Mientras que grandes grupos, como IKEA o Inditex, llevan tiempo preparando cómo gestionar los residuos de la ropa y el calzado que venden, los autónomos y las pymes desconocen aún que tendrán que integrarse en un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), es decir, una entidad que organiza la recogida y reciclaje de residuos, a cambio de una cuota. Además de declarar los productos que vendan y asumir nuevas tasas desde 2027.
La normativa sobre residuos que el Gobierno debe transponer del todo a la legislación española antes de acabar el año se centra, en primer lugar, en el sector textil y el calzado. En otros países europeos donde ya se aplican sistemas similares desde hace un tiempo, el coste ronda los 24 céntimos por kilogramo de producto vendido. Una referencia que anticipa el impacto económico que puede llegar también a España.
Este mismo modelo se extenderá después a otros ámbitos como los muebles, la decoración o los enseres. Lo cual ampliará el número de negocios afectados y consolidará este nuevo coste como parte de la operativa habitual de muchos autónomos y pymes, con impacto directo en los márgenes de muchos pequeños comercios.
Qué es la Responsabilidad Ampliada del Productor y por qué afecta a los pequeños negocios
La Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, introdujo el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para varios tipos de residuos. Entre ellos el textil y el calzado, y prevé su extensión a otros sectores como los muebles y enseres. Esta normativa obliga a quien pone un producto en el mercado a hacerse cargo también de su gestión cuando se convierte en residuo.
En la práctica, esto implica financiar la recogida, tratamiento y reciclaje de esos productos al final de su vida útil. Y lo más relevante para los autónomos es que la norma no solo afecta a fabricantes o grandes marcas.
De hecho, la definición legal de “productor” incluye también a los importadores. Es decir, cualquier autónomo o pyme que compre productos fuera de España y los venda aquí pasa a ser responsable de esas obligaciones. Por ejemplo, una tienda que adquiere ropa a proveedores asiáticos o a través de plataformas internacionales se convierte automáticamente en productor a efectos legales.
Esto supone que las mismas exigencias que recaen sobre multinacionales del sector afectan también, en muchos casos, a pequeños comercios con estructuras y recursos mucho más limitados. Y eso incrementa el impacto real de la norma sobre los autónomos.
Un real decreto pendiente que marcará las reglas
El desarrollo concreto de estas obligaciones depende de un real decreto específico para el sector textil y el calzado que está aún en tramitación. El borrador se publicó en julio de 2025, pero el texto definitivo acumula retrasos respecto al calendario inicial; con la consiguiente incertidumbre sobre los plazos reales de aplicación.
Las previsiones actuales apuntan a que podría aprobarse en el segundo semestre de 2026. A partir de ahí, la obligación de cumplir con el sistema sería efectiva desde enero de 2027. Siempre con un pequeño margen adicional para las micropymes y solo en ciertos casos. Lo que deja poco tiempo real de adaptación para muchos negocios.
Aunque el texto final podría introducir ajustes, el marco general está definido por la normativa europea. Motivo por el cual las obligaciones principales no cambiarán de forma sustancial.
Registro, depósito y tasas: las nuevas cargas para los negocios
El borrador establece varias obligaciones que afectarán directamente a los autónomos y pymes del sector:
- En primer lugar, deberán inscribirse en una sección específica del Registro de Productores de Productos para el ámbito textil y del calzado. Esto implica declarar periódicamente los volúmenes de género que introducen en el mercado, lo que añade nuevas cargas administrativas a los pequeños negocios.
- En segundo lugar, tendrán que adherirse a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) o crear un sistema individual. En la práctica, esta segunda opción resulta inviable para pequeños negocios por su complejidad y coste, por lo que la adhesión a un sistema colectivo será la única vía real.
Estos sistemas se encargan de organizar la recogida y gestión de los residuos, pero sus condiciones y tarifas las fijan las propias entidades. De ahí la incertidumbre sobre el coste final que asumirán los negocios.
En tercer lugar, deberán pagar una tasa vinculada al volumen de productos vendidos. En otros países europeos, en dónde ya existen sistemas similares, el coste ronda los 24 céntimos por kilogramo de textil.
El riesgo oculto de importar productos
Uno de los aspectos más sensibles de la normativa afecta a los productos importados desde fuera de España. El borrador prevé que los productores extranjeros designen un representante autorizado en territorio español para cumplir con las obligaciones.
Sin embargo, si no lo hacen, la responsabilidad recae automáticamente en el primer distribuidor o comerciante que introduce esos productos en el mercado nacional. Y eso traslada toda la carga legal a muchos pequeños importadores.
Esto significa que muchos autónomos que compran mercancía a proveedores sin presencia legal en España asumirán todas las obligaciones sin ser plenamente conscientes de ello, con los consiguientes riesgos legales y económicos inesperados.
Además, no bastará con confiar en lo que indique el proveedor. La normativa exigirá acreditar de manera documental que el productor está registrado y cumple con el sistema. En caso contrario, el comerciante será el responsable por no controlar a todos sus proveedores.
Nuevas exigencias también para los distribuidores
Incluso los negocios que no tengan la condición de productor deberán cumplir nuevas obligaciones. El borrador establece que los comercios solo podrán vender productos de proveedores que estén inscritos en el Registro de Productores.
También deberán colaborar en la recogida separada cuando lo determine el sistema al que esté adherido el productor y proporcionar información sobre sus ventas. Algo que complica la operativa diaria de muchos pequeños comercios.
Otra de las dudas del sector es si tendrán que aceptar devoluciones de ropa usada. El texto actual no establece esta obligación de forma general, ya que la recogida se canalizará principalmente a través de sistemas municipales, puntos habilitados por los SCRAP o entidades de economía social.
En el caso de los establecimientos de mayor tamaño, el borrador contempla además la obligación de destinar espacios a la venta de productos preparados para la reutilización. Aunque esta medida
La mayoría de autónomos y pequeños negocios siguen sin información detallada
Mientras la mayoría de autónomos y pequeños negocios siguen sin información detallada sobre estas obligaciones, las grandes empresas llevan años organizándose para cumplirlas.
Así, en el sector textil, grupos como Inditex, Decathlon, H&M, IKEA, Kiabi o Mango constituyeron en 2023 una asociación específica para gestionar el residuo textil, a la que posteriormente se han sumado otras compañías.
Este movimiento evidencia una diferencia clara entre grandes y pequeños operadores: mientras unos participan en el diseño y despliegue de los sistemas, otros aún desconocen que tendrán que asumir costes, trámites y obligaciones en un plazo relativamente corto. Lo que sin duda puede agravar la brecha competitiva en cada sector afectado.
