- El atasco en la regularización de inmigrantes podría dejar a los negocios sin personal
- Los requerimientos y la saturación pueden alargar el proceso mucho más de lo previsto
- El miedo a las sanciones empuja a muchas pymes a descartar esos perfiles
La regularización masiva de extranjeros, prevista para esta primavera, puede generar un efecto inesperado para miles de autónomos y pequeñas empresas: tener trabajadores disponibles, pero no poder contratarlos cuando los necesitan. Aunque el procedimiento permitirá obtener permiso de trabajo y debería facilitar la incorporación de personas que ya están en España, los expertos alertan de que los plazos administrativos y los posibles retrasos pueden alargar durante meses la entrada efectiva en un empleo.
El problema no es menor para autónomos y pymes que dependen de cubrir vacantes con rapidez, sobre todo en sectores como la hostelería, la agricultura o la construcción. Mientras la normativa prevé resoluciones en un máximo de tres meses, en la práctica ya se están detectando tiempos superiores por la acumulación de expedientes, los requerimientos y las diferencias de criterio que pueden alargar cada trámite durante más tiempo.
La regularización extraordinaria abre, en teoría, una vía para incorporar a personas que viven actualmente en España, conocen el mercado y, en muchos casos, están desempeñando ya trabajos de manera informal. Sin embargo, los expertos advierten de que los retrasos administrativos no solo pueden aplazar la contratación, sino también generar riesgo de sanción si se contrata sin permiso en vigor, dado que los negocios necesitan cubrir vacantes con urgencia.
“El proceso permitirá agilizar los procesos de contratación, ya que la regularización permite trabajar en cualquier sector”, explicó a este diario Laura Morán Santiago, abogada del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de Legálitas. Aunque Guillermo J. Valderrábano, fundador del portal ExtranjeriaClara.com, introduce el matiz que condicionará el resultado final: “El principal obstáculo es el tiempo administrativo”.
El atasco en la regularización de inmigrantes podría dejar a los negocios sin personal
Sobre el papel, el diseño de la medida busca precisamente evitar que la falta de documentación siga bloqueando contrataciones que podrían cerrarse con rapidez. “Este procedimiento pretende dar respuesta de manera inmediata a la situación de las personas inmigrantes que ya se encuentran en España”, señala Morán Santiago. Quien recuerda además que la regularización permite trabajar en cualquier sector y que la admisión a trámite debería abrir pronto la puerta a la actividad laboral.
La abogada de Legálitas añade que la medida prevé trabajar con la mera admisión a trámite de la solicitud, de modo que el extranjero no tendría que esperar necesariamente a la resolución final para incorporarse. Según su explicación, esa admisión debería producirse en un plazo máximo de 15 días y la resolución completa del expediente no tendría que superar los tres meses. Un calendario que, en teoría, permitiría a las pequeñas empresas planificar contrataciones con cierta previsión y cubrir vacantes sin retrasos excesivos.
Ese es, sin embargo, el escenario teórico, el que depende de que la maquinaria administrativa responda con la agilidad que marca la norma. En cuanto se traslada la discusión al terreno práctico, la visión cambia porque el problema ya no está tanto en la letra del procedimiento como en la capacidad real de las oficinas para absorber un volumen masivo de expedientes sin generar un cuello de botella que retrase la autorización efectiva para trabajar.
Ahí es donde Valderrábano sitúa el verdadero riesgo para autónomos y pymes: que no necesitan una promesa de contratación dentro de varios meses, sino incorporar personal cuando surge la vacante. “No estamos hablando de atraer perfiles de fuera, sino de regularizar situaciones que ya existen”, explica el fundador de ExtranjeriaClara.com. Quien sostiene además que parte de la mano de obra ya está disponible, pero sigue atrapada en un circuito administrativo que no siempre avanza al ritmo que necesita el mercado.
Los requerimientos y la saturación pueden alargar el proceso mucho más de lo previsto
La experiencia de quienes tramitan expedientes a diario apunta a que esa diferencia entre el plazo oficial y el plazo real no es menor. “Cada requerimiento puede añadir semanas o meses”, advierte Valderrábano, que sitúa en la revisión documental inicial, en la necesidad de subsanar defectos y en la saturación de las oficinas algunas de las causas que más pueden retrasar el arranque laboral de una persona que, en principio, ya estaría lista para incorporarse.
En ese punto aparece uno de los grandes temores para los pequeños negocios. Porque la demora no siempre responde a un incumplimiento grave de los requisitos, sino a incidencias aparentemente menores. Documentación incompleta, antecedentes mal legalizados, incongruencias en el contrato o interpretaciones distintas según la provincia pueden acabar frenando expedientes durante semanas, de modo que el plazo legal suele ser una referencia útil en el papel, pero no siempre se corresponde con la experiencia real.
Valderrábano asegura, de hecho, que esos retrasos ya se están viendo en la práctica, incluso antes de que se active la regularización masiva. “En algunos casos estamos viendo plazos de cuatro o cinco meses incluso en procedimientos ordinarios”, afirma el experto, que considera razonable prever demoras adicionales si miles de solicitudes se concentran en un periodo corto y la Administración no refuerza personal ni unifica criterios de tramitación.
Para un autónomo o una micropyme, esa diferencia no es un matiz técnico, sino una cuestión decisiva para sacar adelante el negocio. La contratación no depende solo de que haya personas disponibles, sino de que puedan empezar a trabajar en un plazo compatible con las necesidades del establecimiento, porque una vacante sin cubrir durante meses puede traducirse en pérdida de actividad, de ingresos y de capacidad operativa.
El miedo a las sanciones empuja a muchas pymes a descartar esos perfiles
A la demora se suma además un factor que explica por qué muchos pequeños negocios no se atreven a adelantar decisiones. “Contratar a una persona que no cuente con un permiso de trabajo es una infracción muy grave”, recuerda Morán Santiago, que remite al régimen sancionador previsto para estas situaciones y pone sobre la mesa un elemento clave: el empresario puede necesitar personal con urgencia, pero el riesgo económico difícil de asumir pesa mucho cuando la documentación no está aún resuelta.
Valderrábano coincide en ese diagnóstico y añade que el efecto disuasorio va más allá de la sanción en sí misma, porque la incertidumbre también tiene un coste operativo para negocios pequeños. “Por eso, muchas pymes, aunque necesiten personal, prefieren no asumir ese riesgo y optan por perfiles que ya tienen la documentación en regla”, resume. Lo que ayuda a entender por qué la regularización puede abrir una oportunidad laboral importante sin traducirse automáticamente en contratos inmediatos.
En el fondo, el debate no se limita a cuántas personas podrán acogerse a la medida ni a cuántos expedientes se presentarán cuando se publique el Real Decreto. La cuestión que de verdad importa para autónomos y pymes es cuánto tiempo pasa desde que el trabajador inicia el trámite hasta que puede incorporarse con plena seguridad jurídica. Porque en esa distancia entre la solicitud y el alta efectiva se juega buena parte del impacto real que la regularización tendrá en la contratación.
Por eso, más que el número de beneficiarios potenciales, lo que marcará la diferencia para miles de pequeños negocios será la velocidad con la que el sistema convierta esa expectativa en empleo legal y disponible. “El éxito de la regularización no se medirá en solicitudes presentadas, sino en tiempo efectivo hasta poder trabajar legalmente”, concluyó Valderrábano.
