Seguridad Social habría incumplido la promesa que trasladó en enero de congelar las bases mínimas de cotización para los autónomos, tras varios meses en los que mantuvo en vilo a todo el colectivo.

Según denunció este miércoles el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, la orden de cotización aprobada a finales de marzo habría subido más de 400 euros la base a los autónomos societarios y colaboradores, lo que supondría un incremento de la cuota mínima de más de 130 euros al mes. 

Preguntadas por este asunto, fuentes de la Tesorería justificaron que esta subida ya estaba prevista en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales aprobada en 2022 y que establece que «las bases de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General a partir de 2026». 

El problema, según denunció ATA, es que hace unos meses la Tesorería había prometido «congelar las bases de cotización» de todos los autónomos, sin excepción. Es más, la prórroga se llevó a cabo precisamente porque no hubo negociaciones entre la Seguridad Social y las organizaciones representativas del colectivo para pactar el devenir de las cuotas en 2026 y en los próximos años. 

Seguridad Social sube más de 130 euros al mes la cuota de autónomos societarios y colaboradores

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, publicó este miércoles un mensaje en la red social X donde denuncia que la Seguridad Social ha «mentido» a los autónomos, puesto que uno de cada tres van a ver subir sus cuotas mínimas más de 130 euros al mes. 

La situación afectaría especialmente a ciertos colectivos vulnerables como son las mujeres -muchas del medio rural- que desarrollan su actividad como autónomas colaboradoras y habitualmente cotizan por la mínima.

Según Amor, con la actual redacción de la orden de cotización, subiría un 42% la base de cotización -de 1.000 euros a 1.424 euros- desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros mensuales.

 

Hasta ahora, ambos colectivos podían cotizar por una base mínima cercana a los 1.000 euros. Sin embargo, la nueva orden remite a estos autónomos a la base mínima del grupo 7 del Régimen General -correspondiente a auxiliares administrativos-, lo que eleva esa base hasta los 1.424 euros.

La federación insiste en que esta subida rompe el principio de equidad del sistema, ya que genera situaciones en las que un autónomo colaborador podría cotizar más que el titular del negocio, incluso teniendo menores ingresos.

Por su parte, la Seguridad Social argumentó a este diario que «la reforma del sistema de cotización del RETA de 2022 -pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, y aprobada con una amplia mayoría parlamentaria- estableció que la base de cotización de los autónomos societarios y colaboradores no podrá ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.».

Según la Tesorería, «esto se recoge en el Decreto-ley que aprobó la reforma y en la propia Ley General de Seguridad Social sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado». Por ello, aseguran, que » siguen tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos».

La subida de enero a marzo se reflejaría en la próxima regularización

Otro de los elementos que preocupa a ATA  es el efecto retroactivo de la subida. Aunque muchos autónomos en la base mínima habrían empezado a notar el incremento en abril, el aumento se habría aplicado desde enero.

Esto significa que las diferencias correspondientes a los primeros meses del año podrían regularizarse más adelante, previsiblemente en el proceso anual de ajuste de las cuotas de este año. Lógicamente, esto podría traducirse en pagos adicionales para los autónomos afectados.

El problema, según ATA, es que esta situación se produce después de meses de incertidumbre y de un compromiso explícito del Gobierno de mantener las cuotas sin cambios en 2026.

A finales del año pasado, tras semanas de negociación fallida y sin presupuestos, la Seguridad Social anunció la prórroga de las tablas de cotización de 2025. La propia ministra de Inclusión, Elma Saiz, confirmó que se mantendrían las mismas bases ante la imposibilidad de pactar nuevas tablas con las organizaciones.

ATA denuncia un nuevo «sablazo» a uno de cada tres autónomos

Para ATA, la subida no sólo supone un incremento de costes, sino que afecta especialmente a colectivos vulnerables dentro del trabajo autónomo.

Una parte importante de los autónomos colaboradores -alrededor del 70%, según la organización- son mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años y con actividad en el entorno rural. Se trata, en muchos casos, de familiares que trabajan en pequeños negocios y que tienen menor capacidad para absorber un aumento de costes.

Según advirtió Amor, «estamos hablando de perfiles muy vulnerables. No se puede cargar sobre ellos una subida del 42% en la base de cotización”, advirtió Lorenzo Amor, que acusó al Ejecutivo de “no descansar en su intento de dar sablazos a los autónomos”.

La federación también cuestiona el argumento jurídico utilizado para justificar la subida. Aunque la reforma del sistema de cotización de 2022 contemplaba vincular las bases mínimas de estos colectivos al Régimen General a partir de 2026, ATA sostiene que esa transición quedó en suspenso al prorrogarse las tablas de cotización.

En concreto, la organización recuerda que la disposición transitoria del decreto establecía un periodo de adaptación que dependía, en parte, de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente no se han aprobado en los últimos ejercicios.

La Federación ha pedido a los grupos parlamentarios que frenen la subida

Ante esta situación, ATA ha decidido mover ficha en el ámbito político. Según explicó su presidente, la organización ya ha trasladado el problema a varios grupos parlamentarios con el objetivo de impulsar una solución urgente.

La propuesta pasa por aprobar una norma con rango de ley que revierta la subida y restablezca las bases de cotización anteriores, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. «El Gobierno tiene la capacidad de corregir esta situación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, señaló Amor.