Mientras la Unión Europea avanza en un proceso de simplificación normativa, para aliviar la carga que soportan las empresas, las pymes y los autónomos españoles continúan afrontando niveles de burocracia superiores a los de otros países comunitarios.
Las comparativas internacionales y los representantes empresariales apuntan que la forma en la que España aplica las directivas europeas, junto con la fragmentación regulatoria interna, introduce capas adicionales de trámites.
En la práctica, esto se traduce en más tiempo, más costes y mayores dificultades para los negocios españoles.
- Pymes y autónomos españoles soportan hasta el doble de burocracia que otros países europeos
- El coste regulatorio cambia según el tamaño y sector de la pyme
- La fragmentación autonómica incrementa la burocracia
- Las pymes españolas consideran que también hay que simplificar la regulación nacional
Pymes y autónomos españoles soportan hasta el doble de burocracia que otros países europeos
Según las encuestas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 66% de las empresas europeas identifica la regulación como un obstáculo para la inversión.
Ante esta realidad, la Unión Europea se encuentra inmersa en un proceso de simplificación administrativa que la patronal que representa a la pequeña y mediana empresa en España, CEPYME, valoró para este medio: “Se trata de una cuestión obligada, tras haber evolucionado hacia un marco inasumible para la mayoría de las pymes. Pero no elimina la incertidumbre generada por años de acumulación regulatoria”.
El problema, a su juicio, es que, “en muchas ocasiones la forma en la que se traspone o se adapta la normativa comunitaria en España genera cargas adicionales para nuestras pymes. La anterior realidad se plasma en forma de objetivos más exigentes, nuevos impuestos o la generación de distintas cargas administrativas que, en muchas ocasiones, no cuentan con un sustento que las justifique”.
El resultado es que la percepción de las empresas no se traduce en la misma carga real en toda Europa. En la práctica, el impacto de la burocracia varía de forma significativa entre países y España destaca por soportar una carga administrativa superior a la de buena parte de su entorno europeo.
Así lo confirman los datos que maneja CEPYME, según los cuales un pequeño negocio de nuestro país dedica 27,7 horas al mes a hacer frente a trámites burocráticos y obligaciones administrativas, lo que contrasta con el tiempo que dedican otros países como Italia, donde se emplean 26,1 horas mensuales, y muy por encima de Polonia, con 12,3 horas al mes, el país de la Unión Europea donde menos tiempo se dedica a estas cuestiones.
Esta diferencia tiene un impacto directo en la eficiencia de los pequeños negocios, según fuentes de la patronal, que calcularon que “si las pymes y los autónomos españoles dedicaran a la burocracia el mismo tiempo que en Polonia, las ganancias de productividad laboral rondarían los 17.000 millones de euros”.
Este diagnóstico coincide con el de la Fundación Civismo, que en sus estudios sitúa a España entre los países europeos donde las empresas deben dedicar más de 200 horas anuales al cumplimiento de obligaciones administrativas.
Según este análisis, buena parte de ese tiempo se destina a gestiones como “la presentación de impuestos, el cumplimiento de obligaciones laborales y de Seguridad Social, la solicitud de licencias y autorizaciones, la atención a requerimientos administrativos, el envío de información estadística o las comunicaciones recurrentes con distintas administraciones públicas”.
El coste regulatorio cambia según el tamaño y sector de la pyme
El impacto de esta burocracia no es homogéneo entre empresas, ni por tamaño ni por sector, lo que dificulta una desagregación sencilla de los datos, ya que, según advirtieron sus representantes, “el universo de microempresas es muy dispar y difícilmente comparable”.
En este sentido, subrayaron que no es equivalente el esfuerzo administrativo de una empresa con uno o dos trabajadores al de otra con plantillas más amplias y que, además, en muchos casos las tareas burocráticas están externalizadas en un gestor.
“En estas situaciones, el coste real de la burocracia no se mide tanto en horas como en euros”, señalaron desde CEPYME.
A esta heterogeneidad por tamaño se suman importantes diferencias sectoriales. La patronal apuntó a que existen actividades –e incluso subsectores dentro de un mismo ámbito– con mayores exigencias de seguridad o de cumplimiento normativo, lo que implica todavía más cargas administrativas.
Esta combinación de factores hace que, aunque el problema sea común, su impacto concreto varíe notablemente entre los diferentes negocios.
La fragmentación autonómica incrementa la burocracia
La carga administrativa tampoco es igual en toda España. Las fuentes consultadas subrayaron que la fragmentación autonómica introduce costes adicionales para las empresas que operan en más de un territorio.
Un reciente estudio sobre burocracia en España del Adam Smith Center de la Florida International University (FIU) estima que las empresas dedican casi 53 días al año exclusivamente a trámites administrativos, con diferencias significativas entre comunidades autónomas.
Según este análisis, comunidades como Madrid se sitúan por debajo de la media, con alrededor de 49 días al año, mientras que Cataluña y la Comunidad Valenciana superan ese promedio, con más de 54 y 55 jornadas, respectivamente.
El mismo trabajo remarca también que, mientras que en Cataluña se necesitan más de 38 días para abrir un negocio, en Madrid se puede lograr en 29.
Estas desigualdades se explican por la distinta aplicación territorial de trámites como la inscripción inicial, permisos autonómicos, licencias municipales, gestiones con servicios básicos y requisitos específicos por actividad, lo que traduce la fragmentación normativa en tiempo efectivo dedicado al papeleo.
Las pymes españolas consideran que también hay que simplificar la regulación nacional
Los representantes de las pymes consideraron que “más normas complejas y desiguales respecto al resto del mundo son sinónimo de más costes, menos competitividad y mayores dificultades para la supervivencia de las pequeñas empresas”.
A este impacto directo se suma la incertidumbre asociada a los procesos normativos, que frena los planes de futuro de las empresas al no ofrecer la visibilidad necesaria sobre sus modelos de negocio y el retorno de sus inversiones.
Por todo ello, recordaron que la burocracia que soportan las pymes y los autónomos en España no puede explicarse únicamente por lo que se decide en Bruselas, sino por las decisiones que se toman a nivel nacional y autonómico. Bajo su punto de vista –y a tenor de las comparativas internacionales– todavía hay mucho margen de mejora.
