La escalada del precio del combustible por el conflicto en Oriente Próximo ha abierto un nuevo frente en el campo español. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que los autónomos y pymes agrarias están sufriendo una “especulación masiva” en el gasóleo, lo que está disparando sus costes y poniendo en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones.
En un comunicado reciente, la organización ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas que actúen con urgencia para frenar estos movimientos, que consideran injustificados. Según explican, el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino a distorsiones en el mercado que están penalizando especialmente al sector primario.
Esta misma denuncia la hicieron hace una semana los autónomos y empresarios del transporte, que aseguraron sufrir subidas injustificadas en los precios del carburante que habían subido sus costes medios mensuales hasta 1.500 euros por camión.
El problema se agrava en un contexto en el que los agricultores y ganaderos dependen en gran medida de insumos como el gasóleo o los fertilizantes. Este aumento de costes llega, además, en plena campaña de siembra de primavera, lo que multiplica su impacto en la planificación de las explotaciones. Por ello, UPA exige un plan de ayudas “ambicioso y ágil” que permita sostener la actividad y evitar pérdidas generalizadas.
Los agricultores denuncian subidas especulativas del gasóleo que usan los profesionales
Uno de los elementos que más preocupa al sector es la evolución del gasóleo agrícola, conocido como gasóleo B. Según denuncia UPA, este combustible ha experimentado subidas muy superiores a las del gasóleo convencional utilizado por los vehículos particulares.
En concreto, mientras el gasóleo A ha subido alrededor de 20 céntimos por litro, el gasóleo B ha registrado incrementos de entre 35 y 40 céntimos. Una diferencia que, según los agricultores, no tiene justificación técnica, ya que ambos productos son prácticamente idénticos desde el punto de vista químico.
Para la organización agraria, esta divergencia solo puede explicarse por un fenómeno de especulación en el mercado. “La única explicación es la especulación”, han señalado, denunciando que los profesionales del campo están siendo especialmente perjudicados por estas dinámicas.
España es el segundo país donde más ha subido el carburante, afirman los agricultores
Además, UPA ha puesto el foco en el contexto internacional. Según la organización, España es «el segundo país de la Unión Europea donde más han subido los carburantes» desde el inicio del conflicto en Irán, pese a que su dependencia del gasóleo procedente de esa zona es relativamente baja. Esto refuerza, a su juicio, la idea de que el encarecimiento no responde únicamente a factores geopolíticos.
La organización también ha criticado los beneficios obtenidos por las grandes petroleras en este periodo. Según sus datos, las seis principales compañías que operan en España han ganado en bolsa más de 217.000 millones de euros desde el inicio de la guerra, lo que consideran un indicio más de que se están produciendo movimientos especulativos.
Ante esta situación, UPA ha solicitado que los indicios detectados se trasladen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigue y actúe. El objetivo es determinar si se están produciendo prácticas contrarias a la competencia que estén inflando artificialmente los precios.
Los clientes también están lanzando ofertas más bajas a los ganaderos
El impacto del encarecimiento de los costes no se limita al combustible. UPA ha advertido de que los agricultores y ganaderos están sufriendo una presión adicional por parte de sus clientes, que están intentando ajustar los precios a la baja pese al aumento de los gastos.
Uno de los casos más claros se está produciendo en el sector lácteo. Según la organización, los ganaderos están recibiendo ofertas que contemplan reducciones de hasta ocho céntimos por litro de leche, justo en un momento en el que sus costes han aumentado en torno a siete céntimos por litro desde el inicio del conflicto.
Esta situación, que califican de “incomprensible”, pone en evidencia el desequilibrio en la cadena alimentaria. Mientras los costes de producción se disparan, los precios que reciben los productores en algunos casos disminuyen.
UPA considera que este tipo de prácticas podría vulnerar la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que los contratos deben cubrir al menos los costes de producción. Por ello, ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a las comunidades autónomas que intensifiquen la vigilancia y garanticen el cumplimiento de la normativa.
Además, la organización reclama que se actualicen los estudios de costes que sirven de referencia para los contratos entre los distintos eslabones de la cadena. Esto permitiría reflejar mejor la realidad actual del sector y evitar acuerdos que perjudiquen a los productores.
