- El sector considera que los requisitos de Renfe excluyen a la mayoría de pymes del sector
- La suspensión del contrato alivia a miles de autónomos y pymes del transporte por carretera
La polémica de Renfe por la creación de una empresa mixta de autobuses que se encargue de sustituir los servicios ferroviarios por carretera cuando haya obras, cortes de línea o incidencias continúa.
Y no sólo eso, sino que en las últimas semanas ha dado un giro clave, pues la Justicia ha decidido paralizar el concurso diseñado por la propia Renfe ante las numerosas protestas de las pequeñas y medianas empresas del sector.
En concreto, ha sido el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (el TARC) quien ha acordado la suspensión cautelar de la licitación impulsada por Renfe Viajeros al considerar que existen indicios suficientes de que las condiciones del contrato que planteó en un principio la empresa de trenes podían limitar la competencia.
Han sido muchas las pequeñas empresas del transporte en autobús las que venían alertando de que el modelo planteado favorecía a un reducido grupo de grandes operadores, porque exigía unas condiciones imposibles de cumplir para los más pequeños, y porque además les relegaba a ellas a un papel donde sólo pudiesen ser subcontratadas.
El sector considera que los requisitos de Renfe excluyen a la mayoría de pymes del sector
Fue a principios de abril cuando Renfe publicó los pliegos definitivos para seleccionar al socio privado con el que había decidido constituir la nueva empresa de autobuses que serviría como sustituta en los cortes en la red ferroviaria. La realidad es que, según los datos que ha ofrecido la propia entidad, en los próximos meses y años está previsto un volumen elevado de actuaciones en la red ferroviaria, con numerosas interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento y modernización, y de ahí surgía el objetivo de garantizar la movilidad de todos los pasajeros afectados mediante una flota de aproximadamente 200 o 300 autobuses diarios.
Y el acuerdo inicial, a ojos de Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) cuando fue preguntado por este diario, tenía unos requisitos bastante elevados. Porque la idea era que el contrato tuviese una duración de 10 años, que además podían ser prorrogables, que la empresa elegida contase con una flota mínima de 500 autobuses y que demostrase también una facturación de al menos 75 millones de euros en los últimos tres ejercicios. Y a ello se añadía el hecho de que la empresa debía tener presencia obligatoria en las provincias de Madrid y Barcelona, la Comunidad Valenciana al completo y varias provincias de Andalucía.
Apenas diez u once empresas cumplían las condiciones del contrato público
Estas condiciones dejaban fuera, lógicamente, a la inmensa mayoría de los negocios del sector. De hecho, según nos explicaban desde Confebus, de las más de 2.000 empresas de autobuses que operan actualmente en España, solamente 10 u 11 cumplían los criterios de solvencia previstos.
Si bien es cierto que desde Renfe se defendía y se sigue defendiendo que este modelo permitirá ganar eficiencia, asegurar la disponibilidad inmediata de vehículos y evitar los problemas que se producen cuando hay que recurrir de manera urgente a contrataciones puntuales, esta no era, desde luego, la visión de las pequeñas y medianas empresas del sector de transporte por carretera.
Según nos relataba Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, que es la patronal que representa a la mayoría de ellas (y también a las grandes como Alsa o Avanza), este modelo implica un riesgo real para la supervivencia de la gran mayoría de empresas privadas del sector, que además operan en otro tipo de transportes, como el escolar, el discrecional o el turístico. En sus propias palabras, existía con esta propuesta de Renfe un problema territorial grande: en muchas zonas de nuestro país no operan grandes compañías de autobuses, por lo que un corte ferroviario en un pequeño municipio necesitaría de la colaboración de una empresa de autobuses local, no una multinacional con sede en Madrid.
Esto quiere decir que en el día a día las pequeñas empresas del transporte por carretera seguirían siendo necesarias, pero tendrían que recurrir de manera obligatoria a la subcontratación por parte de la empresa creada por Renfe, lo que les trasladaría condiciones económicas mucho peores. Y así, se crearía una competencia desleal que distorsionaría el mercado y desplazaría a los operadores privados en el momento de la negociación económica.
La suspensión del contrato alivia a miles de autónomos y pymes del transporte por carretera
Así las cosas, unos días después de que Renfe plantease los pliegos definitivos de su propuesta, y tras días de protestas por parte de diferentes asociaciones relacionadas con el transporte en autobús, como es el caso de Fenadismer y Anetra, que fueron las que presentaron recursos alertando de las graves irregularidades y el impacto excluyente del proyecto, la Justicia dictó una resolución acordando la suspensión cautelar de la licitación de Renfe.
Según aclaran desde Fenadismer, en España el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas, es decir, empresas con flotas de menos de 10 autobuses. Señalan, además, que la estrategia de Renfe de crear una empresa con estas condiciones recordaba a una extinta operadora pública llamada ENATCAR, que fue privativada en los años 90. Bajo su punto de vista, carece de sentido crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes del transporte por carretera españolas, que, además, y en palabras de Rafael Barbadillo de Confebus, han logrado demostrar a lo largo de los años su capacidad para cubrir servicios públicos mediante licitaciones, acuerdos marco y contratos de emergencia.
Ahora mismo, entonces, queda por ver si Renfe tratará de defender el diseño original de su concurso, o bien si optará por introducir cambios que permitan una mayor participación. La Asociación de Empresas de Autocares Direbús España, Direbús, por su parte, ha planteado la alternativa de una licitación por lotes, con el objetivo de evitar la concentración del servicio y facilitar la entrada a más compañías. Sin embargo, y según sus propias declaraciones, no descartan continuar la vía judicial si Renfe sigue defendiendo este proceso que no se ajusta a los principios de libre competencia.
