Tras la entrada en vigor, el pasado 1 de abril, de un nuevo impuesto sobre los líquidos de vapeo, que afecta a productos con y sin nicotina, el sector teme el cambio legislativo propuesto por el Ministerio de Sanidad, que incluye la prohibición de sabores en los líquidos de los cigarrillos electrónicos y el etiquetado genérico. Estas medidas podrían tener un impacto desproporcionado en los autónomos y pequeñas empresas que sustentan esta industria en España.
El negocio del cigarrillo electrónico, que emergió alrededor de 2012 en España, ha crecido desde entonces como una fórmula de emprendimiento basada en el autoempleo. Según Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (Upev), «en la actualidad existen unas 450 tiendas especializadas, todas ellas pymes, que emplean de 2 a 13 personas según su facturación». A estas se suman fabricantes y distribuidores nacionales, especialmente en Cataluña, donde se concentran cerca de 70 tiendas y cuatro de los cinco grandes fabricantes de líquidos para cigarrillos electrónicos. En total, el sector está compuesto por 500 pymes, micropymes y autónomos, generando alrededor de 1.500 empleos directos y más de 3.000 puestos de trabajo, con una facturación superior a los 130 millones de euros en 2024.
Los comerciantes temen que la prohibición de los sabores y el etiquetado homogéneo termine con los vapeadores
Si bien los vapeadores nacieron como alternativa a los cigarrillos tradicionales, los poderes públicos han emprendido en los últimos años una equiparación de ambos formatos por considerarlos productos nocivos para la salud. Recientemente, España transpuso una directiva para gravar adicionalmente los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina, chicles, inhaladores, pastillas y parches. Este encarecimiento ya lo notan los consumidores de todos los productos relacionados con el tabaco en sus bolsillos desde el 1 de abril.
Además, el pasado año también se incluyó el «tabaco calentado» entre estos artículos, otra alternativa al cigarrillo tradicional que ha ganado adeptos en los últimos años. Estos dispositivos, a diferencia de los vapeadores, sí contienen tabaco, que se calienta a una temperatura muy elevada sin llegar a prender, pero sólo pueden comercializarse en los estancos. De esta forma, junto a la subida impositiva, los cambios ahora previstos también afectarían negativamente a las ventas de los más de 13.000 estanqueros existentes en todo el país, otro colectivo formado principalmente por autónomos y pequeñas empresas.
Pero no es el único cambio normativo al que tendrán que adaptarse, porque el Ministerio de Sanidad presentó un proyecto de Real Decreto que, de aprobarse en el Parlamento, prohibirá los sabores, salvo el del propio tabaco, en estos dispositivos. El presidente de la Upev resaltó en declaraciones a este medio que «el 62% de los clientes que han abandonado el tabaco gracias al vapeo prefieren sabores frutales».
Para Ribes, este ha sido el factor clave para que los fumadores encuentren una alternativa eficaz al cigarrillo tradicional, de modo que la eliminación de estos sabores, apenas meses después de que los productos fueran fiscalizados, podría no solo reducir la efectividad del vapeo como herramienta para dejar de fumar, sino también «forzar a los consumidores a optar por productos menos efectivos y aumentar el riesgo de recaída en el tabaco».
La CNMC denuncia que el proyecto de ley restringe la competencia
La preocupación de estos pequeños comerciantes coincide con el informe realizado por la CNMC, que analizó este proyecto antes de convertirse en ley y aseguró que, si bien «comparte la necesidad de prevención», también «recomienda reforzar la evidencia empírica de ciertas medidas antitabaco«, en línea con el discurso de Ribes, quien insistió en que todos los productos de vapeo nacionales están registrados en la UE y el Ministerio de Sanidad, cumpliendo con estrictos estándares toxicológicos. Para el presidente de la Upev, estos productos han demostrado ser una herramienta efectiva para reducir el tabaquismo, como lo evidencia el caso de Suecia, que está cerca de convertirse en un país libre de humo.
Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por este medio aseguraron que este dictamen «ha sido debidamente tenido en cuenta. Ejemplo de ello es el cambio producido en el texto inicial respecto a la introducción de los contenidos relacionados con el empaquetado genérico y su respaldo mediante una norma con rango de ley», dando a entender que tan sólo aceptan algunas cuestiones formales pero no entran al fondo de la cuestión que son las que inquietan a los pequeños comerciantes. En cualquier caso desde Sanidad recordaron también que el proyecto todavía no es definitivo y actualmente se encuentra en fase de «análisis del texto por parte de los Estados Miembros, la Comisión Europea y otras partes interesadas de ámbito comunitari»o
Por su parte, desde la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España también han manifestado compartir el criterio de la CNMC y recalcaron en un comunicado que «la cajetilla genérica es completamente ineficaz como medida en la prevención del tabaquismo y ha quedado claramente demostrado en casos como el de Francia, Irlanda, Bélgica, Australia, etc.». Para esta organización que representa a los estanqueros «la evidencia muestra que los vaporizadores de nicotina son en realidad más efectivos que las terapias de reemplazo de nicotina» aunque sí «apoya decididamente la regulación de los productos con y sin nicotina con el objetivo de evitar la distribución sin control a la población, lo cual tiene implicaciones especialmente indeseables entre los más jóvenes«.
Más allá de la controversia sobre la salud, el regulador de la competencia en España evaluó que las medidas propuestas por el Gobierno no cumplen completamente con los principios de «necesidad, proporcionalidad y no discriminación» y concluyó que establecen «restricciones en cuanto al nivel de fabricación, al prohibir determinados ingredientes en los cigarrillos electrónicos y otros productos; y en el de la comercialización, al exigir requisitos de etiquetado comunes».
Otro de los aspectos bajo la lupa del regulador es el de la moratoria para su aplicación prevista en el proyecto, para que los agentes económicos puedan adaptarse, ya que «debería estar mejor justificada». Sin embargo, Ribes fue tajante al respecto: «La moratoria es una muerte dulce. Los tiempos no son asumibles porque el Real Decreto propone prohibir productos, lo que nos lleva al cierre». Para muchos pequeños comercios, la prohibición de sabores y el nuevo marco impositivo suponen una amenaza existencial. Por ejemplo, «un comercio minorista con stock almacenado por valor de 30.000 euros tendrá que pagar 80.000 euros en impuestos en abril», una carga que podría conducir al cierre de numerosas tiendas.
La normativa también plantea interrogantes sobre su coherencia. Como señaló Ribes, «Sanidad propone prohibir un producto sobre el que acabamos de pagar impuestos», lo que refleja una falta de coordinación en las políticas públicas. Además, el enfoque parece favorecer a las grandes tabacaleras y empresas extranjeras, mientras que «castiga casi en exclusiva al sector nacional», compuesto en su mayoría por pequeños empresarios.
650.000 usuarios y miles de puestos de trabajo, pendientes de los cambios legales
Con más de 650.000 usuarios en España, el sector del vapeo no solo es un nicho económico, sino también una alternativa al consumo tradicional de tabaco. Sin embargo, las nuevas restricciones podrían desmantelar una industria que, según Ribes, «es un sector en crecimiento y con oportunidades de desarrollo económico». La voz de los pequeños comerciantes, representada por Upev, es clara: las regulaciones deben proteger la salud pública sin sacrificar un sector que genera empleo y riqueza. Como concluyó Ribes, «es imprescindible cuidar la salud pública con datos, con pruebas y siempre de una manera proporcional». La CNMC ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los plazos y justificar mejor las medidas, mientras miles puestos de trabajo, que dependen de las pymes y autónomos que conforman el sector que comercializa productos relacionados con el trabajo, podrían estar en vilo si esta regulación restrictiva sale adelante.
