- Los gestores piden eliminar la obligación de pagar cotizaciones con efecto retroactivo
- Pymes y autónomos deben corregir sueldo y cotización de sus empleados desde enero
- Mayor incertidumbre para algunos sectores, como hostelería y comercio
La publicación tardía de la orden de cotización de Seguridad Social para 2026 ha vuelto a generar un problema para miles de autónomos y pymes: tienen que corregir en pocas semanas todas las nóminas y cotizaciones abonadas a sus trabajadores desde enero. Como viene siendo habitual en los últimos años, la norma se ha aprobado bien entrado el ejercicio –en este caso, a finales de marzo– pero con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Este desfase obliga a empresas y trabajadores por cuenta propia con empleados a recalcular salarios, pagar atrasos y presentar liquidaciones complementarias a la Seguridad Social en un plazo muy reducido. Una situación que, según denuncian los profesionales del sector, genera inseguridad jurídica y una carga de trabajo “extraordinaria” en los despachos.
Ante este escenario, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha pedido un cambio en la normativa para evitar que las cotizaciones que pagan las empresas por sus empleados tengan efectos retroactivos. Su presidente, Joaquín Merchán, reclamó que, al menos en materia de Seguridad Social, las nuevas reglas entren en vigor desde su aprobación y no desde el inicio del año.
La petición llega en un momento especialmente sensible para el tejido empresarial, que en las últimas semanas ha tenido que adaptar en tiempo récord tanto las nóminas al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como las bases de cotización fijadas en la nueva orden publicada por la Seguridad Social.
Los gestores piden eliminar la obligación de pagar cotizaciones con efecto retroactivo
El presidente de los graduados sociales fue claro al reclamar un cambio de criterio en la forma en la que se aprueban estas normas. A su juicio, mantener la retroactividad en las cotizaciones genera más problemas que beneficios, especialmente en un contexto en el que las decisiones se retrasan cada vez más.
Son, según denunció Merchán, normas que «deberían estar cerradas antes del inicio del ejercicio y que terminan llegando a finales de marzo, con efectos desde enero”. El presidente de los graduados defendió que esta situación obliga a rehacer nóminas ya cerradas, recalcular cotizaciones y asumir en pocos días una carga de trabajo muy elevada, que además suele coincidir con periodos especialmente delicados como la Semana Santa.
En este sentido, los graduados sociales plantean una solución intermedia: mantener la retroactividad en los salarios -para garantizar que los trabajadores cobren lo que les corresponde- pero eliminarla en las cotizaciones a la Seguridad Social.
El objetivo sería aportar mayor seguridad jurídica a empresas, autónomos y profesionales, permitiendo que conozcan desde el inicio del año cuáles serán sus costes reales. “Empresarios y trabajadores deberían saber desde el 1 de enero qué salario se aplica y qué coste de cotización tiene su actividad”, insistió Merchán.
Además, el impacto de esta forma de legislar no es menor. Según los datos que manejan los profesionales, afecta directamente a la gestión de más de 22 millones de trabajadores, incluidos entre dos y 2,5 millones de perceptores del SMI.
A ello se suma el coste indirecto que asumen los despachos profesionales, donde trabajan cerca de 70.000 personas, además de los 17.000 colegiados que deben gestionar estas regularizaciones en plazos muy ajustados.
Pymes y autónomos deben corregir sueldo y cotización de sus empleados desde enero
Más allá del debate técnico, lo cierto es que la nueva orden de cotización ya está teniendo efectos prácticos inmediatos sobre el tejido empresarial. Tal y como avanzó este diario en los últimos días, autónomos y pymes se han visto obligados a rehacer todas las nóminas abonadas desde enero para adaptarlas tanto al nuevo SMI como a las bases de cotización actualizadas.
Esto implica, en la práctica, tres obligaciones principales. Por un lado, recalcular los salarios de los trabajadores que estaban cobrando el mínimo, abonando los atrasos correspondientes desde enero.
Por otro, ajustar las cotizaciones sociales a las nuevas bases, lo que supone pagar diferencias adicionales a la Seguridad Social mediante liquidaciones complementarias. Y, finalmente, adaptar todos los sistemas de nóminas y contabilidad a estos cambios en un plazo muy reducido.
El problema, según denuncian tanto gestores como asociaciones empresariales, es que este proceso se repite cada año y genera una incertidumbre constante sobre los costes laborales.
Para muchas pymes, el mayor perjuicio no es sólo económico, sino estratégico. No saber desde enero cuánto costará realmente cada trabajador dificulta la planificación del negocio, la contratación y la toma de decisiones.
Mayor incertidumbre para algunos sectores, como hostelería y comercio
Esta incertidumbre se agrava en sectores intensivos en mano de obra, como hostelería, comercio o servicios, en los que una gran parte de la plantilla está vinculada al SMI y cualquier cambio impacta directamente en la rentabilidad.
Además, el retraso en la aprobación de estas normas rompe el principio básico de previsibilidad fiscal y laboral. Las empresas arrancan el año con unos costes estimados que, meses después, cambian de forma retroactiva.
Por ello, desde el sector se insiste en que el origen del problema está en el calendario de negociación del salario mínimo. Los graduados sociales proponen adelantar estas negociaciones al último trimestre del año, de modo que tanto el SMI como la orden de cotización estén aprobados antes del 1 de enero.
