- Díaz prohibirá a las pymes usar los pluses para alcanzar el SMI, salvo que el convenio diga lo contrario
- El real decreto deja margen a la negociación colectiva
- Las empresas temen que los sindicatos no admitan absorber los pluses
- Las pymes tendrán que asumir hasta 3.000 euros más de media por empleado si se prohíbe usar los complementos
- Efecto directo sobre los costes laborales totales
El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación del Real Decreto con el que pretende limitar la posibilidad de que autónomos y pymes utilicen los complementos salariales de sus empleados para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El borrador de la norma, publicado en audiencia pública, transpone la directiva europea de salarios mínimos y desarrolla nuevas reglas sobre compensación y absorción salarial, una práctica habitual entre los negocios para ajustar las subidas del sueldo mínimo.
Sin embargo, el texto finalmente introduce un matiz relevante: la prohibición no sería absoluta. De salir adelante el borrador del decreto, que ahora mismo está en audiencia pública, los autónomos y empresas podrían seguir utilizando determinados pluses para alcanzar el SMI si así lo permite el convenio colectivo aplicable. Esto deja en manos de la negociación colectiva una parte importante del impacto real de la reforma.
La medida llega apenas unas semanas después de que el Gobierno aprobara una nueva subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales, una decisión que ya generó críticas entre las organizaciones de autónomos y empresarios, desde ATA, hasta CEOE y CEPYME. Las patronales llevan meses advirtiendo de que la acumulación de cambios laborales (subida del SMI, nuevas cotizaciones, futuro control horario digital o limitaciones en los complementos salariales) está elevando de forma notable los costes laborales para autónomos y pymes.
La prohibición del uso del complemento podría ser un nuevo varapalo para los negocios, que tendrían que asumir un sobrecoste de hasta 3.000 euros por empleado. Y aunque quedara en manos de la negociación colectiva, las empresas no confían en que los sindicatos –que fueron precisamente los que instaron al Gobierno a sacar esta norma– vayan a permitir que se usen ciertos complementos para alcanzar el nuevo SMI.
Díaz prohibirá a las pymes usar los pluses para alcanzar el SMI, salvo que el convenio diga lo contrario
El objetivo del Real Decreto es evitar que las subidas del salario mínimo se neutralicen mediante la absorción de complementos salariales. En la práctica, muchas empresas han venido aplicando el principio de compensación previsto en el Estatuto de los Trabajadores: si el salario total de un empleado ya supera el SMI anual, la empresa puede ajustar los distintos conceptos salariales sin necesidad de aumentar la remuneración final.
Esta práctica fue avalada en años anteriores por el propio Tribunal Supremo, que confirmó que las empresas pueden compensar o absorber complementos salariales para alcanzar el salario mínimo si el convenio colectivo no lo prohíbe expresamente.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos consideran, sin embargo, que este mecanismo ha reducido el impacto real de las subidas del salario mínimo en muchos sectores. Por ello, el nuevo decreto pretende limitar esta posibilidad y garantizar que determinados pluses se mantengan independientemente del aumento del SMI.
El borrador del texto establece que no podrán utilizarse para compensar el salario mínimo los complementos ligados a determinadas circunstancias del trabajo o del propio trabajador.
Entre ellos figuran los pluses por condiciones de trabajo, como nocturnidad, peligrosidad, toxicidad o trabajo por turnos, los vinculados a características personales del empleado, como antigüedad o formación, y los relacionados con la productividad o el rendimiento, como incentivos o comisiones.
El real decreto deja margen a la negociación colectiva
A pesar de esta limitación, el texto incorpora una cláusula que deja abierta la puerta a que los convenios colectivos establezcan reglas distintas.
En concreto, el borrador señala que las reglas de compensación y absorción se aplicarán salvo que la negociación colectiva fije otras que permitan identificar cómo deben operar los distintos complementos salariales.
Esto significa que los convenios sectoriales o de empresa podrán determinar qué complementos pueden compensar el salario mínimo y cuáles deben mantenerse de forma independiente.
En la práctica, el alcance real de la reforma dependerá en gran medida de la negociación colectiva. Si los convenios permiten seguir utilizando determinados pluses para absorber el SMI, las empresas podrán continuar aplicando este mecanismo.
Eso sí, hay otro factor relevante para muchos autónomos: no todos los pequeños negocios están cubiertos por convenios colectivos específicos, especialmente en sectores muy atomizados o en actividades profesionales donde la regulación salarial es más flexible. En estos casos, la interpretación de la norma podría depender directamente del contrato laboral o de acuerdos individuales.
Las empresas temen que los sindicatos no admitan absorber los pluses
El margen que deja el decreto a la negociación colectiva ha sido recibido con cautela por parte de las empresas. Aunque el texto permite técnicamente mantener la absorción de determinados pluses, muchos empresarios consideran que será difícil que los sindicatos acepten esa posibilidad en la mayoría de los convenios.
De hecho, los sindicatos han sido precisamente quienes han reclamado al Gobierno una regulación más estricta para evitar que los complementos salariales reduzcan el impacto de las subidas del SMI.
En este contexto, las patronales temen que la negociación colectiva termine eliminando en la práctica la posibilidad de absorber complementos en muchos sectores, lo que obligaría a las empresas a incrementar directamente el salario base.
Además, existe otra complicación técnica: muchos convenios regulan la compensación y absorción de forma general para todos los salarios, no solo para el salario mínimo. Adaptar estas reglas únicamente al SMI podría generar conflictos interpretativos o nuevas negociaciones en numerosos sectores.
Las pymes tendrán que asumir hasta 3.000 euros más de media por empleado si se prohíbe usar los complementos
El principal motivo de preocupación entre autónomos y pymes es el impacto económico que podría tener esta reforma si finalmente se limita de forma efectiva la absorción de complementos salariales.
Según estimaciones realizadas por distintos expertos laborales, impedir que los pluses compensen el SMI podría suponer un incremento salarial medio de hasta 234 euros mensuales por trabajador en algunos casos.
Esto ocurre cuando un empleado ya percibe el salario mínimo a través de la suma del salario base y diversos complementos. Si estos pluses dejan de poder utilizarse para alcanzar el SMI, la empresa tendría que aumentar el salario base hasta ese nivel sin eliminar los complementos existentes.
En términos anuales, el coste adicional podría superar los 2.800 o incluso 3.000 euros por empleado, dependiendo de la estructura salarial de cada empresa.
Este impacto sería especialmente significativo en sectores con un alto peso de los complementos salariales, como la hostelería, el comercio, la limpieza o la logística, donde muchos trabajadores perciben parte de su salario a través de pluses por nocturnidad, productividad o trabajo por turnos.
Efecto directo sobre los costes laborales totales
Para los pequeños negocios, que suelen operar con márgenes más reducidos, este tipo de cambios puede tener un efecto directo sobre los costes laborales totales.
A esta presión se suma la acumulación de otras medidas laborales adoptadas en los últimos años. Desde 2019, el salario mínimo ha subido más de un 50%, mientras que las cotizaciones sociales han aumentado progresivamente con la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la reforma del sistema de cotización de los autónomos.
Además, el Ministerio de Trabajo prepara otras reformas que también afectan a la organización laboral de las empresas, como el nuevo registro horario digital obligatorio que el Gobierno sigue defendiendo como objetivo a medio plazo.
