Más de 14.000 empresas en España, la mayoría de ellas pymes, utilizan ya una herramienta gratuita que mide su impacto social, ambiental y de gobernanza, según informa Europa Press. Un sistema impulsado por el movimiento internacional BCorp: un sello que certifica a las que cumplen estándares exigentes en dichas materias. Junto a ellas, 334 medianas y grandes empresas están certificadas oficialmente en nuestro país, tras superar auditorías independientes que evalúan desde su política laboral hasta su gestión ambiental y su modelo de gobierno.
La expansión de esta herramienta, conocida como BImpact y abierta a cualquier negocio, aunque no quiera certificarse, refleja un cambio silencioso en la forma de competir; que empieza a trasladarse a las relaciones comerciales entre empresas y proveedores. Cada vez más negocios solicitan información sobre emisiones, condiciones laborales o trazabilidad a quienes trabajan con ellas, lo que coloca a autónomos y micropymes ante nuevas exigencias si quieren mantener determinados clientes.
Además, el sistema va a entrar en una nueva fase en 2026, con estándares más estrictos y requisitos obligatorios en áreas clave como acción climática, derechos laborales o gobernanza empresarial, elevando el nivel de exigencia para quienes aspiren a obtener el sello. Este giro anticipa un escenario en el que medir el impacto dejará de ser una opción solo para mejorar la reputación corporativa, para convertirse en una condición cada vez más habitual en determinados mercados.
- Cada vez más clientes exigen certificados de sostenibilidad a sus proveedores
- La sostenibilidad se va convirtiendo en un factor competitivo real
- Nuevos estándares obligatorios elevarán la exigencia empresarial
Cada vez más clientes exigen certificados de sostenibilidad a sus proveedores
BCorp es un movimiento nacido en Estados Unidos en 2006 con el objetivo de promover un modelo empresarial que combine rentabilidad económica con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Hoy está presente en más de un centenar de países. Y en España, donde cumple 10 años, ha consolidado una comunidad de 334 empresas certificadas que, en conjunto, rozan los 16.000 millones de euros de facturación agregada y generan algo más de 44.000 empleos.
La certificación exige modificar estatutos para incluir a los grupos de interés en la toma de decisiones, medir emisiones, establecer políticas laborales claras y cumplir estándares verificables en gobernanza y transparencia. Sin embargo, la mayoría de las más de 14.000 organizaciones registradas en España no están certificadas, sino que utilizan BImpact como herramienta de autoevaluación para ordenar procesos y anticipar demandas del mercado.
El uso masivo de esta herramienta de medición es uno de los datos más relevantes para el tejido empresarial, porque indica que miles de pymes están evaluando ahora variables que hace pocos años apenas se tenían en cuenta. Energía utilizada, emisiones generadas, igualdad en puestos directivos o impacto en la comunidad son ahora indicadores que empiezan a formar parte del análisis interno de muchos negocios.
La sostenibilidad se va convirtiendo en un factor competitivo real
En número de empresas certificadas, el crecimiento del movimiento en España ha sido del 18% en el último año; mientras que el número de organizaciones que utilizan la herramienta de medición ha aumentado un 28% respecto al ejercicio anterior. Este ritmo de expansión muestra que el interés no se limita a grandes compañías, sino que alcanza a empresas de menor tamaño que buscan posicionarse en mercados más exigentes.
Desde el punto de vista económico, las empresas certificadas en España concentran su actividad en más de 78 industrias, con presencia destacada en alimentación y bebidas, moda, servicios digitales, consultoría o sector farmacéutico. Cataluña agrupa el 43% de las certificadas, seguida de Madrid con el 29% y la Comunidad Valenciana con el 8%, lo que refleja una implantación territorial significativa.
Los datos internos del movimiento indican además que una amplia mayoría de estas empresas mide y reporta sus emisiones de gases de efecto invernadero y que la mitad opera con mayoría de energía procedente de fuentes renovables. Más de la mitad cuenta con representación paritaria en puestos directivos y todas han modificado sus estatutos para integrar a sus grupos de interés en la toma de decisiones.
Nuevos estándares obligatorios elevarán la exigencia empresarial
El cambio previsto para 2026 supone sustituir el sistema de puntuación acumulativa por un modelo basado en requisitos obligatorios en siete áreas de impacto, lo que elevará el listón para obtener y mantener la certificación. Este ajuste se alinea con la evolución normativa europea en materia de sostenibilidad y con la presión creciente para evitar prácticas de comunicación ambiental sin respaldo verificable.
Aunque estas exigencias afectan directamente a las empresas que buscan el sello, su impacto suele trasladarse a la cadena de valor, en la que proveedores y colaboradores deben aportar datos o cumplir determinados criterios. Para un autónomo con una pequeña empresa, que trabaja con medianas o grandes firmas, esto puede traducirse en la necesidad de medir consumos energéticos, formalizar políticas internas o documentar prácticas laborales.
En paralelo, el reconocimiento social del movimiento también ha crecido en España: una de cada tres personas afirma conocer el modelo y más del 80% declara confiar en este tipo de empresas. Esta percepción pública refuerza el atractivo comercial del sello y contribuye a que cada vez más pymes consideren la medición del impacto como parte de su estrategia competitiva.
