- El CES pide compensar las nuevas obligaciones para las pymes que contratan becarios
- Los consejeros de Trabajo piden ayudas “suficientes, estables y de acceso ágil”
- Los expertos dicen que las empresas que dan formación disminuyen gastos al buscar personal
El Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral formado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), las organizaciones sindicales y varias asociaciones de pequeños negocios y autónomos, ha señalado en un nuevo dictamen que el Anteproyecto de Ley para regular el nuevo Estatuto del Becario necesita “reforzar y aclarar” en su texto que las pymes contarán con ayudas y compensaciones “suficientes” para hacer frente a las novedades que trae.
La motivación del CES parte, entre otros, de la necesidad de que las empresas más pequeñas puedan cumplir con estas nuevas cargas en caso de que el anteproyecto salga adelante, ya que presentan mayores dificultades para absorber los costes tanto económicos como administrativos.
La opinión del organismo, adjunto al Ministerio de Trabajo, es que estos aspectos no se valoran lo suficiente en el texto y no se cuantifica su impacto económico en términos de viabilidad, ni su repercusión macroeconómica.
Según explicó a este medio Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL), para que este modelo sea viable, “las prácticas deben integrarse en la planificación de recursos humanos y alinearse con las necesidades futuras de la empresa”. En ese sentido, recomendó evaluar su impacto —en aportación a proyectos, mejora de procesos o incorporación posterior— para poder visualizar su rentabilidad y que la beca se convierta en una herramienta de aprendizaje, en lugar de un gasto más.
El CES pide compensar las nuevas obligaciones para las pymes que contratan becarios
El Estatuto del Becario, que se encuentra en su fase de anteproyecto de ley, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre. En el texto se regula, como menciona su nombre, la figura del becario y su régimen jurídico, para asegurar que las prácticas cumplan su función formativa.
El texto, que acaba de pasar por el análisis del CES, tendría aún que pasar el trámite parlamentario para poder hacer efectiva la nueva regulación sobre los becarios.
Entre las novedades que implementa, establece nuevos costes para los autónomos y empresas que cuenten con este personal en su plantilla, ya que se establece que los becarios tendrán derecho a una compensación de gastos, que puede incluir manutención, desplazamiento o alojamiento.
Además, las acciones formativas se pautarán en un plan individual y obligatorio para cada persona becaria, quienes no podrán sustituir a personas trabajadoras.
Asimismo, la Inspección de Trabajo tendrá acceso a la documentación de estas prácticas y el total de personas en prácticas no laborales no podrá superar el 20% de la plantilla del centro de trabajo, teniendo en cuenta que se creará una comisión de seguimiento sobre la formación práctica en las empresas.
Al respecto, el consejo también echa en falta una valoración del impacto económico de la compensación mínima a las personas en formación por estos gastos vinculados en los que pueden incurrir por realizar las prácticas los becarios, así como los costes derivados del tiempo efectivo de tutorización, y que no aparecen en la propuesta normativa.
En opinión de los expertos, el refuerzo de la planificación y del seguimiento formativo mejorará la calidad del sistema, pero aumentará la complejidad administrativa que ya afrontan autónomos y pymes, tanto por el seguimiento de los planes formativos personalizados, como por los acuerdos formales detallados que será necesario celebrar entre centros formativos y negocios.
También, las posibles actuaciones inspectoras derivadas de la mayor vigilancia de la Inspección, generarán nuevas “obligaciones documentales permanentes”.
Estos datos toman relevancia si se tiene en cuenta que los trabajadores por cuenta propia cerraron 2025 con unos costes laborales de 3.111 euros mensuales, empujados por las cotizaciones sociales, y que invirtieron unos 3.000 euros de media para afrontar sus cargas burocráticas.
Los consejeros de Trabajo piden ayudas “suficientes, estables y de acceso ágil”
“En general, y principalmente en las pymes, estos costes y cargas no siempre pueden absorberse con facilidad, especialmente en sectores de bajo margen o en territorios con menor densidad empresarial”, apunta el CES.
Para paliar esta situación, los expertos detallan la necesidad de introducir en la ley de forma clara ayudas y compensaciones que sean “suficientes, estables y de acceso ágil”, evitando que las pymes queden “condicionadas a una excesiva carga administrativa y a una mayor complejidad en la gestión”.
Además, plantean detallar en el propio texto legal las “líneas maestras” de estas ayudas y compensaciones a establecer en el desarrollo normativo que tendrá posteriormente el texto, sin perder de vista que puede haber cargas organizativas y de gestión, derivadas de esta nueva norma, que resulten “difícilmente asumibles sin apoyo externo”.
Por último, se añade también que, para minimizar “el retraimiento” de las pequeñas empresas en la contratación de becarios, es necesario que las autonomías coordinen el desarrollo de un modelo simplificado de gestión, con herramientas y procedimientos comunes, que permitan un mayor alcance de la formación práctica.
Los expertos dicen que las empresas que dan formación disminuyen gastos al buscar personal
Para Fernández-Bravo, el enfoque de las prácticas y las becas como “algo puntual” puede resultar un enfoque limitado y poco estratégico. En ese sentido, señaló que los negocios pueden recurrir a estos perfiles en formación para mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad del tejido empresarial.
“Invertir en talento joven reduce de forma significativa los costes asociados a la rotación y a los procesos de selección. Las empresas que forman desde dentro disminuyen el tiempo y el gasto en búsqueda de personal, acortan los periodos de adaptación y aumentan la fidelización y el compromiso. En este sentido, la conversión de prácticas en contratos laborales se revela como una de las vías más eficientes de captación de talento”.
Para que este modelo sea viable, el experto valoró que, más allá de la necesidad de ayudas planteada por el CES, las prácticas tienen que integrarse en la planificación de recursos humanos, en coherencia con las necesidades a largo plazo del negocio. “Evaluar su impacto –en aportación a proyectos, mejora de procesos o incorporación posterior– permite visualizar su rentabilidad y cambiar el relato”.
Según detalló Bravo, para que la formación práctica no suponga un coste elevado, son necesarias las ayudas. “Entre las principales medidas destacan las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, las ayudas directas para la tutorización, las subvenciones vinculadas a planes formativos reales y los incentivos a la conversión de prácticas en empleo de calidad”, aunque, especialmente para pymes y personas autónomas, es fundamental «articular un sistema de ayudas e incentivos públicos».
Por el momento, a ello se suman las deducciones fiscales por gastos de formación, tutorización y seguros, así como los programas de prácticas cofinanciadas con fondos públicos. Pero, en el caso de los autónomos, «resulta clave reforzar las bonificaciones, ofrecer ayudas específicas para el primer becario y simplificar los trámites administrativos”.
