Aunque la Ingeniería Técnica Industrial tiene una alta empleabilidad –es una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral– miles de graduados no pueden ejercer plenamente, debido a limitaciones impuestas por la normativa. Este problema, afecta especialmente a los autónomos, un colectivo clave dentro de los 19.000 trabajadores por cuenta propia que forman parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI).

El último Barómetro Industrial del COGITI, que recoge las opiniones de casi 3.000 profesionales del sector, señalando que el 47,74% de los autónomos califica la situación económica como «buena» o «muy buena», un dato positivo que contrasta con el limbo legal en el que se encuentran muchos de ellos .

Son trabajadores por cuenta propia, cotizan, generan riqueza… pero no pueden ejercer plenamente su profesión por una cuestión burocrática. Al tratarse de una ocupación regulada y con atribuciones específicas, la falta de habilitación completa para muchos de sus graduados limita su capacidad para firmar proyectos y competir en el mercado.

José Antonio Galdón, presidente del COGITI, resaltó la relevancia de los trabajadores por cuenta propia entre los ingenieros industriales haciendo hincapié en que “nuestra profesión cuenta con una mutualidad propia, alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos, lo que nos permite elegir entre ambos sistemas”.

Alrededor de 200.000 graduados en ingeniería no pueden ejercer plenamente

José Antonio Galdón, quien también doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia, explicó la magnitud del problema a este medio exponiendo que “hoy en día hay más de 200.000 titulados de grado en ingeniería, de los cuales unos 120.000 pertenecen a la rama industrial. El problema es que estos 120.000 titulados no cumplen con una orden ministerial y, por tanto, no pueden ejercer como ingenieros. Es decir, no pueden realizar proyectos, dirigir obras técnicas porque no tienen acceso a nuestra profesión”.

Antes del Plan Bolonia, los estudios de ingeniero técnico industrial duraban tres años. Con la reforma, los grados pasaron a tener cuatro, pero la profesión mantuvo su nombre y atribuciones profesionales. Esto significa que tanto los titulados bajo el plan antiguo como los graduados actuales tienen las mismas competencias para ejercer.

Sin embargo, la libertad otorgada a las universidades tras el Real Decreto 1393/2007 para diseñar grados ha llevado a que muchos de estas titulaciones no encajan en la Orden CIN/351/2009 que les otorga sus atribuciones. El resultado es que decenas de títulos de ingeniería, aunque denominados como tales, no cumplen los requisitos mínimos establecidos por esta orden ministerial para habilitarles plenamente.

El presidente del COGITI ilustró esta problemática con un caso que presentó en el colegio oficial de un graduado en Ingeniería de la Energía. Aparentemente una titulación ideal para trabajar en energías renovables a pesar de que “legalmente, no puede firmar proyectos de instalaciones fotovoltaicas, de baja tensión o de centros de transformación”. Este joven profesional “al intentar colegiarse, descubrió que no podía porque su titulación no cumplía la orden ministerial”, evocando el drama personal que vivió al descubrir “que no podía ejercer después de pasar cuatro años estudiando”.

El colegio propone el acceso parcial a la profesión como solución 

Para abordar esta situación, COGITI ha propuesto la figura del “acceso parcial” a la profesión, incluida en sus nuevos estatutos, que están pendientes de aprobación por el Ministerio de Industria. Esta iniciativa permitiría a graduados en ingeniería de la rama industrial, cuyas titulaciones no cumplan todos los requisitos de la orden ministerial, ejercer de forma limitada en función de los créditos ECTS cursados y las competencias adquiridas. Por ejemplo, un titulado podría firmar proyectos específicos relacionados con su formación, como instalaciones eléctricas o mecánicas, sin necesidad de cumplir al 100% con los criterios de habilitación completa.

Galdón detalló la propuesta explicando que “hemos detectado que muchas de estas titulaciones ofrecen una formación completa en ingeniería, con contenidos en matemáticas, física, química, expresión gráfica y competencias técnicas que, según criterios europeos, podrían habilitar a estos titulados para ejercer en algunos ámbitos de nuestra profesión. Por eso, propusimos al Ministerio de Industria establecer criterios mínimos para habilitar parcialmente a estos titulados, similar a lo que ya hacemos con ingenieros europeos”.

