Las organizaciones agrarias españolas (Asaja, COAG, UPA…) han manifestado su rechazo al recorte previsto en la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, que plante una reducción de alrededor de hasta el 22% del presupuesto. Estas asociaciones, que ya protestaron en Bruselas recientemente, y en colaboración con muchas otras entidades europeas, alertan del impacto directo que tendría esta decisión sobre la renta de miles de autónomos agricultores y pequeños negocios del campo.
Según los cálculos del sector, el ajuste supondría para España una pérdida de unos 900 millones de euros anuales en ayudas. Una cifra que se trasladaría de forma directa a la cuenta de resultados de las explotaciones agrarias. “Esta propuesta va a suponer un recorte cercano al 20%, que en España se traduciría en unos 900 millones de euros y en una disminución directa de ingresos de entre 4.000 y 8.000 euros al año para el agricultor profesional”, explicó a este diario Agustín Miranda Sotillos, director gerente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja).
Las organizaciones advierten de que el recorte llega, además, en un momento de elevada volatilidad de precios y de mayor exposición a riesgos climáticos, lo que incrementa la incertidumbre económica de explotaciones que ya operan con márgenes muy ajustados. “Hasta ahora teníamos unos ingresos regulares y seguros que nos daban fiabilidad y rentabilidad, y ahora quedan supeditados a los mercados y a los problemas meteorológicos”, subrayó Miranda Sotillos.
- El recorte podría reducir hasta un 40% la renta de los autónomos del campo
- Volatilidad de precios y mayor riesgo económico
- Menos ayudas y más cierres de explotaciones
- Relevo generacional y despoblación rural
- Qué tienen previsto hacer las organizaciones agrarias ante el nuevo escenario
El recorte podría reducir hasta un 40% la renta de los autónomos del campo
Los pagos de la PAC representan para muchas explotaciones entre el 20% y el 40% de sus ingresos anuales, un porcentaje que puede ser aún mayor en explotaciones pequeñas, de secano o de ganadería extensiva. La reducción planteada por Bruselas elimina ese colchón financiero que permitía absorber oscilaciones de precios y planificar inversiones a medio plazo.
En Asaja insisten en que la pérdida de estabilidad es uno de los elementos más preocupantes del nuevo escenario. “Esa estabilidad que nos daba la Política Agraria Común actuaba como un colchón, y con su disminución quedamos desprotegidos frente a mercados cada vez más inciertos”, señaló su director gerente.
El recorte no se percibe de forma homogénea, ya que depende del tipo de producción y del territorio, pero el sector coincide en que la merma es especialmente relevante para explotaciones familiares y profesionales. En estos casos, una pérdida anual de varios miles de euros puede marcar la diferencia entre mantener la actividad o abandonar la explotación.
Volatilidad de precios y mayor riesgo económico
La desaparición de ese colchón se produce en un momento de fuertes oscilaciones en los precios agrarios, que complican la gestión diaria de los negocios del campo. Asaja pone como ejemplo el comportamiento reciente del mercado del aceite de oliva, con variaciones muy pronunciadas en cortos periodos de tiempo.
“Hemos visto cómo productos como el aceite han pasado de 4 a 10 euros el kilo y después han vuelto a bajar, y sin ese colchón de estabilidad la rentabilidad queda mucho más expuesta”, explicó Miranda Sotillos. Este tipo de vaivenes, sin apoyo suficiente de la PAC, incrementa el riesgo financiero de las explotaciones.
La combinación de precios volátiles, costes crecientes y menor respaldo público reduce la capacidad de reacción de los autónomos agrarios ante crisis de mercado o episodios meteorológicos adversos. Según el sector, el nuevo planteamiento deja a los agricultores en una situación de mayor fragilidad estructural.
Menos ayudas y más cierres de explotaciones
Las organizaciones agrarias alertan de que el recorte presupuestario puede acelerar una tendencia ya preocupante: el cierre progresivo de explotaciones en España. En los últimos años, el número de explotaciones agrarias se ha reducido de forma constante, con descensos anuales estimados entre el 3% y el 4%.
“Si la Unión Europea sigue por estas directrices, lo que está haciendo es un abandono del sector agrario y ganadero europeo”, advierte el director gerente de Asaja. A su juicio, mantener el recorte supondría superar unas ratios de desaparición de explotaciones que el sector considera ya críticos.
La reducción del número de explotaciones tiene un efecto directo sobre el tejido económico del medio rural y sobre la continuidad de la actividad agraria en amplias zonas del territorio. Menos agricultores activos implica también menos empleo, menor actividad económica y más dificultades para sostener servicios básicos en el entorno rural.
Relevo generacional y despoblación rural
El impacto del recorte no se limita a la rentabilidad inmediata, sino que afecta a uno de los grandes problemas estructurales del sector: el relevo generacional. La falta de estabilidad económica dificulta la incorporación de jóvenes al campo y agrava el envejecimiento de los titulares de explotaciones.
“Menos explotaciones y menos gente en el sector supone más dificultades todavía para el relevo generacional, que ya es uno de los grandes problemas del campo”, señaló Miranda Sotillos. La pérdida de atractivo económico de la actividad agraria reduce las posibilidades de continuidad de muchas explotaciones familiares.
Las organizaciones insisten en que la PAC ha sido una herramienta clave para incentivar la incorporación de jóvenes y garantizar una mínima seguridad de ingresos en los primeros años de actividad. Sin ese apoyo, el riesgo de abandono aumenta de forma significativa.
Qué tienen previsto hacer las organizaciones agrarias ante el nuevo escenario
Más allá de las movilizaciones ya celebradas, Asaja prepara nuevas decisiones internas para definir su estrategia frente a la negociación del presupuesto europeo. El objetivo, según explican, es intentar reconducir la situación por la vía del diálogo y la presión institucional.
“En los próximos días nuestros órganos de gobierno se van a reunir para fijar las decisiones y la estrategia con la que afrontar esta situación, con la voluntad de buscar una solución negociada que garantice estabilidad a la política agraria”, apuntó el director gerente de la organización.
Y es que, en Asaja, consideran que la Administración, tanto a nivel nacional como europeo, debe apostar por un modelo que permita mantener la actividad agraria como un sector estratégico. “La política agraria es fundamental para Europa porque garantiza alimentos de calidad y estabilidad en el medio rural, y no puede perder seguridad ni presupuesto si se quiere un futuro digno para el sector”, concluyó Miranda Sotillos.
