Los autónomos del transporte están al límite por culpa la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice que lleva años sin actualizarse y que determina el valor de muchas ayudas y prestaciones.
Según denunció Fenadismer, la patronal que representa a más de 32.000 empresas de transporte y 60.000 vehículos, la falta de actualización de este índice desde el 2022 ha reducido de manera significativa las indemnizaciones que reciben por paralizaciones forzosas de su actividad y limita también las prestaciones por cese de actividad, en caso de que tengan que cerrar su negocio.
Las recientes incidencias, como inundaciones, bloqueos de carreteras o problemas ferroviarios, han obligado, de hecho, a muchos autónomos a interrumpir sus rutas, y es ahí donde se ha podido observar que las compensaciones económicas a las que tienen derecho no reflejan la realidad de sus pérdidas.
- La congelación del IPREM afecta directamente a las ayudas y prestaciones de los transportistas
- La congelación del IPREM también afecta a los autónomos de otros sectores
La congelación del IPREM afecta directamente a las ayudas y prestaciones de los transportistas
La Ley de Contrato de Transporte Terrestre de 2009 establece que los transportistas pueden reclamar indemnizaciones por paralización cuando deben esperar más de una hora para carga o descarga, o cuando se ven afectados por circunstancias ajenas a su voluntad, como accidentes, inclemencias meteorológicas o bloqueos de carreteras.
Sin embargo, el cambio del índice de referencias de estas indemnizaciones del SMI al IPREM ha tenido consecuencias negativas para el sector. Entre 2009 y 2026, mientras el SMI acumuló un incremento superior al 95%, el IPREM subió un 13%, lo que se traduce en que las compensaciones por paradas forzosas se han depreciado más de un 80%.
Así, Fenadismer señala que esta situación es especialmente crítica ante fenómenos recientes como inundaciones, nevadas o el colapso de carreteras ante la problemática de los trenes de alta velocidad, que han obligado a numerosos autónomos del transporte a suspender temporalmente la actividad sin que las indemnizaciones reflejen la magnitud de los perjuicios sufridos.
También afecta al cese de actividad que pueden cobrar al cerrar su negocio
Y a esto se suma que las prestaciones por cese de actividad, que dependen directamente del IPREM, también se ven de nuevo limitadas. Para este 2026, según argumentan desde Fenadismer, la cuantía máxima será del 175% del IPREM, salvo que haya hijos a cargo, en cuyo caso puede llegar al 225%, mientras que la mínima se sitúa entre el 80% y el 107% del mismo indicador. Al no actualizarse el índice, estos topes siguen congelados desde 2022, afectando directamente a la capacidad de los autónomos del transporte para recuperarse económicamente tras interrupciones, propias o ajenas, de su trabajo.
Y en la misma línea, la patronal advierte también sobre los problemas administrativos asociados a la jubilación anticipada, otra prestación en la que el IPREM juega un papel fundamental. La lentitud en la actualización del índice retrasa los procedimientos y reduce el valor real de los derechos de estos profesionales, que ya enfrentan condiciones difíciles debido al envejecimiento de la flota y la escasez de conductores cualificados. De hecho, la combinación de todos estos factores ha llevado a Fenadismer a convocar movilizaciones y a advertir sobre una huelga próxima, buscando presionar al Gobierno para corregir de forma inmediata la situación.
Porque el sector lidia con otros problemas estructurales que se suman a su situación vulnerable. Por ejemplo, un lastre para los autónomos del transporte es la morosidad, que, según los datos que ofrece el propio sector, es una de las más elevadas. Y aunque el tiempo medio de cobro de los autónomos del transporte ha mejorado en los últimos años, continúa situándose muy por encima de los 30 días que marca la normativa.
La congelación del IPREM también afecta a los autónomos de otros sectores
Si bien el impacto en los autónomos del transporte es especialmente visible por la naturaleza de su trabajo y los riesgos asociados, la congelación del IPREM afecta a un número mucho mayor de autónomos y pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Y es que el índice también se utiliza para calcular ayudas estatales y autonómicas, así como límites de prestaciones como el cese de actividad, subsidios por catástrofes y otras indemnizaciones.
Como ya se ha comentado, desde el 2022 el IPREM permanece sin cambios, a pesar de que la inflación acumulada desde entonces supera el 16% y los costes laborales han crecido más del 30%, según los datos de un informe de CEPYME. Esto significa que muchos autónomos perciben ayudas y prestaciones que no se ajustan al coste real de la vida y los gastos asociados a su actividad, lo que limita la capacidad de las empresas para mantenerse operativas y reforzar su resiliencia ante imprevistos.
Se genera, así las cosas, una suerte de efecto en cadena: los autónomos del transporte reciben menos paradas forzosas y cese de actividad, otros autónomos perciben ayudas insuficientes y las pymes enfrentan mayores dificultades financieras, lo que puede afectar a la inversión y la creación de empleo.
Fenadismer y otras organizaciones del sector reclaman una actualización inmediata para este 2026 y también un compromiso de revisiones anuales, al margen de los retrasos en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo de garantizar la equidad y la protección de todos los profesionales autónomos y sus negocios.
