- Un despido puede seguir abierto durante años afectando al funcionamiento del negocio
- Cada vez más conflictos laborales terminan en acuerdos antes del juicio
- Las reclamaciones salariales pueden generar más problemas que un despido
- Actuar rápido es la primera norma cuando un negocio recibe una demanda laboral
Un autónomo o una pyme pueden despedir a un trabajador hoy y seguir sin saber dentro de dos años cuánto les costará realmente esa decisión. Mientras esperan la fecha del juicio, muchos negocios se ven obligados a convivir con una posible indemnización pendiente, reservar recursos económicos ante una eventual condena y aplazar decisiones de contratación, inversión o crecimiento por un conflicto laboral que continúa abierto.
Esta situación está provocando retrasos de enorme magnitud. En algunos órganos judiciales se están señalando juicios para 2027 e incluso 2028, lo que obliga a muchos negocios a convivir durante años con un posible coste pendiente de resolver.
El problema no afecta únicamente a los despidos. Las reclamaciones por salarios, horas extraordinarias, complementos o reconocimiento de derechos laborales también pueden permanecer abiertas durante largos periodos, condicionando la gestión diaria de autónomos y pequeñas empresas.
Según explicó Fermín Ojeda, graduado social y vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales de España, «muchas empresas se ven obligadas a provisionar recursos económicos ante una posible condena, lo que afecta directamente a su liquidez». Además, añadió que el retraso judicial «no sólo afecta al resultado del procedimiento; afecta al funcionamiento ordinario del negocio».
Un despido puede seguir abierto durante años afectando al funcionamiento del negocio
Cuando un trabajador impugna un despido, el conflicto no termina con la entrega de la carta. En muchos casos, el procedimiento permanece abierto durante meses o incluso años hasta que llega la fecha del juicio y existe una resolución definitiva.
Para un pequeño negocio, el principal problema es que debe seguir tomando decisiones sin saber cuál será el desenlace del procedimiento. Durante ese tiempo desconoce si el despido será declarado procedente, improcedente o nulo, y cada escenario puede obligarle a asumir costes muy distintos.
Fermín Ojeda explicó que, durante ese periodo, «es decir, cuando el juicio se señala para dentro de uno o dos años, el conflicto permanece abierto durante demasiado tiempo». Y claro, la empresa «desconoce cuál será el coste final del procedimiento», lo que dificulta enormemente la planificación.
La consecuencia es que muchos negocios aplazan decisiones importantes hasta conocer el desenlace del litigio. «Se retrasan decisiones de contratación, inversiones o reorganizaciones internas porque existe una contingencia pendiente de resolver», señaló el graduado social.
Ojeda Advirtió de que a todos estos problemas se suma un problema menos visible: «cuanto más tiempo transcurre, más difícil resulta acreditar determinados hechos», y esta circunstancia puede debilitar la defensa empresarial cuando finalmente llega el juicio. Por ejemplo, algunos testigos pueden haber dejado de trabajar en la empresa, ciertos documentos son más complicados de localizar y los responsables recuerdan con menos precisión lo ocurrido.
Cada vez más conflictos laborales terminan en acuerdos antes del juicio
Los datos analizados por Comisiones Obreras muestran que en 2025 se resolvieron 293.041 conciliaciones individuales relacionadas con despidos. De ellas, 154.172 finalizaron con acuerdo entre las partes, más de la mitad del total.
Para Fermín Ojeda, este fenómeno está directamente relacionado con los retrasos de la jurisdicción social. «La realidad práctica demuestra que el retraso de los procedimientos está favoreciendo el incremento de acuerdos y conciliaciones», explicó.
Lógicamente, muchas empresas, cuando saben que el procedimiento puede prolongarse durante más de un año, optan por cerrar el conflicto antes de llegar a juicio. Según señaló el experto, algunas compañías alcanzan acuerdos «incluso aunque consideren que sus posibilidades de éxito en juicio son elevadas».
