Los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda son un documento con validez legal que permite a los trabajadores por cuenta propia acreditar que no tienen deudas pendientes con la Agencia Tributaria.
Para desconocimiento de muchos autónomos, estos certificados suelen ser esenciales para diversos trámites, incluida la solicitud de ayudas y el acceso a licitaciones, mientras que su vigencia es limitada en el tiempo y por un corto plazo.
Como explicó a este medio el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, en muchos trámites esenciales se pide que el documento esté actualizado con escasa antigüedad, lo que puede generar contratiempos si, por ejemplo, el plazo de solicitud de las ayudas es reducido.
- Muchos de los trámites importantes para los autónomos exigen que el certificado tenga antigüedad reducida
- Los autónomos pueden perder ayudas por no tener actualizado y correctamente expedido el certificado
- Los aplazamientos y fraccionamientos concedidos por Hacienda no aparecen en los certificados
- Los certificados son esenciales para acogerse a Segunda Oportunidad o procedimientos concursales
Muchos de los trámites importantes para los autónomos exigen que el certificado tenga antigüedad reducida
El certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias no tiene una vigencia única y universal fijada por ley para todos los supuestos. Con carácter general, la Agencia Tributaria (AEAT) suele considerar válidos estos certificados durante seis meses desde su expedición –a menos que la normativa específica del procedimiento establezca un plazo inferior–.
Sin embargo, como detalló Santiago, en muchas gestiones administrativas, subvenciones, licitaciones o ayudas públicas, la Administración exige que el certificado tenga una antigüedad muy reducida (incluso inferior a 30 días), o que esta se consulte telemáticamente en tiempo real. “Por eso, en la práctica, muchos autónomos y empresas necesitan obtenerlos de forma recurrente, especialmente cuando trabajan con distintas administraciones o concurren a ayudas y subvenciones de manera habitual”, apuntó.
El documento es imprescindible, por ejemplo, para solicitar subvenciones y ayudas públicas, acceder a bonificaciones, participar en licitaciones o contratos públicos, tramitar determinadas autorizaciones administrativas, formalizar operaciones financieras con entidades bancarias, justificar cobros ante administraciones públicas o acreditar solvencia tributaria en procesos concursales y de reestructuración.
También es habitual que se exija en operaciones de transmisión de negocios, obtención de determinadas licencias o incluso para acceder a líneas de financiación avaladas públicamente. “En la práctica, se ha convertido en una especie de pasaporte administrativo que condiciona gran parte de la relación entre el autónomo y el sector público”, añadió.
Los autónomos pueden perder ayudas por no tener actualizado y correctamente expedido el certificado
Uno de los supuestos más frecuentes, y con importantes consecuencias para los trabajadores por cuenta propia, es contar con un certificado actualizado más allá del tiempo mínimo que se exige en la convocatoria de determinadas ayudas. Esta situación, o no prever incidencias que se detectan al momento de solicitarlo pueden llevar a perder la posibilidad de perder una subvención; especialmente si se cuenta con un período de solicitud muy corto.
Como detalló el experto, estos casos son “relativamente frecuentes” entre los trabajadores por cuenta propia, quienes pierden oportunidades o sufren retrasos debido a ello. “Muchas veces el problema no es tanto la existencia de una deuda importante, sino pequeñas discrepancias, aplazamientos mal reflejados, errores censales o situaciones pendientes de regularización”.
Así, en convocatorias con plazos muy breves, el trabajador por cuenta propia suele descubrir el problema cuando intenta descargar el certificado en el último momento, lo que dificulta corregir la incidencia antes de que expire el plazo de presentación. “Los profesionales que trabajan diariamente con autónomos conocen bien esta situación: expedientes paralizados por importes mínimos, pagos pendientes de conciliación o simples incidencias técnicas que terminan impidiendo acceder a ayudas relevantes”, apuntó Santiago.
Los aplazamientos y fraccionamientos concedidos por Hacienda no aparecen en los certificados
Otro detalle importante con respecto a estos documentos tributarios es que los aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Agencia Tributaria que se encuentra gestionando el autónomo no suelen aparecer como deuda pendiente en el certificado. La dimensión de esta cuestión se multiplica teniendo en cuenta que Hacienda está concediendo una media de 2,6 millones de aplazamientos y fraccionamientos al año, según sus últimos datos.
En principio, si el trabajador por cuenta propia está cumpliendo los pagos aplazados siguiendo el calendario que acordó con la AEAT, se considera comúnmente que se encuentra al corriente de sus obligaciones y no aparece en el documento.
Como detalló Santiago, esto no implica que la Administración necesariamente desconozca la existencia de esos aplazamientos, ya que la AEAT dispone internamente de esa información, pero sí sucede con terceros. “Lo que ocurre es que un tercero que únicamente recibe el certificado positivo no puede conocer, por regla general, si detrás existe un aplazamiento o fraccionamiento concedido y vigente”.
Es decir, el certificado acredita que el obligado tributario se encuentra al corriente, pero no revela su estado financiero o los acuerdos de pago existentes, a menos que el propio interesado los aporte o exista autorización específica para acceder a información tributaria. Sin embargo, podría derivar en complicaciones en trámites o acuerdos con terceros.
Los certificados son esenciales para acogerse a Segunda Oportunidad o procedimientos concursales
Como añadió el presidente de los gestores administrativos, estos certificados tienen una enorme relevancia en el ámbito concursal y preconcursal, especialmente desde las reformas recientes en materia de insolvencia y planes de reestructuración.
En muchos casos, sirven como vehículo para acreditar la situación tributaria real del deudor y facilitan determinar el tratamiento de los créditos públicos dentro de un plan de reestructuración o de un procedimiento concursal.
Aunque el crédito público mantiene un régimen especialmente protegido en España, la existencia de certificados positivos (al corriente de pago) y de aplazamientos correctamente cumplidos puede resultar determinante para demostrar viabilidad, el cumplimiento ordinario de obligaciones y la capacidad de continuidad de la actividad empresarial.
Además, la documentación tributaria se convierte en una pieza clave para valorar la posición de Hacienda dentro del pasivo, analizar qué deudas están vencidas, cuáles están aplazadas y cuáles pueden verse afectadas –aunque sea parcialmente– por medidas de reestructuración. “En definitiva, tienen una función administrativa ordinaria, sino también una importante dimensión financiera y concursal, especialmente para autónomos y pequeñas empresas que intentan evitar situaciones de insolvencia irreversible”, valoró Santiago.
