La falta de coordinación entre distintos impuestos y la contradicción entre la normativa estatal y la autonómica está generando problemas de inseguridad jurídica a muchas empresas familiares que pretenden oficializar el relevo del negocio en la siguiente generación. Así lo advierte la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en un informe presentado estos días, que propone varios cambios normativos para evitar que la fiscalidad acabe convirtiéndose en un obstáculo para traspaso de poderes empresariales de padres a hijos.
El documento identifica varios puntos críticos que afectan directamente a la transmisión de negocios, desde las diferencias habidas hoy entre comunidades autónomas hasta los requisitos exigidos por los distintos impuestos a satisfacer para aplicar beneficios fiscales. “La fiscalidad no es el único factor, pero hoy actúa claramente como elemento que invita a retrasar decisiones”, explicó a este diario Estrella Martín Domínguez, coordinadora del Grupo de Expertos en Imposición Patrimonial y Empresa Familiar de Aedaf.
Según esta experta, dicho laberinto del sistema fiscal y la dispersión normativa generan un escenario en el que muchas familias prefieren aplazar decisiones empresariales clave. “La complejidad técnica del régimen hace que muchas familias perciban la sucesión como un ‘campo minado’ fiscal y prefieran no mover nada hasta que sea imprescindible”, añadió Martín Domínguez.
- Diferencias entre comunidades y normas estatales complican el relevo empresarial
- El donante puede acabar pagando impuestos en el IRPF
- Requisitos diferentes entre impuestos y comunidades
- Cambios normativos que podrían facilitar la continuidad de los negocios familiares
Diferencias entre comunidades y normas estatales complican el relevo empresarial
Uno de los problemas más frecuentes tiene que ver con la falta de coordinación entre la normativa estatal y la autonómica en materia de empresa familiar. En particular, los expertos detectan discrepancias relevantes en los requisitos que permiten acceder a beneficios fiscales cuando se transmite un negocio.
“Las diferencias en la definición de grupo familiar y grados de parentesco con derecho a beneficios provocan que una misma estructura familiar tenga un tratamiento muy distinto según la residencia”, señala Martín. Mientras que la normativa estatal reconoce beneficios fiscales hasta el tercer grado de parentesco, algunas comunidades autónomas los extienden hasta el cuarto o incluso el sexto grado.
Estas divergencias, además de generar desigualdades territoriales, complican también la planificación de muchas familias empresarias. “Esto provoca que una misma estructura familiar tenga un tratamiento muy distinto según la residencia, condicionando artificialmente la planificación sucesoria”, afirma la coordinadora del grupo de expertos de Aedaf.
A ello se suma el distinto papel que desempeñan los impuestos implicados en la transmisión de una empresa familiar. Mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio depende de la normativa estatal, las reducciones y bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dependen en gran medida de la regulación autonómica.
“Hay comunidades autónomas que flexibilizan requisitos y otras que los endurecen respecto al modelo estatal”, explica Martín. En consecuencia, según la experta, el contribuyente no siempre puede prever con certeza si su estructura empresarial cumplirá los requisitos exigidos cuando se produzca la transmisión.
Cuando el donante puede acabar pagando impuestos en el IRPF
Otro de los puntos señalados por Aedaf afecta a los casos en los que una empresa se transmite mediante donación. Aunque el receptor del negocio pueda beneficiarse de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el donante puede verse obligado a tributar en su declaración de la renta.
“Una donación se considera una variación patrimonial en sede del donante”, recuerda Martín. Esto implica que el empresario que transmite su negocio puede tener que tributar por la ganancia patrimonial generada con esa operación.
La normativa permite evitar esa tributación solo si se cumplen determinados requisitos bastante estrictos. “El donante ha de tener 65 o más años o encontrarse en situación de incapacidad permanente y además debe dejar de ejercer funciones de dirección desde el momento de la transmisión”, detalla la experta.
Además, la continuidad del negocio también condiciona la tributación del empresario que lo transmite. “Los donatarios deberán mantener la actividad económica durante un plazo de 10 años y cumplir con los requisitos que exige el Impuesto sobre Patrimonio”, explica Martín Domínguez.
Si alguno de estos requisitos se incumple, la consecuencia fiscal puede ser muy relevante. “El incumplimiento de alguno de ellos, como por ejemplo el plazo de mantenimiento por el donatario, el donante ha de tributar por toda la ganancia patrimonial generada con ocasión de la donación”, advierte la coordinadora del grupo de expertos de Aedaf.
Requisitos diferentes entre impuestos y comunidades
La duración de ese plazo de mantenimiento es precisamente otro de los aspectos que genera más incertidumbre para los empresarios que preparan la sucesión de su negocio. En algunos casos, los requisitos estatales y autonómicos no coinciden.
“En el impuesto de Sucesiones y Donaciones se exige al heredero o donatario el mantenimiento de la actividad durante 10 años”, señala Martín. Sin embargo, muchas comunidades autónomas reducen ese periodo a cinco años en su propia normativa.
Esta diferencia puede tener consecuencias prácticas importantes cuando se trata de aplicar beneficios fiscales en distintos impuestos. “Si se redujera el plazo estatal a cinco años se equipararía la normativa estatal y autonómica, evitando así que exigencias temporales excesivamente largas se conviertan en un factor disuasorio”, sostiene la experta.
La dificultad para interpretar los requisitos fiscales también contribuye a aumentar los conflictos con la administración tributaria. Los expertos de Aedaf señalan que muchas normas dejan margen a interpretaciones distintas sobre aspectos clave de la empresa familiar.
“La ley y el reglamento han dejado mucho terreno a la interpretación administrativa y a la casuística autonómica”, explicó Martín González. En su opinión, esa situación provoca litigiosidad y dificulta planificar con seguridad la transmisión de un negocio.
Cambios normativos que podrían facilitar la continuidad de los negocios familiares
Ante este escenario, los fiscalistas plantean varias reformas concretas que permitirían mejorar la seguridad jurídica de los empresarios que desean preparar el relevo generacional. Entre ellas, destacan la necesidad de revisar la regulación de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio.
“Reordenar y clarificar la exención de empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio reduciría el número de litigios y daría un patrón estable para estructurar grupos familiares”, explica Martín González. Según la experta, esto permitiría definir de forma más clara qué se considera actividad económica o cuáles son los activos necesarios para el negocio.
Otra de las reformas que consideran prioritarias tiene que ver con la coordinación entre los distintos impuestos implicados en la transmisión de empresas. El objetivo sería evitar situaciones en las que una misma operación tenga consecuencias fiscales contradictorias.
“Es necesario coordinar el Impuesto sobre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el IRPF en materia de relevo generacional”, señala Martín. En particular, Aedaf propone introducir mayor neutralidad fiscal cuando se demuestre que la transmisión tiene como objetivo garantizar la continuidad del negocio.
Finalmente, los expertos también plantean revisar la definición legal de grupo familiar para adaptarla mejor a la realidad actual de muchas empresas. En su opinión, el concepto recogido en la normativa estatal se ha quedado corto frente a la diversidad de estructuras familiares existentes.
“Ampliar y homogeneizar la noción de grupo familiar a nivel estatal hasta al menos el cuarto grado reduciría diferencias territoriales difíciles de justificar”, concluyó Martín. Para quien cambios de este tipo permitirían avanzar hacia un sistema fiscal más coherente y previsible para las empresas familiares.
