- Un paro automático para los autónomos como el que tienen los asalariados
- Reserva mínima para autónomos y pymes en contratos públicos
El debate sobre la reforma del trabajo autónomo vuelve al Congreso. Junts ha registrado una nueva proposición de ley para modificar el sistema de cese de actividad y permitir que los autónomos puedan acceder al paro de forma prácticamente automática, sin necesidad de justificar pérdidas o acreditar complejas causas económicas, técnicas u organizativas.
La propuesta llega en un momento especialmente sensible para el colectivo. Según datos de la Seguridad Social, alrededor de siete de cada diez solicitudes de cese de actividad continúan siendo rechazadas, pese a que los autónomos cotizan obligatoriamente por esta prestación desde hace años. De hecho, la dificultad para acceder al denominado “paro de los autónomos” se ha convertido en una de las principales reclamaciones de ATA ante la Seguridad Social.
Precisamente, esta reforma fue una de las condiciones que ATA puso sobre la mesa durante la negociación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales y de las futuras cuotas previstas para 2026. Sin embargo, hasta ahora no se ha producido ningún cambio de fondo. No es la primera vez, además, que Junts recoge reivindicaciones impulsadas por ATA: la formación catalana ya respaldó anteriormente otras propuestas del colectivo, como la paralización de la subida de cuotas para autónomos societarios y colaboradores.
La iniciativa registrada por Junts va más allá del cese de actividad e incluye también medidas para facilitar el acceso de autónomos y microempresas a contratos públicos, reducir cargas burocráticas y corregir algunos problemas detectados en el sistema de cotización por rendimientos reales.
Un paro automático para los autónomos como el que tienen los asalariados
El principal cambio que plantea la proposición de ley afecta directamente al funcionamiento del cese de actividad. La idea es acercar la protección de los autónomos a la de los asalariados, eliminando gran parte de los requisitos que hoy dificultan el acceso a la prestación.
Actualmente, para cobrar el paro, los autónomos deben demostrar importantes caídas de ingresos, pérdidas económicas o circunstancias extraordinarias mediante documentación fiscal y contable compleja. Este procedimiento ha provocado que miles de solicitudes sean rechazadas cada año.
La propuesta de Junts busca simplificar radicalmente este sistema. Según el texto registrado en el Congreso, bastaría con que el autónomo cause baja definitiva en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria y cierre o traspase su negocio para que se le reconozca automáticamente la situación legal de cese de actividad.
En otras palabras, la baja en Hacienda sería suficiente para acreditar que existen motivos económicos, técnicos o productivos que hacen inviable continuar con la actividad.
Menos requisitos para cobrar el cese temporal
La reforma también modifica los requisitos para acceder al cese temporal de actividad. En este caso, Junts plantea reducir los umbrales actualmente exigidos por la Ley General de la Seguridad Social.
Por ejemplo, en negocios con empleados, bastaría con reducir un 50% la jornada o suspender temporalmente los contratos de al menos la mitad de la plantilla, siempre que los ingresos hayan caído un 65% en los dos trimestres previos. Actualmente, la normativa exige reducciones del 60% y desplomes de ingresos del 75%.
Además, el texto introduce una flexibilización importante para los autónomos sin asalariados. En estos casos, se considerará que existen causas económicas suficientes cuando las deudas superen el 75% de los ingresos ordinarios y la facturación haya caído un 50%. La legislación actual exige que las deudas alcancen el 150% de los ingresos y una caída del 75%.
Otro de los cambios relevantes afecta a los supuestos de fuerza mayor. La iniciativa propone que los autónomos puedan acceder automáticamente al cese de actividad cuando exista una emergencia declarada por la Administración y la empresa sufra una caída de ingresos del 50%, frente al 75% exigido actualmente.
En la práctica, la propuesta supondría convertir el cese de actividad en una prestación mucho más accesible y menos burocrática. Algo que llevan años reclamando las principales asociaciones del colectivo.
De hecho, desde ATA vienen denunciando desde hace tiempo que el actual sistema “no funciona” y que la prestación sigue siendo inaccesible para la mayoría de trabajadores por cuenta propia. Según la organización, muchos autónomos cotizan durante años por una cobertura que luego no pueden utilizar cuando realmente la necesitan.
La reforma presentada por Junts también incorpora cambios técnicos en el sistema de cotización por ingresos reales y en los procesos de regularización, con el objetivo de evitar “sobrecotizaciones prolongadas” y corregir problemas detectados en situaciones como la pluriactividad o modificaciones tributarias posteriores.
Asimismo, el texto incluye medidas vinculadas a conciliación y protección social, como la reincorporación progresiva tras el nacimiento y cuidado de un menor o la equiparación en el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
Reserva mínima para autónomos y pymes en contratos públicos
La proposición de ley registrada por Junts introduce además otra medida relevante para pequeños negocios y profesionales por cuenta propia: facilitar su acceso a la contratación pública.
Según denuncia la formación catalana, el actual sistema sigue favoreciendo a grandes compañías y deja fuera a buena parte de autónomos y microempresas por requisitos administrativos, tamaño de los contratos o falta de división en lotes.
Por ello, Junts propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer una reserva mínima de mercado destinada específicamente a pequeños operadores económicos.
En concreto, la iniciativa plantea que las administraciones públicas reserven cada año al menos un 10% del importe adjudicado en contratos de obras, servicios y suministros para autónomos y microempresas, ya sea de forma individual o agrupada.
Esta reserva se articularía principalmente mediante la división obligatoria de contratos en lotes de menor tamaño y a través de procedimientos simplificados que faciliten la concurrencia.
Según recoge el texto legislativo, la medida pretende utilizar la contratación pública como una “palanca de política económica” para impulsar el emprendimiento, diversificar el tejido productivo y favorecer el desarrollo local.
