Las últimas estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria confirman una brecha creciente en la carga fiscal entre autónomos y sociedades. Según los datos provisionales de 2024, las pymes no societarias -es decir, los autónomos en estimación directa- soportan un tipo efectivo sobre beneficios del 21,73%, frente al 17,31% que pagan las pequeñas empresas que tributan en el Impuesto de Sociedades.
La diferencia es relevante: supone que los autónomos están soportando, de media, una presión fiscal un 25% superior sobre sus beneficios respecto a las sociedades de reducida dimensión. Esta divergencia se produce pese a que ambos colectivos comparten características similares en tamaño, actividad y estructura productiva.
Detrás de esta brecha hay varios factores. Por un lado, la no deflactación del IRPF en los últimos años ha incrementado la tributación efectiva de los autónomos, incluso cuando sus ingresos reales apenas han crecido por efecto de la inflación. Por otro, el diseño del sistema fiscal -con un impuesto progresivo para personas físicas frente a uno proporcional para sociedades- y el acceso desigual a ventajas fiscales han ido ampliando la distancia entre ambas formas jurídicas.
- Los autónomos pagan hasta un 25% más sobre sus beneficios que las pequeñas empresas
- Muchos incentivos fiscales son inaccesibles para autónomos y pymes
- Una brecha que condiciona la forma jurídica de los negocios
Los autónomos pagan hasta un 25% más sobre sus beneficios que las pequeñas empresas
La estadística de Hacienda, que analiza tanto pymes societarias como no societarias, permite comparar con precisión cómo tributan ambos colectivos. Aunque en algunos indicadores presentan comportamientos similares, las diferencias aparecen claramente en los tipos efectivos.
El dato clave está en el tipo efectivo sobre beneficios, que mide qué porcentaje real de las ganancias se destina al pago de impuestos. Según los datos de la AEAT, los autónomos (pymes no societarias) tenían de media en 2024 un tipo efectivo sobre su beneficio del 21,73% en IRPF. Y su tipo general es del 23,24%.
Por otro lado, las pymes societarias (empresas constituidas como Sociedad Limitada o unipersonal) tenían un tipo efectivo sobre el beneficio del 17,31% en el Impuesto de Sociedades, mientras que el general era del 22,83%.
La diferencia en el tipo efectivo sobre beneficios -más de cuatro puntos porcentuales- es la que explica esa brecha del 25%. En términos prácticos, un autónomo paga significativamente más impuestos por cada euro de beneficio que una empresa.
Conviene distinguir entre ambos conceptos. El tipo efectivo general se calcula sobre la base imponible, mientras que el tipo efectivo sobre beneficios refleja la carga real sobre el resultado económico del negocio. Este último es el indicador más relevante para medir la presión fiscal real.
Diferencias de tipos por sectores
Por sectores, la diferencia tampoco es homogénea. En actividades como transporte, comercio o servicios empresariales, los autónomos superan claramente el 23% o incluso el 24% de tributación efectiva, mientras que las sociedades se sitúan por debajo del 20% en muchos casos.
Por ejemplo, en transporte y comunicaciones, los autónomos alcanzan un 24,20%, frente al 19,68% de las sociedades. Y en comercio y hostelería, la diferencia es de casi cuatro puntos (23,91% frente a 19,59%).
En servicios a empresas, la brecha es aún mayor: 23,75% frente a apenas 13,60%.
La no deflactación de IRPF ha aumentado la presión fiscal de los autónomos
Este patrón refleja una tendencia estructural que no existía en años anteriores. Según la propia Agencia Tributaria, en 2017 no se observaban diferencias tan marcadas entre ambos colectivos. La divergencia se ha ido ampliando progresivamente en los últimos ejercicios.
Uno de los motivos principales es el distinto sistema de tributación. Mientras los autónomos tributan en el IRPF bajo una escala progresiva -donde el tipo aumenta con los ingresos-, las sociedades lo hacen en el Impuesto de Sociedades con un tipo proporcional. Esto implica que, a medida que crecen los beneficios, los autónomos pueden acabar pagando tipos más elevados.
Según los expertos consultados, a ello se suma el efecto de la inflación. La falta de actualización de los tramos del IRPF en los últimos años ha provocado lo que se conoce como “progresividad en frío”: los autónomos pagan más impuestos sin haber aumentado realmente su capacidad económica.
Muchos incentivos fiscales son inaccesibles para autónomos y pymes
Otro factor clave que explica la diferencia en la carga fiscal es el acceso desigual a deducciones y beneficios fiscales. Aunque en teoría tanto autónomos como pymes pueden aplicar incentivos, en la práctica muchos de ellos están diseñados para empresas de mayor tamaño.
Los datos muestran que las sociedades, especialmente las de mayor dimensión, tienen más facilidad para aprovechar deducciones vinculadas a actividades como la innovación, la sostenibilidad o la inversión.
Por ejemplo, las deducciones por I+D+i o por inversiones en eficiencia energética suelen requerir proyectos complejos, certificaciones técnicas o capacidad financiera previa
Estos requisitos hacen que muchas microempresas -tanto autónomos como pequeñas sociedades- queden fuera de estos beneficios. Sin embargo, sí son accesibles para empresas medianas o grandes, que cuentan con más recursos para planificar su fiscalidad.
De hecho, distintos análisis muestran que las pymes ya soportan una carga fiscal superior a la de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, pese a las rebajas fiscales aprobadas en los últimos años. Esto evidencia que el problema no es solo la forma jurídica, sino también el acceso real a los incentivos.
En este contexto, la comparación entre autónomos y sociedades debe interpretarse con cautela. Aunque las sociedades pagan menos de media, en esa media están incluidas empresas de mayor tamaño que pueden beneficiarse de deducciones a las que no acceden los pequeños negocios.
Aun así, la diferencia sigue siendo significativa. Incluso entre pequeñas empresas, el diseño del Impuesto de Sociedades permite una mayor planificación fiscal que en el IRPF, donde las posibilidades de optimización son más limitadas.
Una brecha que condiciona la forma jurídica de los negocios
La divergencia en la carga fiscal no es solo una cuestión técnica, sino que tiene implicaciones directas en las decisiones empresariales. Cada vez más profesionales valoran la posibilidad de constituir una sociedad no solo por razones organizativas, sino también fiscales.
Sin embargo, este cambio no siempre es viable. Convertirse en sociedad implica asumir mayores costes administrativos, obligaciones contables más estrictas y una estructura más compleja. Para muchos autónomos, especialmente en fases iniciales, estos costes pueden superar el ahorro fiscal potencial.
En cualquier caso, los datos confirman una tendencia clara: el sistema fiscal español trata de forma diferente a dos colectivos que, en muchos casos, comparten una realidad económica similar. Y esa diferencia, lejos de reducirse, se ha ampliado en los últimos años.
