- Los autónomos podrían haber ahorrado más de 500 euros en Renta en los dos últimos años
- Los economistas piden mayor seguridad jurídica y menor desigualdad entre territorios
El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado su Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, en el que ha vuelto a pedir al Gobierno la deflactación de la tarifa estatal que pagan los contribuyentes en la Renta, con motivo de la inflación acumulada desde 2022, que supera ya el 18%.
Debido a ello, un contribuyente con un salario medio se encuentra abonando unos 250 euros más en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Mientras que la recaudación del tributo aumentó en el último ejercicio un 10,1%, hasta alcanzar los los 142.466 millones de euros.
Asimismo, y debido a ello, las comunidades autónomas se encuentran aplicando medidas para deflactar las tarifas o nuevas bonificaciones, que, a su vez, están generando grandes diferencias territoriales.
Como explicó durante la presentación el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, hay una desigualdad generada por más de 1.100 impactos normativos que reflejan el «uso intensivo» de la actividad legislativa en el ámbito fiscal. Las diferencias se estarían volviendo cada vez más significativas. “No tiene necesariamente por que ser algo negativo, pero hay que analizar más allá y ver en qué medida buscan suplir deficiencias del sistema estatal”.
Asimismo, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, señaló que la falta de inseguridad normativa está perjudicando también a los contribuyentes. La gran cantidad de cambios normativos llevan a una falta de previsión a la hora de aplicar (o no) las normas. Ello añade trabas a cualquier contribuyente y, especialmente, a los trabajadores por cuenta propia, quienes tienen que cumplir con un mayor número de obligaciones frente a la Administración.
“Como ejemplo, la nota aclaratoria para la aplicación del régimen de estimación objetiva se publica con el plazo para presentar las declaraciones trimestrales ya iniciado. (…) Es un reflejo de la situación política que tenemos ahora mismo y nos preocupa mucho”.
Los autónomos podrían haber ahorrado más de 500 euros en Renta en los dos últimos años
La deflactación de los tipos vuelve a ser un reclamo del CGE un año más. Tanto la ausencia de rebajas en la tarifa, como la falta de actualización de los mínimos personales y familiares y el ajuste en concepto de otros cálculos, están provocando nuevamente un impacto negativo en la tributación de los contribuyentes.
Según los cálculos aportados por el CGE, un contribuyente con un salario anual de 25.000 euros habría ahorrado entre 250 y 263 euros en la última Renta, según la comunidad autónoma, con la minoración de la tarifa. Teniendo en cuenta los cálculos realizados por los economistas en 2025, ya habrían ahorrado más de 500 euros en los dos últimos años.
Para calcular la diferencia que están pagando los ciudadanos, el CGE ha deflactado la tarifa en función del incremento de los salarios, ya que debe ajustarse a ellos para evitar la denominada “progresividad en frío”. Es decir, si se elevan los sueldos (términos nominales), ésta no se produce en términos reales si no viene acompañada del ajuste. Así, se evitaría terminar tributando por tipos más altos aunque la capacidad adquisitiva no haya aumentado realmente.
Asimismo, un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede estar abonando 350 euros más de media, y otros aquellos con rentas de 70.000 euros, cerca de 760 euros más, como consecuencia de no haber ajustado el impuesto a la inflación acumulada durante los últimos cuatro años.
Los economistas piden mayor seguridad jurídica y menor desigualdad entre territorios
Debido a la coyuntura fiscal y política actual, desde el CGE remarcaron el malestar generado ante la inseguridad jurídica por la falta de aprobación de determinadas normas, a través de reales decretos ley, o la aplicación de medidas in extremis, como ha sucedido con la prórroga de los límites de módulos para los autónomos, puesta en marcha con retraso por segundo año consecutivo.
A su vez, las diferencias entre las comunidades ya son relevantes para el contribuyente. El aumento del coste de la vida viene acompañado de una diversidad normativa que, en impuestos como el IRPF, es cada vez mayor. Mientras que la tarifa estatal va del 9,5% al 24,5%, los territorios autonómicos no reproducen exactamente esa escala, aplicando tipos marginales agregados que en algunos casos superan el 50%, como sucede en la Comunidad Valenciana (54%), Navarra (52%, o La Rioja (51,5%).
Las regiones regulan muchas deducciones que acaban con poco efecto en cuanto a la pérdida de recaudación, ya que solo las aplican contribuyentes con circunstancias muy concretas y, normalmente, con rentas bajas. Entre ellas, los incentivos contra la despoblación rural, para determinadas enfermedades como la celiaquía o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), o para practicar deporte y actividades saludables han aparecido en las tarifas autonómicas.
Sin embargo, el uso de esa capacidad normativa está dando lugar a “muchas desigualdades” según el lugar en el que tengan los ciudadanos su residencia.
Estas diferencias a la hora de pagar impuestos resultan incluso más evidentes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. “Un residente en el Principado de Asturias puede llegar a pagar, por una herencia de 800.000 euros, hasta 100.000 euros más que en Islas Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía. En el caso de donaciones por el mismo importe, en Extremadura los donatarios pueden abonar hasta 200.000 euros más que en Cantabria o Islas Baleares”.
En el Impuesto sobre Sucesiones, en la mayor parte de las comunidades autónomas los familiares cercanos quedan prácticamente aliviados del impuesto cuando son familiares muy cercanos o la cuantía a heredar no supera ciertas cantidades. Mientras, varias comunidades ya están aliviando también la tributación a los familiares del grupo III (el de menor consanguinidad).
En Donaciones, los familiares cercanos casi no tributan y alguna comunidad aplica incentivos al Grupo III. Pero algunos territorios ya comienzan a dejar exentas las donaciones cuando son de escasa cuantía, con independencia del parentesco.
“Es imprescindible acometer ya mismo una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas e impulsar medidas para homogeneizar la tributación en los territorios, con independencia de cuál será la residencia de las personas físicas”, concluyeron desde el CGE.
