- Hacienda cierra un año más sin implementar el IVA franquiciado: costes en tiempo y gestión
- La gestión del IVA cuesta más de 500 millones de euros a los autónomos
- Un coste asumible para el Estado, pero una losa para los autónomos
- España, el único país europeo que sigue sin aplicar el IVA franquiciado
La promesa de implantar en España el régimen de IVA franquiciado vuelve a quedarse, un año más, en el cajón. Acaba de empezar 2026 y el Ministerio de Hacienda sigue bloqueando la prometida reforma fiscal, que eliminaría este impuesto a miles de autónomos y ampliaría sus deducciones, entre otras medidas.
De hecho, dentro de muy poco se cumplirán justo tres años del momento en el que se anunció la puesta en marcha de esta famosa mesa para reformar la tributación de los autónomos. A pesar de los compromisos adquiridos, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación, Hacienda sigue bloqueando las negociaciones para poner en marcha el famoso régimen de IVA de franquicias, que supondría liberar a más de 770.000 autónomos de la obligación de declarar este impuesto.
Según un informe elaborado por el Gabinete de Estudios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), más de 770.000 autónomos se habrían beneficiado del IVA franquiciado si se hubiera aplicado ya en España. Al no hacerlo, cada uno de ellos ha soportado en 2025 un sobrecoste medio de más de 660 euros anuales, en tiempo y en gastos de gestión que podrían haberse evitado.
El documento pone cifras a una situación que el colectivo arrastra desde hace años: una carga administrativa y fiscal desproporcionada, especialmente para quienes tienen ingresos bajos y apenas soportan IVA deducible. En conjunto, el perjuicio económico directo para los autónomos supera los 500 millones de euros al año, mientras que la mesa de reforma fiscal sigue congelada y sin visos, según fuentes cercanas a la negociación, de reactivarse a corto plazo.
Hacienda cierra un año más sin implementar el IVA franquiciado: costes en tiempo y gestión
El IVA franquiciado es un régimen previsto en la normativa europea que permite a los pequeños empresarios y profesionales no repercutir IVA ni presentar declaraciones periódicas, siempre que no superen un determinado umbral de ingresos (en la mayoría de países, situado en torno a los 85.000 euros anuales).
España se comprometió hace años a adaptar su normativa a esta directiva comunitaria. Para ello, el Ministerio de Hacienda creó una mesa de reforma fiscal en la que participaron las principales organizaciones representativas de autónomos, entre ellas ATA. Sin embargo, tras algunas reuniones iniciales, las negociaciones quedaron paralizadas y no se ha vuelto a convocar formalmente a los interlocutores sociales.
Según fuentes conocedoras de la mesa, no existe en estos momentos una voluntad real de reactivar el debate, a pesar de que la medida está plenamente recogida en la normativa europea y aplicada ya en casi todos los países del entorno.
El informe de ATA parte de una realidad económica preocupante para el colectivo. Los últimos datos del Barómetro de ATA reflejan que el 35% de los autónomos redujo su facturación en 2025 respecto al año anterior y el 32% empeoró su situación económica general.
Además, 63% declara rendimientos fiscales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 93% percibe un aumento de las trabas administrativas y fiscales.
En este contexto, la no implantación del IVA franquiciado no es una cuestión técnica, sino un problema estructural que afecta especialmente a los profesionales con menor margen económico y mayor dependencia de asesorías para cumplir con sus obligaciones.
La gestión del IVA cuesta más de 500 millones de euros a los autónomos
El informe de ATA cuantifica con detalle el impacto económico real de seguir obligando a estos autónomos a gestionar el IVA.
Por un lado, están los costes directos de gestión. La exención del IVA permitiría eliminar declaraciones trimestrales, resúmenes anuales, libros registro y buena parte del soporte externo necesario para cumplir con la normativa. ATA estima que esto supondría un ahorro medio de 25 euros mensuales por autónomo, es decir, 300 euros al año en gastos de asesoría, software y trámites.
A este importe se suma un factor clave que rara vez se contabiliza: el tiempo. Según el estudio, un autónomo dedica de media dos horas al mes a tareas relacionadas exclusivamente con el IVA: recopilar facturas, ordenar tiques, revisar liquidaciones, enviar documentación a la gestoría o acudir presencialmente. Valorando ese tiempo a un coste conservador de 15 euros la hora, el sobrecoste anual asciende a 360 euros.
La suma de ambos conceptos arroja una cifra clara: 660 euros anuales por autónomo que podrían ahorrarse con el IVA franquiciado.
Extrapolado al conjunto de los 770.000 trabajadores por cuenta propia que cumplirían los requisitos para acogerse al régimen, el perjuicio económico directo supera los 508 millones de euros cada año. Un daño que, como subraya ATA, se repite y consolida ejercicio tras ejercicio mientras no se adopte la medida.
Un coste asumible para el Estado, pero una losa para los autónomos
Uno de los argumentos habituales para retrasar la reforma es su impacto en la recaudación. El informe aborda también esta cuestión y desmonta parte del debate.
Tomando como referencia un estudio del Comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias sobre un sistema similar en el IGIC, el coste recaudatorio estimado sería relativamente limitado. ATA calcula que, a nivel estatal, la pérdida de ingresos se situaría entre 625 y 650 millones de euros anuales.
Esta cifra debe ponerse en contexto: se trata de autónomos con ingresos bajos, poco IVA repercutido y escaso IVA soportado. En muchos casos, el efecto neto para la Hacienda pública sería reducido, mientras que el beneficio administrativo y económico para el colectivo sería inmediato.
Para ATA, la cuestión no es sólo fiscal, sino de justicia tributaria y eficiencia administrativa. Mantener el sistema actual implica obligar a cientos de miles de autónomos a cumplir con una obligación que apenas genera recaudación neta, pero sí consume tiempo, dinero y recursos.
España, el único país europeo que sigue sin aplicar el IVA franquiciado
El informe subraya además un elemento clave: España es ya una excepción en la Unión Europea. Países como Francia, Italia, Alemania o Portugal aplican desde hace años regímenes de franquicia del IVA para pequeños negocios.
Esta situación coloca a los autónomos españoles en una clara desventaja competitiva frente a sus homólogos europeos, que pueden operar con menores costes administrativos y una estructura fiscal más sencilla.
Para ATA, la no transposición de la directiva europea no sólo incumple el espíritu de la normativa comunitaria, sino que penaliza de forma directa a uno de los pilares del tejido productivo nacional.
De hecho, y como ya avanzó este diario, ATA ha denunciado al Gobierno de España por no haber implementado aún el IVA franquiciado en nuestro país, a pesar de lo dispuesto en la Directiva europea.
La denuncia ha sido interpuesta ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la Directiva Europea 2020/285, que debía aplicarse desde el 1 de enero de 2025, y que exigía al Gobierno de España eximir de IVA a los autónomos en sus operaciones internacionales si tenían una facturación inferior a 85.000 euros anuales.
