Una reciente sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que autónomos y pymes en concurso de acreedores puedan reclamar daños a un banco si la retirada de financiación provoca el colapso del negocio. El alto tribunal ha reconocido que, cuando una entidad bloquea líneas de crédito o instrumentos financieros comprometidos y esa decisión impide comprobar si el negocio podía recuperarse, puede existir responsabilidad civil por haber frustrado una oportunidad real de supervivencia.
La resolución introduce además un criterio que puede resultar relevante para muchos pequeños negocios que dependen del crédito circulante para continuar operando incluso en situaciones de dificultad. Según explicó a este medio Massimo Cermelli, profesor de Economía y Finanzas de Deusto Business School, el Supremo “ha aplicado la doctrina de la pérdida de oportunidad”, de modo que “no es necesario demostrar que la empresa habría sobrevivido con certeza, sino acreditar que existía una probabilidad razonable de éxito que quedó truncada por la actuación del banco”.
Para autónomos y pequeñas empresas, el alcance de esta doctrina puede ser significativo porque muchas dependen de líneas de descuento, pólizas de crédito o financiación de circulante para seguir funcionando mientras negocian con acreedores o elaboran un plan de viabilidad. “El mensaje es claro: gestionar el riesgo no significa precipitar la insolvencia del cliente”, advirtió Cermelli, quien subraya que una retirada precipitada de financiación “puede tener consecuencias legales si agrava la situación del negocio”.
- El Supremo recuerda a los bancos que no pueden cancelar créditos con las empresas de forma arbitraría
- La doctrina de la “pérdida de oportunidad” en los concursos
- El cálculo de las indemnizaciones cuando un banco corta financiación
- Qué deberían tener en cuenta las pymes ante una retirada de crédito
- El papel de los administradores concursales y los informes periciales
El Supremo recuerda a los bancos que no pueden cancelar créditos con las empresas de forma arbitraria
La clave de la sentencia no es que los bancos estén obligados a mantener indefinidamente el crédito a empresas en dificultades, sino que no pueden cancelar de forma arbitraria compromisos contractuales vigentes, máxime cuando esa decisión tiene un impacto determinante en la continuidad del negocio. Cermelli explica que la resolución “no impide a las entidades financieras revisar su exposición al riesgo, pero sí les recuerda que deben respetar los compromisos asumidos y actuar con buena fe en el marco de una relación contractual”.
En muchos casos, las pequeñas empresas en concurso necesitan mantener ciertos instrumentos financieros para continuar operando mientras negocian con acreedores o intentan alcanzar un convenio. La retirada de esas herramientas puede bloquear la actividad de forma inmediata, sobre todo en negocios que dependen del cobro de facturas o de anticipos de circulante para pagar a proveedores y trabajadores.
El experto destaca que el Supremo ha puesto el foco en el efecto económico real de estas decisiones financieras sobre la continuidad de la empresa. “Si el banco corta de forma injustificada una línea de financiación, que era esencial para el funcionamiento del negocio, puede estar frustrando una oportunidad de supervivencia que tenía valor económico”.
La doctrina de la “pérdida de oportunidad” en los concursos
Uno de los elementos más relevantes del fallo es la aplicación de la llamada doctrina de la pérdida de oportunidad. Una figura jurídica que permite indemnizar daños incluso cuando no puede probarse con total certeza que el resultado final habría sido distinto. Este enfoque resulta especialmente útil en contextos de insolvencia, donde demostrar qué habría ocurrido si se hubiera mantenido la financiación resulta prácticamente imposible.
Según Cermelli, el tribunal ha introducido un criterio que reduce la carga de prueba que normalmente recae sobre la empresa perjudicada. “No hace falta demostrar que el negocio se habría salvado con certeza, sino que existía una probabilidad razonable de éxito que se perdió por la conducta del banco”, señala el profesor de Deusto.
En el caso analizado por el Supremo, el tribunal consideró que la retirada de determinadas líneas de financiación impidió comprobar si el plan de viabilidad de la empresa podía prosperar. Esa incertidumbre no benefició a la entidad financiera, sino que se tradujo en una indemnización calculada como porcentaje del daño reclamado. “El tribunal estimó que la empresa tenía aproximadamente un 15% de posibilidades de continuar su actividad, y esa probabilidad se utilizó como referencia para fijar la compensación”, explicó Massimo Cermelli.
El cálculo de las indemnizaciones en estos casos
Determinar el importe de la indemnización en situaciones de pérdida de oportunidad exige analizar múltiples variables económicas relacionadas con la viabilidad del negocio. Entre ellas figuran los márgenes de la empresa, la evolución de su cartera de pedidos, la estructura de costes o su capacidad para refinanciarse con otras entidades.
Cermelli explica que los jueces “suelen recurrir a estimaciones probabilísticas para calcular el daño”, lo que implica evaluar qué posibilidades tenía realmente la empresa de superar la crisis financiera si hubiera mantenido el acceso al crédito. Ese análisis suele apoyarse en informes periciales que reconstruyen la situación económica del negocio en el momento del conflicto.
En la sentencia comentada, el tribunal consideró que existía una probabilidad limitada, pero real, de que el plan de continuidad hubiera funcionado. Por ese motivo, la indemnización no se fijó en el total del daño reclamado, sino en un porcentaje que reflejaba esa probabilidad de éxito.
Qué deberían tener en cuenta las pymes ante una retirada de crédito
Aunque este tipo de litigios suelen ser complejos, la doctrina fijada por el Supremo puede ofrecer una vía de defensa para pequeñas empresas que vean cancelada de forma abrupta su financiación en un momento crítico. La clave está en analizar si existía un compromiso contractual vigente y si la actuación del banco agravó la insolvencia del negocio.
Cermelli señala que el primer paso debería ser revisar con detalle los contratos financieros firmados con la entidad. “Las pólizas de crédito y las líneas de descuento suelen incluir cláusulas que regulan cuándo pueden cancelarse, por lo que es fundamental comprobar si el banco ha actuado dentro de esos límites”, explicó.
También resulta importante documentar el impacto económico de la retirada de financiación sobre la actividad de la empresa. En muchos casos, demostrar que el negocio perdió una oportunidad real de continuar operando exige reconstruir cómo habría evolucionado la actividad si la financiación se hubiera mantenido durante un periodo razonable.
El papel de los administradores concursales y los informes periciales
En los procedimientos concursales, los administradores designados por el juez pueden desempeñar un papel relevante a la hora de evaluar si la actuación de una entidad financiera ha perjudicado las posibilidades de supervivencia de la empresa. Sus informes suelen analizar la viabilidad del negocio y el impacto de las decisiones financieras adoptadas durante el proceso.
Para Cermelli, este tipo de análisis económico resulta clave en los tribunales. “Las reclamaciones por pérdida de oportunidad requieren demostrar que existía un escenario plausible de continuidad, y eso solo puede acreditarse con datos financieros y proyecciones económicas bien fundamentadas”, afirma.
La sentencia del Supremo introduce así un nuevo elemento en las relaciones entre empresas en dificultades y entidades financieras, al recordar que las decisiones sobre financiación pueden tener consecuencias jurídicas cuando afectan de forma determinante a la continuidad del negocio. “La banca debe gestionar el riesgo, pero no puede hacerlo ignorando los efectos que sus decisiones tienen sobre la viabilidad de sus clientes”, concluyó el profesor de Deusto Business School.
