- El aplazamiento de Verifactu es un alivio temporal que no resuelve el problema de fondo
- Un sector con características fiscales y operativas propias
- El sobrecoste tecnológico y la venta por báscula
- Propuestas de exclusión y medidas de apoyo
Las patronales del comercio especializado del pescado, el pan y la carne, han reclamado la exoneración del sistema Verifactu para las microempresas del comercio minorista de alimentación; además de un paquete de ayudas para aquellos negocios que finalmente deban adaptarse. La petición se produce tras la aprobación del Real Decreto 15/2025, de 2 de diciembre, que amplía los plazos para adaptar los sistemas informáticos de facturación y fija la entrada en vigor de la norma el 1 de enero de 2027 para las empresas que presentan Impuesto de Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de contribuyentes.
La Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (Ceoppan) y la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) valoran positivamente esta ampliación de plazos. Según ellas, ofrece un margen adicional para analizar con mayor profundidad la realidad del tejido alimentario artesano y tradicional, formado mayoritariamente por autónomos y micropymes con recursos humanos, técnicos y económicos muy limitados.
Los datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) a 1 de enero de 2025, recogen que existen 62.082 en España negocios de personas físicas dedicadas al comercio minorista especializado de alimentación con hasta nueve trabajadores. Para ellos, la principal preocupación es que una aplicación homogénea del sistema Verifactu genere costes y obligaciones desproporcionadas que comprometan su viabilidad.
Estas organizaciones subrayan que una parte significativa de estos comercios ya opera bajo regímenes fiscales simplificados y que su aportación potencial al control del fraude fiscal es reducida. Lo que, a su juicio, justificaría una exoneración específica con un impacto muy limitado para la Administración tributaria.
El aplazamiento de Verifactu es un alivio temporal que no resuelve el problema de fondo
El retraso de la entrada en vigor hasta 2027 se interpreta como un alivio inmediato, pero no como una solución definitiva para el comercio minorista especializado de alimentación. Las patronales señalan que el sector al que representan está integrado, en su mayoría, por negocios familiares y autónomos que trabajan de media 47 horas semanales y que, en el caso del comercio alimentario, soportan jornadas aún más extensas por las necesidades de abastecimiento nocturno.
Según los datos manejados por las organizaciones, las exigencias legislativas y regulatorias acumuladas suponen al menos 200 horas anuales de carga administrativa para los autónomos, lo que reduce de forma significativa su tiempo de conciliación personal y familiar. Esta presión normativa, añaden, afecta directamente a la rentabilidad de los pequeños negocios y compromete la posibilidad real de vivir de su actividad.
De hecho, las patronales defienden que la implantación de Verifactu debe adaptarse a las singularidades fiscales y operativas del comercio minorista de alimentación para evitar efectos desproporcionados. El objetivo de transparencia y control fiscal de la norma no se cuestiona, pero sí la aplicación uniforme a un colectivo con una estructura administrativa mínima y una elevada dependencia del trabajo personal del titular.
Un sector con características fiscales y operativas propias
El comercio minorista especializado de alimentación se caracteriza por realizar fundamentalmente ventas a consumidores finales y por operar, en muchos casos, bajo el Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA. Este régimen implica que no se presenten autoliquidaciones periódicas de IVA, no se deduzca el impuesto soportado y que una parte relevante de las operaciones no exija la expedición de facturas.
Aunque existen supuestos puntuales en los que estos comercios deben emitir facturas a empresarios o profesionales, las patronales destacan que el control del fraude fiscal se desplaza principalmente a los proveedores mayoristas. Por ello, consideran que la contribución de este colectivo al objetivo de Verifactu es limitada en términos de eficacia recaudatoria.
A estas particularidades fiscales se suma la operativa diaria de muchos establecimientos, especialmente en el caso de las ventas mediadas por báscula. En pescaderías, carnicerías o panaderías, la venta se realiza habitualmente mediante básculas homologadas integradas con sistemas de TPV, lo que introduce una complejidad técnica adicional en la adaptación al nuevo sistema.
El sobrecoste tecnológico y la venta por báscula
La adaptación de básculas y terminales de punto de venta a los requisitos de Verifactu implicaría inversiones elevadas en hardware y software, así como la sustitución de equipos que actualmente funcionan con normalidad. Este sobrecoste sería sensiblemente mayor que en otros sectores del comercio minorista y no generaría un retorno directo para los negocios afectados.
Las micropymes con una capacidad muy limitada para asumir inversiones tecnológicas significativas en plazos reducidos. La situación se agrava en el caso de los autónomos mayores de 60 años, que no disponen de un horizonte temporal suficiente para amortizar el esfuerzo económico y operativo que supondría la adaptación.
Las patronales advierten también de la escasa oferta de soluciones sencillas y de bajo coste en el mercado, así como de la falta de soporte técnico específico y de ayudas públicas orientadas a este tipo de negocios. Todo ello incrementa el riesgo de que la aplicación indiscriminada de la norma comprometa la continuidad de miles de pequeños establecimientos.
Propuestas de exclusión y medidas de apoyo
Ante este escenario, Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne plantean un conjunto de medidas para una implantación proporcionada de Verifactu. En primer lugar, proponen eximir del cumplimiento de la norma a los negocios de personas físicas con menos de 10 trabajadores, a los empresarios mayores de 60 años y a las comunidades de bienes que cumplan estos mismos requisitos.
También solicitan la exoneración de los autónomos del comercio minorista de alimentación acogidos al Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA que realicen exclusivamente ventas a consumidores finales. Esta exclusión se fundamenta en criterios fiscales objetivos y en el principio de proporcionalidad, sin menoscabo de los objetivos de control de la Administración.
Para los supuestos en los que no resulte aplicable la exclusión, las organizaciones reclaman un tratamiento técnico específico para las ventas mediadas por báscula o, alternativamente, una moratoria ampliada hasta que existan soluciones homologadas plenamente operativas y con un coste asumible. Además, piden una entrada en vigor escalonada para el resto de empresas, basada en parámetros objetivos como el régimen fiscal aplicable, el volumen de facturación anual o la existencia de facturación a empresarios o profesionales.
Las patronales sostienen que las medidas propuestas tendrían un impacto muy reducido para la Administración tributaria. Según los datos de la Agencia Tributaria presentados en el Observatorio de la Cadena Alimentaria en diciembre de 2025, el comercio minorista especializado de alimentación representa solo el 5% del resultado total de la cadena alimentaria.
