Las pequeñas y medianas empresas del sector del transporte de viajeros por carretera han elevado el tono en los últimos días frente a los planes de Renfe de crear una nueva empresa pública de autobuses destinada a asumir servicios de sustitución ferroviaria.
Las asociaciones más representativas del sector advierten que el diseño del proyecto excluye de facto a la inmensa mayoría de las pymes del autobús y podría provocar movilizaciones si la iniciativa sigue adelante sin cambios sustanciales.
Según denuncian organizaciones como Fenadismer y Anetra, el modelo planteado por Renfe se articula mediante una sociedad mixta, con participación pública y privada, pero con unas condiciones de acceso que sólo podrían cumplir un número muy reducido de grandes operadores del sector, y que fueron publicadas mediante una nota de prensa de Renfe el pasado 8 de abril.
- Más del 99% de las pymes del sector del autobús quedarían fuera del nuevo proyecto de Renfe
- Los requisitos económicos y operativos que están fuera del alcance de las pymes
Más del 99% de las pymes del sector del autobús quedarían fuera del nuevo proyecto de Renfe
Uno de los principales argumentos de las asociaciones de pymes del transporte de viajeros por carretera es el impacto real que tendría el proyecto sobre el tejido empresarial del transporte en autobús. En España operan, según Fenadismer, más de 2.700 empresas de transporte de viajeros por carretera, y en su mayoría son pequeñas y medianas compañías del ámbito local o regional.
Sin embargo, según los datos difundidos por las propias asociaciones, en la primera fase del procedimiento impulsado por Renfe sólo habrían concurrido nueve empresas. Esto supone apenas el 0,3% del total del sector, un porcentaje que, a juicio de las pymes, desmonta cualquier argumento sobre un supuesto respaldo mayoritario al proyecto. Desde Anetra, en concreto, argumentan que no se puede presentar como apoyo sectorial lo que en realidad es la fracción mínima del mercado. El problema, así las cosas, no es la falta de interés de las empresas, sino el diseño del concurso, que consideran restrictivo y excluyente.
Los requisitos económicos y operativos que están fuera del alcance de las pymes
Las asociaciones ya mencionadas critican, además, que la licitación se haya configurado como un único gran contrato de ámbito nacional, sin división en lotes territoriales, algo con lo que concuerdan desde Confebus. Este planteamiento, explican, eleva artificialmente el volumen económico del expediente y endurece las exigencias de solvencia financiera y capacidad operativa. Hay que recordar que algunas de las exigencias que han trascendido son que la empresa seleccionada tenga una flota de al menos 500 autobuses, y que demuestre una facturación de al menos 75 millones de euros en los últimos tres ejercicios, además de la presencia obligatoria en Madrid, Barcelona, la Comunidad Valenciana y algunas provincias de Andalucía.
Además, otro de los puntos más criticados por las asociaciones es la posibilidad de que las pequeñas empresas participen únicamente como subcontratistas de los grandes operadores que resulten adjudicatarios. Y es que a juicio de las pymes del autobús, esta fórmula no garantiza una competencia real ni el acceso directo al mercado, sino que consolida una relación de dependencia económica. Según ellos, la subcontratación no sustituye el derecho a competir en igualdad de condiciones, y consideran que este modelo sitúa a las pequeñas empresas en una posición que debilita su capacidad de negociación.