Desde una perspectiva empresarial, la conciliación permite «eliminar incertidumbres, conocer el coste definitivo del conflicto, evitar gastos procesales adicionales y dedicar los esfuerzos de la empresa a su actividad productiva», explicó Ojeda.
Sin embargo, advirtió de que no todos los acuerdos responden únicamente a la fortaleza jurídica de una de las partes. «Algunas empresas terminan pactando porque no pueden permitirse mantener abierto un procedimiento durante tanto tiempo». Algo parecido ocurre con muchos trabajadores, que tampoco pueden esperar años para cobrar una indemnización o cantidades salariales pendientes.
En palabras del graduado social, «la lentitud de la Justicia acaba condicionando la estrategia de ambas partes», que en ocasiones llegan a acuerdos porque necesitan una solución rápida, más que porque hayan cambiado su posición jurídica.
Las reclamaciones salariales pueden generar más problemas que un despido
Aunque los despidos suelen concentrar gran parte de la atención, las reclamaciones relacionadas con salarios, clasificación profesional, horas extraordinarias o complementos salariales pueden acabar generando más problemas a una pyme que un despido individual.
«Sin duda alguna», este tipo de procedimientos puede generar mayores consecuencias que un despido individual, aseguró Fermín Ojeda. Mientras que el despido suele afectar a una única relación laboral, una reclamación salarial o sobre jornada «puede poner en cuestión una práctica empresarial que afecta a toda o parte de la plantilla».
El riesgo es que una sentencia desfavorable abra la puerta a nuevas reclamaciones de otros empleados en la misma situación. «Si un juzgado concluye que la empresa ha estado aplicando incorrectamente un complemento salarial o gestionando de forma inadecuada la jornada de trabajo, esa sentencia puede abrir la puerta a nuevas reclamaciones de otros trabajadores en idéntica situación», explicó.
Además, estas demandas suelen tener un efecto acumulativo. «No se discute una única decisión empresarial, sino una práctica mantenida durante meses o años. Las cantidades reclamadas pueden multiplicarse y alcanzar cifras muy superiores a las derivadas de un despido», advirtió.
A ello se añade que algunas resoluciones obligan a modificar aspectos clave de la organización interna del negocio, desde los sistemas de control horario hasta la política salarial o la distribución de determinadas funciones.
Actuar rápido es la primera norma cuando un negocio recibe una demanda laboral
Cuando una demanda llega al negocio, el margen para improvisar suele ser mínimo. Los expertos recomiendan empezar a preparar la defensa desde el primer momento, aunque el juicio vaya a tardar meses o años en celebrarse. «La primera recomendación es actuar con rapidez y no subestimar el problema», advirtió Fermín Ojeda.
Según explicó el graduado social, los autónomos y las pymes deberían adoptar varias medidas desde el primer momento para protegerse jurídica y económicamente:
- Recopilar toda la documentación relacionada con el conflicto. Contratos de trabajo, nóminas, registros horarios, correos electrónicos, comunicaciones internas o cualquier otra prueba relevante pueden resultar determinantes durante el procedimiento.
- Identificar cuanto antes a los posibles testigos. El graduado social recomendó localizar a las personas que puedan intervenir en el procedimiento y «dejar documentados los hechos mientras todavía están recientes».
- Evaluar el riesgo económico real. Ojeda aconsejó realizar «una evaluación realista del riesgo» para conocer cuál podría ser el impacto de una eventual condena y adoptar las medidas necesarias para afrontarla sin comprometer la viabilidad del negocio.
- Revisar posibles fallos organizativos. «en ocasiones el procedimiento judicial revela deficiencias que pueden corregirse de forma inmediata para evitar futuros conflictos», explicó. Analizar la demanda puede ayudar a detectar problemas en la organización antes de que generen nuevas reclamaciones.
- Buscar asesoramiento especializado desde el inicio. El experto recordó que «muchos procedimientos se ganan o se pierden antes incluso de llegar al juicio». Por ello, concluyó que «una correcta estrategia probatoria, documental y procesal desde las primeras fases suele ser determinante para el resultado final».
