Las organizaciones agrarias volverán a sacar los tractores a la calle a finales de enero, en un nuevo ciclo de protestas que tendrá su punto álgido el día 29 y que busca visibilizar la falta de rentabilidad de muchas explotaciones. La convocatoria, impulsada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), vuelve a poner sobre la mesa el malestar del campo por el acuerdo con Mercosur, los cambios previsibles en la Política Agrícola Común (PAC) y el aumento de costes.
Para los autónomos del campo y las pequeñas explotaciones, el foco está en el impacto directo sobre sus ingresos, porque las organizaciones han advertido de que la futura PAC puede traducirse en recortes relevantes de ayudas. En los últimos días, el propio sector ha alertado de pérdidas medias de hasta 8.000 euros anuales por explotación si se materializan los ajustes planteados. Una cifra que, en muchos casos, condiciona la continuidad del negocio.
Las movilizaciones se concentrarán entre el 26 y el 30 de enero, con tractoradas, concentraciones y manifestaciones en distintos puntos del país, aunque el día señalado para el mayor volumen de acciones es el 29, descrito como un “súper-jueves” de protestas. El calendario se está completando por territorios y se irá concretando durante los próximos días, con acciones convocadas tanto en capitales como en nodos geográficos logísticos.
- Los agricultores protestan contra el acuerdo de Mercosur y temen la competencia desleal
- Las tractoradas denunciarán los recortes en la PAC, costes y burocracia
- Un calendario de protestas que ya ha empezado y crece por territorios
Los agricultores protestan contra el acuerdo de Mercosur y temen la competencia desleal
Una de las palancas centrales del malestar es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que parte del sector interpreta como una fuente de competencia desleal. La crítica no se dirige solo a los volúmenes de importación, sino a la falta de reciprocidad en las condiciones de producción.
En la práctica, las organizaciones insisten en que el agricultor español produce con exigencias medioambientales, sanitarias y laborales que encarecen su estructura de costes, mientras teme entrar en un mercado donde la referencia de precio se marque por productos con otros estándares. En ese contexto, la preocupación principal es presión a la baja sobre los precios en origen, especialmente en sectores sensibles.
El argumento económico se cruza con el precedente reciente, cuando la presión del campo europeo logró frenar el avance del acuerdo en el debate comunitario, aunque el sector mantiene que el riesgo no ha desaparecido. Las organizaciones reclaman salvaguardas efectivas antes de que el daño sea irreversible, como condición para cualquier avance.
Otra crítica repetida es que los contingentes y cuotas tienden a operar por volúmenes globales y no por tipo de productor, lo que puede favorecer a quienes tienen capacidad de concentración y logística. Para las explotaciones pequeñas, el temor es quedar relegadas frente a grandes operadores, mientras asumen el ajuste en márgenes.
Las tractoradas denunciarán los recortes en la PAC, costes y burocracia
El otro gran bloque es el presupuesto de la Política Agrícola Común, donde el sector ha advertido de una posible reducción de recursos y del impacto sobre la renta agraria. En artículos recientes ya se citaba un recorte de 900 millones para España, una cifra que ha alimentado el calendario de movilizaciones.
Para el agricultor autónomo, la PAC no es un debate abstracto, porque en muchos casos las ayudas sostienen la viabilidad de campañas enteras y permiten planificar inversiones. Por eso, cuando se habla de pérdida de ayudas, el sector lo traduce en cuentas anuales claramente negativas en muchas explotaciones.
Junto a la PAC y Mercosur, el sector pone el foco en la escalada de costes de producción, con menciones reiteradas al combustible, la energía o los fertilizantes. El mensaje es que, incluso cuando el productor logra vender, la rentabilidad se estrecha por el encarecimiento de costes, dejando menos margen para absorber altibajos.
Por último, la burocracia aparece como un factor transversal, porque multiplica tiempos y trámites en explotaciones que funcionan con estructuras mínimas. Las organizaciones reclaman simplificación administrativa y reducción de cargas, al entender que parte de esa complejidad se traduce en costes que no se recuperan en el precio final.
Un calendario de protestas que ya ha empezado y crece por territorios
Las protestas ya han comenzado con acciones en la frontera con Francia, donde se han concentrado agricultores y ganaderos para mostrar su rechazo al acuerdo con Mercosur. En una de esas convocatorias se habló de alrededor de 70 tractores, en una protesta diseñada para minimizar el impacto en el tráfico.
Tras ese primer aviso, las organizaciones prevén nuevas acciones en comunidades como Extremadura, además de otras protestas anunciadas en distintas zonas, con formatos que van desde concentraciones a tractoradas. La idea es que las delegaciones territoriales ajusten el tipo de movilización, manteniendo un eje común de reivindicaciones económicas.
La semana del 26 al 30 concentra la mayor parte de las acciones porque permite coordinar protestas en diferentes provincias sin necesidad de un único acto central. En ese marco, el día 29 pretende funcionar como jornada de movilización simultánea en toda España, para elevar la presión política y mediática.
Además de las convocatorias impulsadas por las organizaciones agrarias, en algunas comunidades se han visto movilizaciones organizadas por plataformas y asociaciones territoriales, lo que ha añadido volumen y visibilidad a las protestas. En una de las concentraciones recientes se llegó a citar la presencia de unos 400 tractores, como muestra del nivel de movilización.
