La publicación a finales de marzo de la Orden de Cotización 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha provocado un fuerte quebranto operativo entre autónomos con empleados, que llevan sus propias cuentas, y entre asesorías y gestorías, que han tenido que gestionar todo el primer trimestre sin conocer las reglas definitivas. El resultado es que ahora deben rehacer nóminas y cotizaciones en cuestión de días, justo cuando se acumulan otras obligaciones fiscales y sin margen real de adaptación.
El impacto es especialmente relevante para autónomos con empleados y pymes, que dependen de dichos despachos profesionales para cumplir con sus obligaciones laborales y que se enfrentan ahora a ajustes urgentes, con riesgo de errores y sobrecostes administrativos. Seguridad Social ha anunciado ya que regularizará de oficio las cotizaciones de enero y febrero, pero deja fuera marzo, lo que obliga a los profesionales a recalcular este último mes en tiempo récord.
Este desfase entre la publicación de la norma y su aplicación real se ha convertido en un problema recurrente que genera inseguridad jurídica y obliga a rehacer procesos ya cerrados. “Publicar esta orden a finales de marzo, con efectos desde el 1 de enero, no es admisible”, denunció a este diario Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. “Hemos tenido que trabajar durante todo el trimestre sin la información que necesitábamos para hacer bien nuestro trabajo”.
- Un cambio tardío que obliga a rehacer nóminas en pleno cierre mensual
- Un problema que se repite y que cada año se acerca más al cierre del primer trimestre
- La carga de trabajo se traslada a pymes y despachos profesionales en el peor momento
- Los profesionales tendrán que rehacer nóminas ya cerradas y asumir el riesgo de errores
- Una situación que deteriora la seguridad jurídica de empresas y trabajadores
Un cambio tardío que obliga a rehacer nóminas en pleno cierre mensual
La Orden PJC/297/2026 se publicó el 31 de marzo y entró en vigor el 1 de abril, aunque sus efectos se retrotraen al inicio del año. Lo que implica que todas las cotizaciones del primer trimestre se han calculado sin las bases definitivas. Esto obliga ahora a recalcular cuotas, ajustar nóminas y presentar liquidaciones complementarias en un plazo muy limitado.
Aunque la Administración ha optado por corregir automáticamente las cotizaciones de enero y febrero, ha dejado fuera las de marzo, que deben abonarse en abril. Este detalle es el que concentra la mayor carga de trabajo en los despachos, que tienen que adaptar en cuestión de días todas las liquidaciones conforme a una norma recién conocida.
“Esto implica una liquidación complementaria y rehacer nóminas en tiempo récord. Un caos para los autónomos y pymes, y para los trabajadores”, advirtió Merchán. Quien subraya la dificultad de asumir este volumen de ajustes sin errores en un plazo tan reducido.
Un problema que se repite y que cada año se acerca más al cierre del primer trimestre
El retraso en la publicación de las órdenes de cotización no es un hecho aislado, sino una tendencia que se arrastra desde hace varios ejercicios y que cada año se acerca más al cierre del primer trimestre. Esta reiteración convierte lo que debería ser una excepción en una práctica habitual que complica la planificación de empresas y asesorías.
En 2023 la orden se publicó a finales de enero, en 2024 llegó prácticamente al cierre de marzo, en 2025 se situó a finales de febrero y en 2026 se ha vuelto a retrasar hasta el último día de marzo, acumulando tres meses de retroactividad. Este patrón obliga a rehacer sistemáticamente nóminas ya calculadas y, en muchos casos, ya abonadas.
“Los graduados sociales somos colaboradores históricos de la Seguridad Social, pero desde la pandemia nos hemos convertido en ‘cuidadores’ de esta, y estamos hastiados y exhaustos”, afirmó el presidente del Consejo. Joaquín Merchán denuncia la sobrecarga constante que genera este tipo de decisiones administrativas.
La carga de trabajo se traslada a pymes y despachos profesionales en el peor momento
El hecho de que la regularización automática no incluya el mes de marzo agrava aún más la situación, ya que concentra en abril toda la carga de ajuste sobre los despachos profesionales. Esto coincide, además, con el cierre de nóminas y otras obligaciones fiscales, lo que multiplica la presión sobre estos negocios.
Para los autónomos y pequeñas empresas, esto se traduce en la necesidad de asumir revisiones urgentes de sus costes laborales, con posibles diferencias en las cuotas y en las nóminas de sus trabajadores. La falta de previsión impide planificar estos cambios con antelación y obliga a actuar con rapidez.
“Las empresas y las personas trabajadoras tienen derecho a tener seguridad jurídica, a saber lo que van a cobrar y cotizar desde el 1 de enero. Esto es lo que pedimos y exigimos”, reclamó Merchán, quien insiste en que esta situación afecta directamente a la confianza en el sistema.
Los profesionales tendrán que rehacer nóminas ya cerradas y asumir el riesgo de errores
El reajuste de las cotizaciones no es un trámite menor, ya que implica recalcular bases, revisar conceptos salariales y, en muchos casos, emitir nóminas corregidas para los trabajadores. Este proceso, que normalmente requiere tiempo y planificación, debe ejecutarse ahora en cuestión de días.
La urgencia con la que deben realizarse estos ajustes incrementa el riesgo de errores, tanto en las liquidaciones como en las nóminas, lo que puede derivar en incidencias posteriores o en nuevas correcciones. Para los despachos, esto supone además una carga adicional de trabajo que no estaba prevista.
Por eso, los graduados reclaman que la regularización automática se extienda también a marzo, al considerar que la lógica aplicada a los dos primeros meses debería mantenerse. “Entendemos que regularizar enero y febrero es lo mínimo que puede hacer la Administración en esta situación, pero la misma lógica se aplica a marzo. Seguiremos pidiendo que se corrija”, concluye el presidente del Consejo.
Una situación que deteriora la seguridad jurídica de empresas y trabajadores
Más allá del impacto inmediato en la gestión diaria, el problema tiene una dimensión estructural relacionada con la seguridad jurídica de empresas y trabajadores. La imposibilidad de conocer desde el inicio del año las reglas de cotización dificulta la planificación y genera incertidumbre sobre los costes laborales.
El hecho de que esta situación se repita año tras año refuerza la sensación de falta de previsibilidad y de traslado de responsabilidades desde la Administración hacia los profesionales que gestionan estas obligaciones. Esta dinámica, según el colectivo, termina afectando tanto a los despachos como a los propios negocios y trabajadores.
“Utilizaremos todos los cauces a nuestro alcance para defender los intereses del colectivo”, advierte Merchán. El presidente de los graduados anuncia nuevas actuaciones ante la Administración para tratar de corregir una situación que consideran insostenible.
