Las organizaciones agrarias han denunciado una nueva escalada de tensión en el sector lácteo, después de que numerosas industrias comenzaran a plantear rebajas de entre seis y diez céntimos por litro en los nuevos contratos de compra de leche. El recorte llega después de que 2025 terminara con precios próximos a los 0,53 euros por litro. Una cantidad por encima de la media europea, y amenaza con volver crear dificultades a miles de explotaciones ganaderas autónomas que todavía soportan elevados costes de alimentación animal, energía, etcétera
El conflicto ha reabierto además el debate sobre el escaso margen de negociación que tienen muchas pequeñas explotaciones frente a la industria. En la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) denuncian que numerosos ganaderos se ven obligados a aceptar condiciones prácticamente cerradas ,para no arriesgarse a perder la recogida de su producción. Mientras que organizaciones como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) hablan ya públicamente de un posible “nuevo cártel” en la fijación de precios.
“Para recoger la leche es necesario tener firma en ese contrato, y la capacidad para negociar condiciones es muy pequeña”, explicó a esta diario Ramón Artime, presidente sectorial del área láctea de Asaja y presidente de Asaja Asturias. Según detalló este representante agrario, los acuerdos más habituales duran tres y seis meses y son las industrias quienes presentan previamente las condiciones económicas al productor antes de la renovación.
- Los grandes grupos industriales fijan las condiciones y también el precio que asumen los ganaderos
- Sin un contrato firmado, los ganaderos pueden perder la recogida de la leche
- Las autoridades sólo pueden actuar tras una denuncia individual del productor
Los grandes grupos industriales fijan las condiciones y también el precio que asumen los ganaderos
El sistema de contratos obligatorios nació precisamente para intentar dar estabilidad al sector y garantizar al productor un precio conocido durante un periodo determinado. “El objetivo de los contratos es garantizar la recogida y conocer el ganadero el precio que va recibir durante el periodo que dura el contrato. Antes de los contratos eso no ocurría”, señaló Artime.
Sin embargo, las organizaciones agrarias sostienen que el actual modelo deja a muchas explotaciones en una posición de debilidad frente a grandes grupos industriales con capacidad para imponer condiciones. Según denunció UPA en los últimos días, algunas compañías han intentado aplicar rebajas “por la fuerza” de hasta ocho céntimos por litro pese a que los costes de producción continúan elevados.
El conflicto ha reavivado además el recuerdo del llamado “cártel de la leche”, por el que varias grandes industrias fueron sancionadas hace años por intercambiar información sensible sobre precios y aprovisionamiento de ganaderos entre 2000 y 2013. Aquel caso terminó generando miles de reclamaciones judiciales de productores que reclamaban indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
En Galicia, el conflicto ha llegado incluso a provocar que algunas explotaciones terminaran tirando leche tras negarse inicialmente a aceptar las nuevas condiciones económicas planteadas por determinadas industrias. Desde el Sindicato Labrego Galego denunciaron públicamente que algunos productores apenas recibieron unos días de margen para decidir si aceptaban las rebajas propuestas.
Sin un contrato firmado, los ganaderos pueden perder la recogida de la leche
Una de las cuestiones que más preocupa a los ganaderos autónomos es qué ocurre cuando rechazan las nuevas condiciones planteadas por la industria. Según explicó Artime, la legislación obliga a formalizar contratos para la compra-venta de leche, por lo que la recogida queda vinculada a la existencia de un acuerdo firmado entre ambas partes.
“La industria propone sus condiciones, y si durante el periodo de negociación no hay acuerdo, el ganadero se puede negar a firmar y la industria sin contrato firmado no recoge”, explicó el presidente sectorial de Asaja. En esos casos, añadió, el productor únicamente puede intentar negociar con otra empresa compradora que acepte recoger su producción.
Esa situación resulta especialmente delicada en un producto perecedero como la leche, donde los márgenes de maniobra son reducidos y cualquier interrupción en la recogida puede generar pérdidas inmediatas para la explotación. Varias organizaciones agrarias sostienen que precisamente esa dependencia limita enormemente la capacidad de negociación real de muchos productores.
El problema se agrava además por la elevada concentración que existe en algunas zonas entre las industrias compradoras. COAG ha advertido de que cada vez hay menos operadores en determinadas regiones, lo que deja a numerosos ganaderos con pocas alternativas comerciales reales para recolocar su producción.
Las autoridades sólo pueden actuar tras una denuncia individual del productor
Parte de las esperanzas del sector están ahora puestas en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Varias organizaciones agrarias ya han anunciado que acudirán a este organismo para intentar frenar posibles irregularidades en los nuevos contratos.
No obstante, la actuación de la AICA también tiene limitaciones prácticas importantes. “La AICA actúa ante una denuncia individual formulada por un ganadero y puede sancionar siempre que se acredite que el precio que recibe está por debajo de los costes de producción”, explicó Artime.
Precisamente la dificultad para demostrar esos costes efectivos constituye uno de los principales obstáculos para muchos productores. Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe expresamente la destrucción de valor en la cadena y las ventas por debajo de costes, las organizaciones agrarias llevan años reclamando mecanismos de control más ágiles y sanciones más contundentes.
El nuevo conflicto llega además en un momento especialmente sensible para el relevo generacional en el sector lácteo español. Según distintas organizaciones agrarias, más de la mitad de los titulares de explotaciones supera ya los 55 años, mientras la rentabilidad de muchas granjas continúa deteriorándose por el aumento de costes y la volatilidad de los precios en origen.
