La asociación de médicos de ejercicio libre, Unipromel, ha elevado la batalla legal que mantiene contra el modelo de seguros presentando un recurso contencioso-administrativo. Denuncian el convenio suscrito entre Muface y las grandes aseguradoras porque atenta contra los intereses de miles de facultativos autónomos, un conflicto que afecta no solo a los médicos, sino también a los millones de pacientes que dependen de sus servicios, aseguran. Este 3 de abril de 2025, tras agotar sin éxito las vías administrativas –incluidas denuncias ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Seguros–, Unipromel recurrió a la Audiencia Nacional para exigir “honorarios justos”. Consideran que el acuerdo es contrario a derecho y vulnera los intereses legítimos de sus más de 2,000 médicos autónomos afiliados, quienes forman parte de un colectivo mucho mayor que sostiene la sanidad privada en España.
Más de 300,000 autónomos trabajan en el sector sanitario
“Lo analizamos como un sector de autónomos y pequeñas pymes. Pero cuando sumamos a veterinarios, farmacéuticos, ópticos, fisioterapeutas, dentistas, resulta que superan los 300,000 autónomos en el sector de la sanidad”, afirma el doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel. Este oftalmólogo destaca que muchos facultativos integrados en servicios hospitalarios trabajan como autónomos, atendiendo a una parte significativa de los alrededor de 14 millones de españoles que recurren a la sanidad privada, ya sea mediante seguros o pagos directos. Este volumen alivia la presión sobre el sistema público, pero los autónomos enfrentan una paradoja: su esfuerzo no se refleja en sus ingresos ni en su reconocimiento.
Los honorarios que pagan las aseguradoras no cubren los gastos de estos autónomos
El control de las grandes aseguradoras es un obstáculo central. “Tú no puedes fijar tu precio, tienes que trabajar para uno de estos grandes grupos y aceptar las condiciones que te imponen”, asegura Guerrero. Estas tarifas –6 euros por consulta general y hasta 20 euros para especialistas– están, según él, “por debajo de los costes que tienen que asumir”. Un médico autónomo debe cubrir alquiler, material sanitario, impuestos y cotizaciones sociales, que fácilmente superan los 1,000 euros mensuales, haciendo inviable sobrevivir con tales ingresos por consulta. Para Guerrero, las cinco principales aseguradoras, que manejan 10 millones de clientes, forman “un cártel” al acordar precios que apenas varían entre sí. “El resultado es un sistema en el que se prioriza el volumen sobre la calidad”, lamenta, evidenciando un modelo que beneficia a las corporaciones mientras asfixia a los profesionales.
El modelo actual no solo limita la autonomía, sino que pone en jaque la sostenibilidad económica de los médicos. Un facultativo que atienda 500 consultas al mes a 6 euros por visita ingresaría 3.000 euros brutos, de los cuales debe descontar gastos operativos y cotizaciones, dejando un beneficio neto insuficiente para vivir dignamente. Esta precariedad lleva a muchos a abandonar las consultas independientes y sumarse a los grandes grupos, perpetuando la dependencia y reduciendo aún más el tejido de pymes sanitarias.
El dominio de los grupos hospitalarios agrava esta situación. “Las aseguradoras manejan una gran bolsa de pacientes a los que un médico no tiene acceso si no forma parte de su cuadro médico o se encuentra dentro de los servicios hospitalarios adscritos a estas compañías”, explica Guerrero. Hace décadas, las calles estaban llenas de placas que anunciaban consultas privadas: “Se veían un montón de placas por las calles que han ido desapareciendo porque se está extinguiendo la pequeña consulta privada”. Hoy, los pacientes son canalizados hacia grandes centros, lo que reduce la competencia y la diversidad de opciones.
La calidad de la atención sanitaria privada en riesgo, según UNIPROMEL
Esta concentración también afecta la calidad. “Muchos pacientes ya no tienen el seguimiento de un mismo especialista, sino que son atendidos por un servicio hospitalario, más impersonal”, sostiene Guerrero. En la privada, las restricciones impuestas por aseguradoras y hospitales erosionan la relación médico-paciente, dejando a los autónomos sin capacidad para competir frente a las corporaciones que dominan el mercado.
Con 12,4 millones de españoles asegurados con datos de la patronal del sector UNESPA, la ausencia de un marco legal específico es una carencia crítica. “No hay una ley del seguro médico privado y es lo que le hemos pedido al Gobierno”, reclama Guerrero. Esta falta de regulación permite abusos como el alza desproporcionada de pólizas con la edad –que pueden pasar de 30 euros mensuales a 300 o más– o la exclusión de pacientes de riesgo, prácticas que afectan tanto a usuarios como a médicos. Desde Unipromel advierten que, sin una normativa clara, las aseguradoras seguirán priorizando beneficios sobre el bienestar de los implicados, dejando desprotegidos a millones de ciudadanos y a los autónomos que los atienden.
Seguros concertados directamente con los profesionales como alternativa.
La alternativa de Unipromel es un “Muface directo” sin intermediarios, donde el Estado pague a los médicos por sus servicios, sin tener que pasar obligatoriamente por las aseguradoras.
Otra solución sería trocear los conciertos por provincias, permitiendo a pymes y autónomos acceder a contratos públicos. “Que el Estado permita apuntarse como médico o centro a la oferta de servicios concertados en toda España”, sugiere Guerrero, inspirándose en normativas europeas que favorecen la competencia y el acceso de pequeños actores.
En contraste con España, países como Francia y Alemania ofrecen modelos que podrían servir de referencia. “En Francia tú vas donde quieras. El médico autónomo puede ejercer libremente porque la ley le protege”, explica Guerrero. Allí, el Estado paga directamente a los profesionales, y los pacientes eligen sin restricciones, apoyados por subsidios a médicos en sus primeros años. En Alemania, las mutuas colaboran con el sistema público, garantizando pagos justos y libertad de elección. Estos sistemas reducen las listas de espera y fortalecen a los autónomos, algo que Guerrero ve factible en España si se abandona el modelo centrado en las aseguradoras.
Unipromel está dispuesto a gastar hasta 400.000 euros anuales para dar la batalla legal
La resistencia de Unipromel es firme. “Vamos a dar guerra”, advierte Guerrero. Tras agotar las vías administrativas, disponen de un presupuesto anual de 400,000 euros de la recaudación de las cuotas de sus socios para emprender campañas judiciales. Su recurso contencioso-administrativo busca revertir un sistema que consideran injusto, bajo una visión clara: “Pacientes libres, independientes y soberanos” con “médicos libres, independientes y con autoridad”.
