hacia el gigante asiático mientras que las compras de productos chinos se elevaron y lo atribuyen a que “intentan compensar en el mercado europeo el endurecimiento de la política comercial de Trump”.

El problema, insistió el secretario general de la COAG, es que “no podemos competir con productos que llegan de países con costes de producción ínfimos y sin cumplir las exigencias que nosotros sí respetamos”.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) coincidió con la COAG asegurando que “la apertura indiscriminada al mercado estadounidense pone en riesgo sectores estratégicos para nuestro país, sin recibir contrapartidas claras”.

Ambas organizaciones denuncian que se favorece a la industria y a la energía, mientras que la agricultura vuelve a cargar con los sacrificios de la negociación y se utiliza como moneda de cambio.

Las asociaciones agrarias desconfían de las autoridades españolas y europeas

El malestar en el campo español llegó el miércoles a los despachos del Gobierno ya que el Ministerio de Economía había convocado a las principales organizaciones agrarias a una reunión para explicarles el acuerdo. 

Allí, el secretario general de la COAG confirmó sus impresiones y trasladó al ministro Carlos Cuerpo que este acuerdo «legitima una competencia desleal intolerable» por lo que le pidieron que el Ejecutivo español rechace los términos del acuerdo en el seno de todas las instituciones europeas.

Así, mientras las autoridades comunitarias celebraron un pacto calificado como histórico, en los pueblos y explotaciones españolas la percepción es muy distinta porque su letra pequeña aumenta la factura que, a medio y largo plazo, deberán pagar los agricultores y ganaderos.