- La certificación es obligatoria para cualquier negocio que venda o instale tecnología conectada
- La norma no se limita al ámbito tecnológico
- Qué cubre la ayuda de 30.000 euros
- Cómo se solicita la ayuda para autónomos y pymes
Los autónomos y pymes que vendan productos con tecnología digital tendrán que cumplir nuevos requisitos de seguridad si quieren seguir operando en cualquier país de la UE. La Ley de Ciberresiliencia obliga, a partir de septiembre, a demostrar que sus productos son seguros; lo que en la práctica implica que deberán certificarse para poder vender dentro de la Unión.
Esta exigencia no se limita, ni mucho menos, a las grandes empresas tecnológicas. También afecta a cualquier autónomo cuyo negocio desarrolle aplicaciones, venda dispositivos conectados o importe tecnología, ya que todos ellos deberán acreditar que cumplen los estándares de seguridad o, de lo contrario, no podrán comercializar sus productos en la UE.
La norma exige que los productos se diseñen, actualicen y mantengan teniendo en cuenta la seguridad durante todo su ciclo de vida. Esto implica cambios en la forma de trabajar de muchas pymes, que tendrán que incorporar la seguridad desde el inicio y no solo en la fase final de venta.
Aunque la ley entró en vigor el pasado año, sus obligaciones principales serán plenamente exigibles desde el 11 de diciembre de 2027. Sin embargo, durante los próximos meses comenzarán a aplicarse otros requerimientos, como la notificación de vulnerabilidades o la designación de organismos de evaluación, lo que significa que el proceso de adaptación ya ha comenzado.
La certificación es obligatoria para cualquier negocio que venda o instale tecnología conectada
No obstante, y de cara a facilitar ese proceso, la Comisión Europea ha puesto en marcha el programa Secure. Uuna iniciativa que concede un máximo de 30.000 euros por proyecto en su primera convocatoria, abierta el pasado enero, con un presupuesto inicial de cinco millones de euros, lo que supone una ayuda directa para adaptarse a la nueva normativa.
Estas subvenciones están pensadas para todos aquellos autónomos y pequeñas empresas que desarrollen, importen o distribuyan productos con elementos digitales. Lo que abarca desde electrodomésticos conectados hasta aplicaciones móviles, es decir, un abanico mucho más amplio del que muchas empresas imaginan, ya que afecta a más negocios de lo que parece.
Frente a estas nuevas obligaciones, el programa Secure ofrece apoyo a las pymes para reforzar su resiliencia digital y facilitar el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad que exige la ley europea. Cuenta con un presupuesto total de casi 22 millones de euros, de los que 16,5 millones se destinan a financiación directa, además de incluir guías y recursos prácticos para las empresas.
La norma no se limita al ámbito tecnológico
En la práctica, las ayudas están dirigidas a negocios que desarrollan, fabrican, importan o distribuyen productos o servicios digitales dentro del alcance de la ley, lo que implica que muchos negocios tradicionales también están afectados.
Esto incluye a las siguientes tipologías:
- Fabricantes y desarrolladores de hardware o software, desde aplicaciones móviles hasta dispositivos conectados.
- Importadores y distribuidores de estos productos en el mercado europeo, responsables de que cumplan la normativa.
- Negocios cuyo servicio dependa de la seguridad digital, como empresas de mantenimiento informático o sistemas de videovigilancia.
Asimismo, en esta convocatoria también se admitirán propuestas de pymes que puedan entrar en el ámbito de la norma o que estén en proceso de adaptación, lo que abre la puerta a empresas que aún no cumplen totalmente.
Qué cubre la ayuda de 30.000 euros
La ayuda del programa Secure está diseñada para financiar los trabajos previos necesarios para superar la evaluación de conformidad exigida por la ley. Es decir, cubre los costes de analizar, adaptar y reforzar la seguridad de los productos antes de su comercialización, incluyendo los pasos previos a la certificación.
En la mayoría de los casos, las pymes podrán acogerse a la categoría más sencilla, en la que es la propia empresa la que realiza una autoevaluación. Esto implica revisar el cumplimiento de los requisitos, preparar la documentación técnica y elaborar la declaración de conformidad, lo que permite autoevaluarse en muchos casos. En este grupo se incluyen aplicaciones móviles, programas informáticos o soluciones digitales habituales.
No obstante, existen categorías más exigentes para productos especialmente sensibles, como antivirus o rúteres, donde puede ser necesario recurrir a organismos externos, mientras que en los productos críticos esa verificación será obligatoria en determinados casos.
Sin superar este proceso, el producto no podrá llevar el marcado CE y, por tanto, su venta será ilegal en la UE. En la práctica, esto convierte la certificación en una condición imprescindible para operar en el mercado comunitario.
La ayuda puede financiar gastos como análisis de riesgos, pruebas de vulnerabilidad, documentación técnica o mejoras en el diseño de seguridad, así como formación o asesoramiento, cubriendo parte importante de los costes.
Eso sí, no financia el desarrollo de nuevos productos ni la certificación final en esta fase. Su objetivo es preparar a las pymes para ese momento, cubriendo el 50% de los gastos elegibles, con un máximo de 30.000 euros por proyecto.
Cómo se solicita la ayuda para autónomos y pymes
La convocatoria está dirigida a pymes establecidas en el Espacio Económico Europeo que trabajen con productos con elementos digitales dentro del ámbito de la ley, y no permite combinarse con otras ayudas públicas, por lo que no admite doble financiación.
La primera convocatoria estará abierta hasta el 29 de marzo, independientemente del número de solicitudes, lo que convierte el plazo en un elemento clave para no quedarse fuera.
El proceso se resume en estos pasos:
• Registro en la plataforma Secure.
• Subida de la documentación requerida.
• Redacción del proyecto y presupuesto.
• Firma electrónica de los documentos.
• Envío antes de la fecha límite.
La documentación incluye la identificación de la empresa, su estructura, el estado financiero y una propuesta detallada del proyecto, lo que exige preparar información completa.
Además, la solicitud debe justificar el encaje con la ley, los objetivos, el impacto esperado y los riesgos, incorporando indicadores medibles, lo que implica explicar bien el proyecto presentado.
La concesión se realiza por puntuación hasta agotar el presupuesto. Si se aprueba, la empresa puede recibir un anticipo del 40% y el resto tras la validación final, lo que permite adelantar parte del dinero para iniciar el proceso.
