El 1 de enero de 2027 será una fecha clave, pues ese día entrará previsiblemente en vigor la fase más exigente del programa conocido como Basilea IV (también llamado Basilea 3,1), un endurecimiento normativo relacionado con la regulación bancaria y que tiene como objetivo reforzar la solidez de los bancos. Lo que, por tanto, afectará de manera directa a muchas pymes y autónomos que soliciten financiación.
La Unión Europea lleva años aplicando este endurecimiento regulatorio para reducir los riesgos acumulados en el sistema financiero. La mayor parte de estas normas entraron en vigor el 1 de junio de 2025, pero el componente de riesgo de mercado se ha pospuesto a 2027, sobre todo para alinearlo con el de otros países, como Estados Unidos y Reino Unido.
El objetivo es evitar que una futura desaceleración económica vuelva a pillar a los bancos con balances frágiles, como ocurrió en la crisis financiera de 2008, que fue el inicio de este proyecto. Así, entre otras cosas, se exigirá más capital, se limitará el uso de modelos internos de riesgo y se forzará a las entidades a ser más prudentes a la hora de conceder créditos.
Qué es Basilea III y por qué complicará el acceso a crédito de los autónomos y pymes
Basilea III es, según la explicación que ofrece la propia Unión Europea, un conjunto de normas internacionales diseñadas para reforzar la estabilidad del sistema financiero, después de la crisis de 2008.
Durante la última década, Europa ha ido incorporando Basilea III de forma escalonada a través de su propia normativa bancaria. Primero lo hizo con el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR) y la Directiva CRD IV, que desde 2014 obligan a los bancos a mantener más capital de máxima calidad (CET1) y a reforzar sus colchones de solvencia.
A partir de ahí, llegaron los grandes cambios de liquidez: el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR), plenamente exigible desde 2018, y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR), obligatorio desde 2021, que limita el uso de financiación a corto plazo para conceder créditos a largo plazo, y que se pueden consultar a través del Diario Oficial de la Unión Europea, conocido como DOUE.
En paralelo, Bruselas ha ido endureciendo el tratamiento del riesgo inmobiliario, restringiendo el uso de modelos internos demasiado optimistas e imponiendo pruebas de estrés cada vez más exigentes a las entidades financieras. En 2023 y 2024, además, se aprobaron el nuevo paquete bancario CRR3 y la directiva CRD VI, que refuerzan, ambas, la supervisión y elevan los requisitos de capital para determinadas exposiciones empresariales.
Los dos cambios que introducirá Basilea en la financiación de las pymes
Sin embargo, y a ojos, al menos, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, el verdadero cambio llegará en 2027 con la aplicación plena de dos elementos clave:
El primero es el llamado output floor o suelo de capital, que es un mecanismo que limita la capacidad de los bancos para usar modelos internos avanzados para calcular el riesgo de sus préstamos. En la práctica, según los informes publicados por la Unión Europea, establece que los requisitos de capital no podrán ser inferiores al 72,5% de los calculados por el método estándar.
El segundo es, ni más ni menos, el endurecimiento definitivo de los criterios de riesgo, liquidez y solvencia. Y es que a partir de 2027, los bancos tendrán menos margen para flexibilizar sus cálculos. Esto hará que el capital que deban reservar por cada euro prestado sea mayor, y esto, lógicamente, tendrá un coste en la economía real.
El nuevo programa Basilea podría encarecer y limitar el crédito a empresas
Desde la CEOE sostienen que la mayor exigencia de capital y la forma más estricta de cálculo de riesgo que conlleva Basilea IV pueden tener el efecto negativo de encarecer y limitar la concesión de crédito a las empresas de todos los tamaños. Y hay que recordar, dicen, que todo ello va a suceder en un momento de mayor incertidumbre geopolítica, lo que endurece las condiciones financieras, por ejemplo, con la subida del Euribor. En consecuencia, como es lógico, la subida de los tipos de interés de los créditos concedidos será una realidad tangible.
En ese sentido, la CEOE deja claro que, bajo su criterio, la garantía de la robustez del sistema financiero es muy necesaria, evidentemente, pero es compatible con una simplificación regulatoria en aras de ganar una mayor eficiencia y de no convertirse en un obstáculo para atender las necesidades financieras del tejido productivo. Cabe recordar que, como sucede en otros muchos ámbitos, las pequeñas y medianas empresas son las que menor margen de actuación tienen.
Frente a este nuevo escenario, el mensaje de los expertos es claro: adaptarse no es opcional, sino una necesidad de supervivencia. El Consejo General de Economistas de España pone el foco en la profesionalización financiera y recomienda que a partir de 2027 las empresas cambin su manera de actuar. La falta de información detallada ya no supondrá únicamente una negociación complicada con los bancos, sino que podría implicar que el algoritmo del banco simplemente no autorice la operación.
Ahora bien, las propias instituciones europeas reconocen que este marco regulatorio puede impulsar otras vías, que es otro de los consejos que ofrecen los expertos: el mercado de capitales, el crowdfunding o los instrumentos híbridos llegarán para quedarse. Y, viendo el lado positivo, la realidad es que un sistema financiero más sólido reduce la probabilidad de crisis y evita cortes bruscos de crédito, algo devastador para cualquier empresa.