Porque esa es otra de las paradojas: mientras graduados en universidades españolas no pueden ejercer, títulos asimilables europeos sí logran esta homologación en nuestro país.

Para simular cómo podrían considerarse los más de 180 titulaciones de grado no habilitantes según estos criterios, desde este colegio profesional han desarrollado un portal web sobre la “Habilitación Parcial”, que analiza estos grados en ingeniería y detalla qué actividades profesionales podrían realizar sus titulados. Los criterios incluyen un mínimo de 24 créditos en matemáticas, 12 en física y química, y 108 en competencias técnicas.

Sin embargo, no todas las titulaciones son válidas: “Hay titulaciones que se denominan de ‘ingeniería’, pero carecen de los contenidos mínimos en matemáticas, física o química, y eso es algo que denunciamos constantemente al Ministerio de Universidades y al de Industria», alertó el doctor ingeniero que preside el COGITI.

José Antonio Galdón, presidente de COGITI.
José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales.

La CNMC también apuesta por priorizar conocimientos frente a titulaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respaldó esta propuesta en un dictamen reciente, destacando que el enfoque basado en conocimientos y aptitudes, en lugar de titulaciones específicas, fomenta la competitividad y la justicia. La CNMC valora positivamente que COGITI permita el acceso parcial a todos los profesionales que acrediten la capacitación necesaria, pero recomienda que la definición de actividades susceptibles de acceso parcial sea responsabilidad de las autoridades reguladoras, no de los colegios profesionales. También sugiere replantear la obligatoriedad de colegiación y la necesidad de superar un curso profesional para este acceso.

A pesar de este apoyo, Galdón no es optimista sobre la aprobación inmediata de los estatutos ya que estos informes no son vinculantes y denunció que “hay un inmovilismo en la administración, que sigue aplicando criterios obsoletos” quien también recalcó que dentro de su organización no ha sido fácil llegar hasta un acuerdo, lo que ha supuesto “siete años trabajando en este proyecto, logrando consenso entre los 49 colegios integrados en COGITI”. Su presidente enfatizó que la propuesta no busca proteger intereses corporativistas, sino garantizar justicia social para “no dejar tirados a miles de titulados que, por un sistema universitario mal diseñado, no pueden ejercer«.

Este problema es especificamente español, derivado de la flexibilidad otorgada a las universidades tras el Plan Bolonia. En otros países, la denominación “ingeniería” está protegida y requiere contenidos mínimos, como los definidos por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería (actualmente denominada Engineers Europe) en línea a la propuesta realizada por la CNMC y que el propio presidente del COGITI reconoce que ellos han propuesto una solución aunque no les correspondería.

Por todo ello, José Antonio Galdón criticó la falta de claridad de los responsables políticos que no han puesto medidas para evitar esta problemática. “En nuestras reuniones con el Ministerio de Universidades, parece que este problema es nuevo para ellos. Nos dicen que no pueden hacer nada por la autonomía universitaria, pero al menos podrían exigir que las universidades informen claramente si un grado no da acceso a una profesión regulada”, lamentó.

Para los ingenieros técnicos industriales autónomos, la habilitación parcial podría abrir nuevas oportunidades de negocio, permitiéndoles firmar proyectos específicos y competir en un mercado laboral dinámico. El Barómetro Industrial señala que el 71,23% de los autónomos planea mantener su número de empleados en 2024, mientras que el 19,47% espera aumentar su plantilla, reflejando un sector con potencial de crecimiento.

Sin embargo, la falta de habilitación completa limita la capacidad de muchos titulados para contribuir plenamente a este desarrollo. Estadísticas recientes, alertan de la pérdida de vocaciones entre los ingenieros que el Instituto de de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (Ingite) atribuyeron a que “proliferan titulaciones especialistas que acotan a los profesionales y además no habilitan profesionalmente”.