Según la memoria de los Tribunales Económico-Administrativos, el año pasado se presentaron en España 196.442 reclamaciones contra actuaciones tributarias, y más de cuatro de cada diez recursos resueltos fueron estimados total o parcialmente. Detrás de esas cifras hay autónomos que discuten con Hacienda liquidaciones, sanciones o decisiones administrativas que consideran incorrectas.
Con este telón de fondo, la Comunidad de Madrid aprobará –antes del verano– una Ley de Defensa del Contribuyente, que busca reforzar los derechos de los autónomos y las pymes frente a la Administración tributaria. La norma incluirá medidas como una Oficina de Defensa del Contribuyente, una carpeta fiscal personalizada para seguir los trámites en tiempo real y la obligación de pedir disculpas, por parte de la Administración, cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos.
La iniciativa reabre el debate sobre la situación de muchos contribuyentes cuando mantienen un conflicto con Hacienda. Solo el pasado año, los Tribunales Económico-Administrativos dieron la razón total o parcialmente al contribuyente en el 41,2% de los casos. Un porcentaje que alimenta las críticas de quienes consideran que los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes.
En todo caso, la medida llega en un momento en el que numerosas organizaciones empresariales cuestionan el equilibrio existente entre el fisco y los contribuyentes. Sostienen que, cuando surge una discrepancia fiscal, son los autónomos quienes deben asumir la carga de la prueba, y demostrar que una actuación o una declaración fueron correctas. De ahí que la aprobación de esta norma pueda abrir la puerta a iniciativas similares en otras comunidades autónomas.
- Madrid quiere que la Administración reconozca sus errores tributarios ante los contribuyentes
- Hubo cerca de 200.000 recursos contra decisiones tributarias el pasado año
- La carpeta tributaria permitirá seguir los expedientes en tiempo real
Madrid quiere que la Administración reconozca sus errores tributarios ante los contribuyentes
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé dar luz verde en junio al proyecto de ley para remitirlo después a la Asamblea regional. El objetivo del Ejecutivo autonómico es que la norma entre en vigor cuanto antes, después de haber superado el periodo de audiencia pública.
La futura ley solo se aplicará a los tributos cedidos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que no modificará directamente la actuación de la Agencia Tributaria estatal ni los procedimientos de los impuestos estatales. Afectará, por tanto, a figuras como el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), patrimonio, juego o transmisiones patrimoniales.
El proyecto parte de una idea que el Gobierno madrileño ha repetido en los últimos meses: los derechos de los contribuyentes no deben quedarse en una declaración genérica. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, defendió que la norma “pretende hacerlos reales y efectivos en la práctica”.
Una de las medidas más llamativas será la obligación de que la Administración tributaria madrileña pida disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca que se han vulnerado los derechos de un contribuyente. También se prevé agradecer de forma expresa la colaboración de quienes hayan pasado por una inspección que termine sin sanción.
Hubo cerca de 200.000 recursos contra decisiones tributarias el pasado año
El volumen de conflictos fiscales ayuda a entender por qué una norma de este tipo puede generar interés más allá de la Comunidad de Madrid. Según la memoria de los Tribunales Económico-Administrativos, el pasado año se presentaron 196.442 reclamaciones económico-administrativas y se resolvieron 222.737, con una media de 213.563 expedientes anuales durante los últimos cinco ejercicios.
Los datos muestran además que una parte importante de los autónomos que recurren consigue algún tipo de estimación. El 41,2% de las reclamaciones resueltas por los Tribunales Económico-Administrativos fue estimado total o parcialmente, frente a un 49,54% de resoluciones desestimatorias y un 9,26% de terminaciones por otros motivos, como desistimientos, archivos o inadmisiones.
Las materias con más reclamaciones también explican el impacto potencial para autónomos y pymes. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas concentró el 30,32% de las reclamaciones presentadas el pasado año, seguido de los actos del procedimiento recaudatorio, con el 27,73%, y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el 9,55%.
Para muchos negocios, esos procedimientos no son solo una discusión jurídica, sino un problema de liquidez, tiempo y gestión. Un recurso puede obligar al autónomo, sin departamento fiscal propio, a reunir facturas, justificantes, notificaciones y documentación contable mientras mantiene su actividad diaria, paga a proveedores y atiende otros vencimientos fiscales.
La carpeta tributaria permitirá seguir los expedientes en tiempo real
La Comunidad de Madrid también prevé crear una carpeta tributaria individualizada con toda la información fiscal del contribuyente. Esta herramienta permitiría consultar el estado de los expedientes y hacer seguimiento en tiempo real de los trámites. Una medida que el Gobierno regional presenta como parte de una relación más ágil y transparente con los ciudadanos y negocios.
Otro de los pilares será la nueva Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá y reforzará la actual figura del Defensor del Contribuyente. Su función será tramitar quejas y reclamaciones por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato recibido, con una estructura técnica más sólida que la existente hasta ahora y capacidad para ordenar mejor las incidencias más repetidas.
La norma pretende además facilitar la rectificación de errores cuando no haya mala fe. Una cuestión de gran relevancia para autónomos y pymes, que gestionan declaraciones periódicas, modelos informativos y obligaciones fiscales recurrentes a lo largo de todo el año. El debate se sitúa ahí en un terreno delicado: cómo distinguir el error administrativo o la negligencia involuntaria de las conductas destinadas a defraudar.
Albert lo resumió al explicar que la ley “busca reconocer el error y pedir perdón ante situaciones que no son agradables para los ciudadanos y que pueden generar meses de estrés, inversión de recursos y sobre todo el empleo de muchísimo tiempo”. Esa idea conecta con una queja habitual de los autónomos: ganar la razón tarde no siempre compensa todo lo perdido durante el camino.
